Escambray Periódico de Sancti Spíritus
El documento fue entregado al colegiado en la noche de este miércoles, cuando finalizaba el lapso de 20 días concedido a la defensa para cumplir el trámite
El abogado José Eduardo Cardozo, defensor de la apartada presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, entregó este miércoles el alegato preliminar a la Comisión Procesal de Impeachment del Senado, que llevará adelante la segunda parte del proceso.
Rousseff fue separada temporalmente del cargo (por un plazo de hasta 180 días) el pasado 12 de mayo, después que la Cámara alta aprobara por mayoría el parecer del relator Antonio Anastasia, favorable a la admisión de un pedido de juicio político contra la mandataria constitucional por presunto crimen de responsabilidad.
El documento entregado al colegiado esta noche, cuando finalizaba el lapso de 20 días concedido a la defensa para cumplir el trámite, consta según la Agencia Brasil de 327 páginas.
Desde el inicio del proceso y en su primer alegato ante la comisión especial de impeachment de la Cámara de Diputados, a comienzos de abril pasado, Cardozo sostiene que el proceso es, desde su comienzo, un acto viciado y, por consiguiente, nulo.
La denuncia fue aceptada por el extitular de la Cámara baja Eduardo Cunha para vengarse del Partido de los Trabajadores, que votó por la apertura de un proceso de casación contra él, por lo cual existió un claro desvío de poder, puntualizó entonces.
Hizo también una contextualización histórica, jurídica y política de los procesos de destitución en Brasil y subrayó que estos solo son válidos en situaciones de gravedad extrema o de absoluta excepcionalidad que atenten contra la Constitución de la República.
No habrá impeachment sin esas condiciones, dijo y precisó que para configurarse un crimen de responsabilidad tales actos tienen que ser practicados directamente por el Presidente, de forma dolosa (deliberadamente y de mala fe) y durante el mandato que se imputa.
Cualquier tentativa de juicio político que no cumpla con todos esos presupuestos es inconstitucional e ilegal y por consiguiente constituye un golpe de Estado, afirmó.
Cardozo esclareció asimismo que la denuncia contra la jefa de Estado contiene solo dos aspectos: la promulgación de seis decretos suplementarios en 2015 y las impropiamente llamadas «pedaladas fiscales», una práctica aceptada por décadas por los Tribunales de Cuentas de todo el país, rememoró.
En ninguno de los dos casos se trata de actos ilegales y, en consecuencia, tampoco de un crimen de responsabilidad, adujo antes de reiterar que tales denuncias son manifiestamente improcedentes.
Mañana, la Comisión Procesal de Impeachment del Senado se reunirá para definir el cronograma de trabajo, que en una propuesta inicial hecha la semana pasada por Anastasia preveía el juzgamiento final de Dilma para entre el primero y el día 2 de agosto próximo.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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