Doble contrato: opción por explorar en Sancti Spíritus

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Una cantidad reducida de espirituanos se acoge a la posibilidad de tener dos empleos laborales

Al revisar las estadísticas, puede sostenerse que los trabajadores espirituanos apenas han acudido a la doble contratación, es decir, a la posibilidad de que, luego de cumplir los deberes del cargo que desempeñan, puedan realizar otras labores y percibir la remuneración correspondiente por el trabajo acometido.

Según fuentes de la Subdirección de Empleo, de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social (DPTSS), 110 trabajadores, de ellos 32 mujeres, se benefician con lo estipulado en el Decreto-Ley No. 268, emitido en el 2009.

La mayoría de los casos (71) en Sancti Spíritus son trabajadores contratados por su propia entidad, y 39 proceden de otros centros laborales, indicaron especialistas de la DPTSS.

Hasta ahora, los ministerios de Educación y de la Agricultura registran los números más altos de doble contratación al disponer de 60 y 19 trabajadores, respectivamente, acogidos a este derecho refrendado, además, por la Ley No. 116 Código del Trabajo.

A tenor de dicha legislación, “los empleadores pueden concertar contratos con trabajadores vinculados con otros empleadores, así como con sus trabajadores para que realicen labores distintas a las habituales en diferentes horarios de trabajo, mediante contrato por tiempo determinado o para la ejecución de un trabajo u obra”.

No obstante, vale recordar que el Decreto-Ley No. 268 señala que los cuadros, dirigentes, funcionarios, técnicos y profesionales de la Salud y la investigación, maestros y auditores no pueden realizar ni desempeñar otro cargo, ocupación o empleo remunerado, con excepción de los cargos docentes, de investigación científica u otros que les sean aprobados por decisión expresa de la autoridad u órgano que los designó, eligió o contrató, según el caso; de esto deben cerciorarse las administraciones, previo a la concertación del contrato de trabajo adicional.

Los especialistas de la DPTSS advierten que la administración de la entidad que concierta un contrato está obligada a cumplir las regulaciones y medidas de seguridad y salud en el trabajo, para la prevención de riesgos de enfermedades profesionales y accidentes laborales.