Escambray Periódico de Sancti Spíritus
El escándalo internacional por los llamados papeles de Panamá sumó nuevos pronunciamientos oficiales de gobiernos y bloques de países
Dentro de un contexto mediático en el cual resulta difícil distinguir veracidad y manipulación, este viernes se conoció la decisión del gobierno francés de colocar nuevamente a Panamá en la lista de paraísos fiscales, tras la revelación de los documentos del bufete de abogados Mossack Fonseca, dedicado en ese territorio centroamericano a crear sociedades offshore.
Mientras, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, expresó en un comunicado el compromiso de su gobierno de «continuar cooperando con la comunidad internacional en la lucha contra el uso indebido de las plataformas de servicios financieros y corporativos».
Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) convocó a una reunión de expertos para examinar el tema el próximo miércoles en París, Francia.
Compuesta por las 34 de las principales economías del orbe, la OCDE estimó que la filtración merece análisis, pues contiene una cantidad de información sin precedentes, en un total de 11,5 millones de documentos sobre transacciones vinculadas con 21 jurisdicciones offshore.
Ni Panamá ni Estados Unidos asumieron la iniciativa de la OCDE de compartir información impositiva con las autoridades de otras naciones, a fin de combatir delitos financieros, recordó la representante de la organización anticorrupción Testigo Global Stefanie Ostfeld.
No en vano, el rechazo de Washington a aceptar las propuestas de la OCDE se convirtió en un atractivo para quienes necesitan de paraísos, como los estados de Nevada o Dakota del Sur, para ocultar dinero a sus gobiernos, observó el portal Bloomberg.
La OCDE presiona a algunos países y los acusa de permitir el escondite de fondos y la evasión de impuestos; sin embargo, Estados Unidos no es mencionado en esas declaraciones y sigue operando con libertad gracias su «poder político», consideró el jurista Bruce Zagaris, especialista en temas impositivos internacionales.
Este viernes la Comunidad del Caribe (Caricom) pidió seriedad en el manejo de las informaciones, pues centros de servicios financieros de sus Estados miembros aparecen señalados como paraísos fiscales.
Un comunicado oficial, emitido por la agrupación, consideró que resulta injusto emplear ese calificativo para enjuiciar la situación en esas naciones.
«La atribución de la etiqueta de «paraísos fiscales» ignora la realidad de que la regulación de este sector en Caricom cumple totalmente con los estándares internacionales», indicó el pronunciamiento.
Caricom afirmó que los centros de servicios financieros de sus Estados miembros «han tomado todos los pasos necesarios para lograr el cumplimiento de las regulaciones y estándares internacionales».
Ello se refiere a los 15 integrantes del bloque: Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y Granadinas, Suriname y Trinidad y Tobago.
El Ministerio de Industria de Barbados también hizo pública su postura, mediante una nota oficial que considera al centro de servicios financieros del país como un «ejemplo de jurisdicción ética y completamente transparente».
A juicio del organismo, «la filtración (de los papeles del bufete panameño Mossack Fonseca) ha dado lugar a la difusión de dos estereotipos extremadamente erróneos: que todas las jurisdicciones financieras ‘offshore’ se usan para ocultar dinero y que todas ellas erosionan el funcionamiento correcto de la economía global».
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Escambray / ISSN 9664-1277
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