El mismo poder que utilizó hace 54 años el presidente John Kennedy para decretar el bloqueo total contra Cuba, puede ser utilizado hoy para vaciar su contenido
Un día como hoy hace 54 años, la firma del presidente John F. Kennedy en el Despacho Oval de la Casa Blanca fue suficiente para decretar un bloqueo total contra Cuba, que entró en vigor cuatro días después.
La Orden Ejecutiva 3447 se apoyó en la Ley de Ayuda Externa y la Ley de Comercio con el Enemigo del año 1917 para cortar todos los lazos con Cuba, donde transcurría un imparable proceso revolucionario que para entonces ya había vencido las tropas mercenarias enviadas por Washington a Girón.
Kennedy autorizó al Secretario del Tesoro a promulgar todas las medidas y regulaciones para hacer efectiva la prohibición de importación a Estados Unidos de cualquier producto de origen cubano y ordenó al Secretario de Comercio que continuara y ampliara las medidas para restringir todas las exportaciones de Estados Unidos hacia Cuba, incluidos alimentos y medicinas.
Las agresiones de Washington contra la Revolución habían comenzado mucho antes, casi desde el propio 1ro. de enero de 1959. Desde la supresión de la cuota azucarera hasta la ruptura de relaciones diplomáticas en enero de 1961, las maniobras legales fueron dando paso a operaciones militares directas como la invasión de Girón y otras encubiertas en la llamada Operación Mangosta.
Pocos días antes de la firma de la Orden Ejecutiva había iniciado en el balneario de Punta del Este, Uruguay, la VIII Reunión de Consulta de Cancilleres de la OEA, donde la presión de Washington logró que se aprobara una resolución que excluía la participación de Cuba en el sistema interamericano.
La cita evidenció la estrategia estadounidense de intentar aislar a Cuba en la arena internacional, por un lado, y causar hambre y desesperación en el plano interno, por el otro.
Medio siglo después, el propio presidente de aquel país reconoció que el plan fue un fracaso.
Además, las piezas regionales se alinean de una manera muy distinta. El fin del bloqueo a Cuba es una demanda unánime de la región, ratificada en la última cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños celebrada en Quito.
Asimismo, el mundo entero, pero especialmente los pueblos y gobiernos latinoamericanos y caribeños, celebraron como un triunfo propio los anuncios del 17 de diciembre del 2014, cuando los presidentes Barack Obama y Raúl Castro revelaron su voluntad de restablecer relaciones diplomáticas y avanzar en la normalización de las relaciones.
Después de reabiertas las sedes diplomáticas en La Habana y Washington, el foco global se ubica en el fin del bloqueo económico, financiero y comercial que fue rechazado el pasado año por 190 países y respaldado solo por dos, Estados Unidos e Israel.
Aunque el tejido legal y seudolegal que conforma el bloqueo se ha ido enmarañando a lo largo de las últimas décadas, especialmente tras su codificación en la Ley Helms-Burton, el presidente norteamericano conserva amplias facultades ejecutivas para accionar sobre su aplicación práctica. Aunque es cierto que el Congreso es el que tiene la última palabra.
De la misma manera que el presidente republicano George W. Bush utilizó sus prerrogativas para arreciar las agresiones económicas contra Cuba durante su mandato, Obama ha venido haciendo lo contrario desde el 17 de diciembre.
Tras los paquetes anunciados en enero y septiembre del año pasado, hace pocos días se hizo pública una nueva serie de medidas que cambian algunos aspectos de la aplicación del bloqueo, principalmente los referidos al otorgamiento de créditos para determinadas compras de productos autorizados que no sean agrícolas (ya que una Ley del año 2000 lo prohíbe expresamente), así como la posibilidad de establecer determinadas relaciones comerciales con empresas estatales cubanas.
Los últimos anuncios de los departamentos del Tesoro y Comercio, partes de la rama Ejecutiva, confirman las amplias potestades que conserva Obama para ir aún más lejos en el desmontaje del bloqueo.
Sin embargo, se dejaron intactas las limitaciones a las transacciones internacionales en dólares por parte de Cuba, la posibilidad de las empresas estatales cubanas de exportar a los Estados Unidos y las inversiones estadounidenses en sectores distintos de las telecomunicaciones, entre muchos otros aspectos que conforman el núcleo duro del bloqueo y mantienen pleno vigor.
El presidente solo está limitado por la ley en cuatro puntos muy específicos, que son permitir los viajes con motivos turísticos; la prohibición a subsidiarias de EE.UU. en terceros países a comerciar bienes con Cuba; la prohibición de realizar transacciones con propiedades norteamericanas que fueron nacionalizadas, y la obligación a pagar en efectivo y por adelantado por las compras de productos agrícolas.
Más allá de esos aspectos, tiene plena libertad de acción.
Si Kennedy utilizó en 1962 la llave ejecutiva para cerrar una puerta que permanecería sellada por más de medio siglo, el actual presidente puede emplearla para hacer irreversible lo alcanzado hasta ahora, especialmente en un año de elecciones, y consolidar un nuevo capítulo de las relaciones con Cuba que será legado de su paso por la Casa Blanca.
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