Escambray Periódico de Sancti Spíritus
Las FARC-EP y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos retomarán este miércoles los diálogos para el fin del conflicto colombiano en un año llamado a ser el de la paz
Desde noviembre de 2012 la mayor guerrilla de Colombia y el Ejecutivo de ese país llevan adelante un proceso de paz en La Habana, que según las pautas definidas por ambos bandos desde el pasado año, deberá concluir antes del 23 de marzo.
Los delegados del Gobierno colombiano llegarán este martes a la capital cubana -luego de un receso de fin de año- para reanudar las pláticas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), etapa que se prevé de mayor dinamismo en busca de un pronto acuerdo.
Según el propio presidente Juan Manuel Santos, la intención es instalar a partir de ahora una suerte de cónclave permanente, una mesa de la que no se levantarán hasta firmar la paz, modelo que sustituiría al actual, concebido por ciclos con descansos intermedios.
Queremos agilizar las discusiones con la finalidad de concluirlas de forma satisfactoria, ojalá, antes del 23 de marzo -fecha fijada previamente-; adelantó el mandatario.
En una alocución desde la Casa de Nariño, Santos ratificó su disposición para lograr en el menor tiempo posible un pacto con la contraparte rumbo al fin de la confrontación bélica, que dura más de medio siglo.
En ese sentido, confirmó que el equipo de paz gubernamental regresa a La Habana con la instrucción de agilizar los diálogos en aras de un acuerdo final.
Luego de lograr un pacto en el controversial tema de las víctimas del conflicto -que incluye esclarecimiento de la verdad, justicia y reparación-, los equipos del Ejecutivo y de las FARC-EP, deberán tratar otros polémicos asuntos como la dejación de las armas, desmovilización de los guerrilleros y su reintegración a la sociedad.
Hasta el momento, como resultado de los diálogos de paz, ambas delegaciones lograron acuerdos en los temas de reforma rural integral, participación política, combate a las drogas ilícitas y víctimas, las cuales suman casi siete millones.
De acuerdo con fuentes gubernamentales, los puntos más difíciles a dilucidar son las condiciones bajo las cuales deberá decretarse el cese el fuego bilateral y definitivo, así como la definición del mecanismo para validar por la vía popular el conjunto de consensos.
Mientras el Ejecutivo aboga por un plebiscito, el movimiento insurgente pide una Asamblea Nacional Constituyente.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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