Lento, muy lento debe andar el subsidio de Lucrecia de los Milagros Muñoz, si es que se le llega a aprobar un día. Residente en la calle Segunda del Sur No. 11 Altos, entre Martí y Máximo Gómez, Cabaiguán, la lectora apela a este medio de prensa para insistir en la necesidad que le llevó a formular dicha solicitud.
“Vivo en una vivienda en un segundo piso y no tengo baño donde hacer mis necesidades. Soy una señora de 55 años y tengo un niño de 15, que ha estado en proceso de dejar la escuela por la situación de vida que afrontamos, ya que ha querido empezar a trabajar para poder arreglar la casa, pero no tiene edad laboral”, relata Lucrecia, quien añade que ambos constituyen casos sociales críticos y presentan diagnósticos médicos. Según afirma, hizo su solicitud para un subsidio cuatro años atrás, con expediente No. 527 y un monto de dinero de 49 890:00 pesos que financiarían una Rehabilitación.
“Aún no me dan respuesta alguna y donde quiera que voy es una falta de ética, respeto y educación. Yo sé que debo esperar, pero siento que me tienen engañada, mi vivienda no es habitable, está en muy mal estado y creo que tengo el mismo derecho que las otras personas; además, mi hijo no merece vivir en esta situación”, reflexiona la remitente. De acuerdo con su misiva, la han visitado diversas personas, entre ellas de las direcciones de Salud e Higiene, pero hasta ahí.
Leonardo Díaz Jiménez, vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular que atiende la esfera de las Construcciones y al frente de la Comisión de Susidios en Cabaiguán, explicó a Escambray que entre las prioridades para el otorgamiento de esas ayudas estatales, exentas del requerimiento de reembolso por parte de los beneficiarios, figuran los damnificados por eventos meteorológicos y casos sociales críticos. Apuntó que en muchas oportunidades estas y otras situaciones se resuelven mediante las llamadas células básicas habitacionales, consistentes en reconstrucciones en un perímetro de 25 metros cuadrados luego de la demolición de las moradas descartadas por su precario estado, cuyo costo promedio es de unos 83 000 pesos.
“Desde que empezó el programa en el 2012 a la fecha hemos aprobado 335 subsidios. Son muchísimas las solicitudes, los hay que luego de los análisis resultan denegados, pero incluso para los aprobados el financiamiento no alcanza; tenemos 650 casos en espera por esa razón, uno de ellos es el de Lucrecia”, detalló el Vicepresidente.
Cabe aguardar, entonces, un feliz desenlace para esta historia, en la cual está en juego no solo la tortuosa convivencia, sino el futuro de un niño que no debería estar pensando en otra cosa sino en superarse.
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