La candidatura del ex presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones de 2018 es irreversible, afirmó el líder del Partido de los Trabajadores en el Senado Federal, Lindbergh Farias
En un video de cuatro minutos de duración posteado en las redes sociales, Farias analizó por qué aun en el peor de los escenarios -que sería la ratificación en segunda instancia de la condena a más de nueve años de prisión dictada por el juez Sergio Moro- el fundador del PT no podría ser excluido de la contienda en las urnas.
Estoy convencido que Lula será postulante, pues siguiendo las reglas de la justicia electoral su candidatura no podrá ser impugnada hasta tanto esta no se registre, lo cual deberá ocurrir solo el 15 de agosto de 2018, dijo.
Más adelante explicó que si el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) validara la sanción impuesta por Moro, cabrían primero los llamados ‘embargos de declaración’ y luego presentar sendos recursos ante el Supremo Tribunal de Justicia (STJ) y el Supremo Tribunal Federal (STF).
Requerida la impugnación, abundó, la defensa del ex presidente tendrá hasta el 12 de septiembre para manifestarse y a partir de ahí se pronunciará el Tribunal Superior Electoral (TSE).
Mientras tanto, subrayó el senador petista, entre el 15 de agosto y el 12 de septiembre Lula estaría en campaña; y si en estos momentos, cuando es víctima de una implacable cacería judicial, tiene ya un 35 por ciento de intención de voto, cuánto más podrá subir con un programa de gobierno en la mano y siendo discutido, preguntó.
Refiriéndose a la posibilidad que el TSE aceptara la impugnación de la candidatura, Farias señaló que todavía cabría un recurso ante la Corte Suprema, que -auguró- no lo juzgaría ese mismo mes, sino solo después de realizados los comicios.
Dudo mucho que después de la victoria de una candidatura como la de Lula y pasada la votación, el Supremo decida que el proceso electoral está impugnado y que convoque a nuevas elecciones en 90 días, manifestó en un tono marcadamente optimista.
Entendemos que, al actuar en defensa de la Constitución y del Estado Democrático de Derecho, el Poder Judicial no podrá dejar de pronunciarse al respecto, determinando la anulación del impeachment por notorio desvío de poder y por la ausencia de cualquier prueba de que (Dilma) incurriera en un delito de responsabilidad, sostuvo.
Cardozo hizo la afirmación en una nota difundida hoy en la cual anuncia que solicitará al STF adjuntar la delación premiada del operador financiero del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) Lúcio Funaro a los autos del proceso aún no juzgado en el cual pide la anulación de la decisión que casó el mandato de Rousseff.
Funaro aseguró que entregó al entonces presidente de la Cámara de Diputados y en la actualidad preso Eduardo Cunha un millón de reales (más de 300 mil dólares) para comprar el voto de legisladores y que estos respaldaran el inicio de un juicio político contra la presidenta electa.
Desde el inicio del proceso de impeachment, recordó Cardozo, la defensa sustentó que el mismo ‘es nulo, en razón de decisiones ilegales e inmorales’ tomadas por Cunha y por todos los parlamentarios que querían evitar ‘la sangría de la clase política brasileña’.
Ahora, en la delación premiada del señor Lúcio Funaro quedó demostrado que el ex diputado Eduardo Cunha compró votos de los legisladores en favor del impeachment, remarcó.
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