Expresamos nuestra firme decisión de llegar a la paz completa y a los cambios y transformaciones que anhela la mayoría de los colombianos y colombianas, señalaron en un texto común titulado Declaración de Montecristi.
Para la defensa conjunta de la paz informaron de la decisión de crear un mecanismo entre las dos fuerzas, ‘cuyos resultados estaremos informando al gobierno, al país y a la comunidad internacional’.
El Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que avaló el diálogo en Ecuador entre la que fue la mayor y más antigua guerrilla del continente y el aún beligerante Ejército de Liberación Nacional (ELN), calificó de positiva la determinación de ambas fuerzas de trabajar juntas a favor de la paz.
A nosotros nos parece muy útil y conveniente que un grupo alzado reciba testimonios de que ‘sí se puede llegar a una paz digna y reincorporarse a la vida democrática de la política’, declaró a la radio local el jefe negociador del gobierno en Quito, Juan Camilo Restrepo.
Sin embargo, aunque la exguerrilla y el ELN reconocieron avances en los últimos años en la solución política, también expresaron rechazo a la persecución, ‘manifestada en el creciente número de asesinatos y encarcelamientos de líderes sociales, defensores de derechos humanos y el asesinato de treinta excombatientes de las FARC’.
Denunciaron que tales hechos en su mayoría permanecen en la impunidad, al tiempo que la Fiscalía General de la Nación insiste de manera equivocada en no hallar conexión en los mismos.
Consideraron que el paramilitarismo es la mayor amenaza para la paz de Colombia, la sociedad y la democracia, y por esa razón instaron a adoptar medidas efectivas e inmediatas para el desmantelamiento definitivo de las operaciones y organizaciones paramilitares y sus redes de apoyo.
Un columnista colombiano que se autodefine como un firme convencido de la paz comentó en la publicación Las dos orillas el tremendo desafío de convencer al insurgente ELN de que suba al tren de la paz, cuando es larga la lista de incumplimientos con el partido de la FARC, a pesar del histórico acuerdo pactado en La Habana.
De hecho, organizaciones populares y defensoras de los derechos humanos iniciaron la víspera un paro por tiempo indefinido en zonas rurales de Colombia en demanda de la implementación del proceso de paz y en rechazo al asesinato de líderes sociales y de campesinos que se oponen a la erradicación forzosa de plantaciones de coca.
Sobre ese tema, la Declaración de Montecristi apuntó que la solución al complejo problema de los cultivos de uso ilícito no puede seguir siendo un tratamiento exclusivamente represivo para dar cumplimiento a compromisos adquiridos con Estados Unidos.
Es necesario, subrayaron la FARC y el ELN, que el Estado cumpla los compromisos adquiridos con las comunidades, implementar planes de sustitución, programas de inversión social, transparencia en el manejo de los recursos, así como la formalización de la propiedad de la tierra.
Pese a estar demonizadas por la ultraderecha colombiana y vilipendiadas por los medios de prensa en su propio país, las dos agrupaciones han dado pruebas de su empeño en el camino de la paz.
Una hizo total dejación de las armas tal como lo prometió en la capital cubana y la otra desde el 1ro de octubre silenció los fusiles y hoy comienza otra ronda de negociaciones con el gobierno colombiano en Ecuador.
Ambas concordaron que Colombia vive un momento histórico que exige la más plural alianza de los sectores defensores de la paz y de transformaciones en el plano político y social.
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