Unos 7 000 guerrilleros de las FARC-EP están listos para abandonar el armamento en su poder
Las insurgentes FARC-EP comienzan este primero de marzo el proceso de desarme a más de tres meses de la firma de la paz con el Gobierno colombiano, procedimiento que deberá concluir el venidero 29 de mayo.
En un comunicado la misión de Naciones Unidas (ONU) encargada de supervisar el cumplimiento de dicha medida manifestó su beneplácito por el consenso de las partes para iniciar sin más demora la dejación de armas, no obstante las dificultades logísticas que retrasaron la implementación de lo consensuado.
Unos siete mil guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) están concentrados en 19 zonas y siete puntos transitorios donde abandonarán el armamento en su poder.
A partir de este miércoles el mecanismo tripartito de supervisión, compuesto por observadores de la ONU y voceros tanto gubernamentales como de esa guerrilla, empezarán la identificación y registro de todas las armas presentes en los campamentos del grupo rebelde.
Simultáneamente serán instalados contenedores a fin de almacenar esas herramientas de guerra, entre ellas las empleadas por los miembros de las FARC-EP que forman parte del aparato de monitoreo y comprobación.
La destrucción de municiones, minas y explosivos es otro de los pasos de esta fase, precisaron expertos.
El pasado 24 de noviembre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de ese movimiento firmaron el acuerdo definitivo para terminar los enfrentamientos y hostilidades.
Dicho pacto incluye medidas como el cese el fuego bilateral y el desarme en las zonas y puntos (menores que las primeras) donde permanecerán los integrantes de las FARC-EP durante varios meses hasta su reincorporación en la vida civil.
Según el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Sergio Jaramillo, unos mil 200 guerrilleros de esa organización condenados por delitos políticos como rebelión, podrían ser amnistiados en los próximos días.
Se trata de una disposición clave para la seguridad jurídica de esos hombres y mujeres, afirmó.
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