Conexión espirituana en la estafa al Medicare (+fotos e infografía)

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A raíz de un desfalco millonario al Medicare, en Estados Unidos, un ciudadano cubano-americano intentó «lavar» sus fechorías en nuestro país

 

La llamada telefónica llegó como un mazazo a finales de septiembre del 2014. Del otro lado de la línea, desde Miami, le comunicaban a la familia de Orelvis Olivera Amador que este ciudadano —más conocido por Papo— había sido detenido en la Florida por estafa al Medicare, programa de seguro médico del Gobierno de los Estados Unidos.

Y la reclusión de Olivera Amador en una cárcel federal también llegó como un mazazo para su negocio en ese país, con conexiones en Cuba, específicamente en su poblado natal, Zaza del Medio, en la ciudad de Sancti Spíritus y en La Habana.

Este cubano-americano, uno de los titulares de la sucursal Acclaim Home Health Care Inc., había abandonado legalmente la isla caribeña en el 2005 con destino a Panamá, y luego siguió rumbo hacia los Estados Unidos, desde donde solicitó permiso de habilitación para entrar a Cuba en octubre del 2006.

REVELACIONES DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA

Las primeras luces sobre las oscuras actuaciones de Olivera Amador vinieron de la mano de una nota publicada el 30 de septiembre del 2014 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en su web oficial, bajo el título: “Propietario de agencia de atención médica a domicilio de Miami acusado de fraude a Medicare por 8 millones de dólares”.

El Buró Federal de Investigaciones y la Oficina de Salud y Servicios Humanos del Inspector General desmontaron los ardides del detenido: la referida agencia, que promovía cuidados médicos y servicios de terapia física a los beneficiados por el Medicare, con el propósito de obtener considerables sumas de dinero, pagó ilícitamente comisiones a personas para que reclutaran a pacientes asegurados por el mencionado programa federal y se unieran a la Acclaim Home Health Care Inc. para aparentar recibir los servicios de esta última entidad. Asimismo, solicitó y obtuvo comisiones por incorporar enfermos a otras agencias de cuidados médicos radicadas en Miami.

La nota insertada en la página digital señaló, además, que desde mayo del 2008 hasta junio del 2014, la Acclaim Home Health Care Inc. le facturó al Medicare unos 8 millones de dólares por créditos fraudulentos, de los cuales el programa federal desembolsó alrededor de 7 300 000 a la mencionada entidad por servicios nunca prestados. Fin de la truculencia: el dinero desfalcado iba al bolsillo de Orelvis Olivera Amador.

A la luz de estos hechos, la Fiscalía lo acusó por los delitos de conspiración para cometer fraude al seguro médico, conspiración por pagar y recibir comisiones y pago y recibo de comisiones en conexión con el programa federal de beneficio del seguro médico. A la postre, resultó sancionado a una pena privativa de libertad, que cumple en una prisión en los Estados Unidos en estos momentos.

Sin embargo, el caso no lleva las marcas de la excepcionalidad en el país norteño. El propio Departamento de Justicia admitió que desde el surgimiento del Medicare, en el 2007, se clonaron por cientos los estafadores a este programa. Si alguien lo dudase, en el 2015 el diario El Nuevo Herald, que tilda a Miami como la capital del fraude en Estados Unidos, sostenía que el Gobierno había procesado a unas 2 300 personas por engaños al Medicare, valorados en 7 000 millones de dólares.

CUBA: TRASPATIO PARA OTROS NEGOCIOS

Con esos relámpagos en el firmamento de la Florida, era difícil que algún trueno no se oyera en Cuba. Puesto sobre aviso, la Dirección Nacional de Enfrentamiento a la Delincuencia Internacional, perteneciente al Ministerio del Interior, tomó las providencias necesarias.

Pocas semanas antes de su arresto, Orelvis Olivera visitó la isla; pero los registros decían mucho más: desde agosto del 2007 hasta julio del 2014, viajó en 26 oportunidades aquí, donde invirtió parte de las ganancias ilegales obtenidas en Estados Unidos, y para ello utilizó como “presta nombres” a sus familiares más allegados y amistades, piezas claves a la hora de adquirir inmuebles y bienes diversos en la provincia de Sancti Spíritus y en La Habana.

Con suficientes elementos probatorios, se radicó la causa 138 del 2017 en la Sala Primera del Tribunal Provincial Popular de Sancti Spíritus por los supuestos delitos de lavado de activos, evasión fiscal y de falsificación de documentos públicos, entre otros. Este proceso, cuyo juicio oral aún no ha sesionado, incluye 17 acusados, y uno de ellos (Orelvis Olivera Amador) se juzgará en ausencia.

Al unísono del actuar penal, la Fiscalía Provincial desarrolló un acto administrativo contra el ciudadano cubano-estadounidense —representado por uno de sus hermanos— y seis de los terceros beneficiados o “presta nombres”, al amparo del Decreto-Ley No. 149 Sobre confiscación de bienes e ingresos obtenidos mediante enriquecimiento indebido, aprobado en 1994.

COMPRAS, VENTAS…

Sancti Spíritus, 7 de septiembre del 2016. Sede de la Fiscalía Provincial. Uno a uno los familiares y amistades beneficiados son entrevistados por el fiscal provincial Osmar Chong Pol. Es un duelo callado a punta de palabras. No faltan los intentos por abortar la verdad, pero tampoco las preguntas del ministerio público.

—¿Quién puso el vuelto que pedía el dueño del apartamento del Vedado, y así sellar la triple permuta en La Habana?

—Papo, quise decir, Orelvis. Fueron 17 000 CUC, responde el allegado, quien atendía el hostal, instalado en la lujosa vivienda en la capital cubana.

—En esa casa invirtieron mucho para convertirla en hostal: la repararon, le hicieron tres baños… ¿De dónde salió el dinero?, insiste el fiscal.

—Lo puso Orelvis también.

—¿Adónde iban a parar los ingresos del negocio?

—Una parte se ponía en las cuentas bancarias de la mamá de Papo, la propietaria de la casa en papeles; otra se cogía para promocionar el hostal en Internet; eso costaba alrededor de 3 000 CUC al año.

—¿Y cómo le hacían llegar el dinero al que lo promocionaba?

—Ese cubano vive en Canadá; se le daba personalmente cuando venía o a algún familiar suyo de La Habana, aseguró el representante y administrador de los bienes y propiedades de Olivera Amador en la capital.

La millonaria estafa de este ciudadano al Medicare tuvo ecos, igualmente, en Zaza del Medio, donde compró dos viviendas contiguas, con el auxilio de un hermano. La supuesta legalidad de los dos actos de traspaso consumados ante notarios se investiga en el proceso penal, según consta en la pretensión confiscatoria emitida por la Fiscalía Provincial de Sancti Spíritus, a la cual tuvo acceso Escambray.

Ante la mirada curiosa de los zaceños que transitaban por las calles Martí y Dago, las dos casas —una en ruinas— fueron demolidas de la noche a la mañana. Los rumores se convirtieron en una bola de nieve rodante. Frente a la vista de todos, nacieron otra vivienda en la planta baja y un centro gastronómico (paladar) en la segunda, administrado por un familiar del cubano-estadounidense.

La investigación puso al descubierto, por un lado, la no correspondencia entre lo consignado en el documento notarial y lo ejecutado en el nuevo inmueble y, por otro, que el residente en Miami aportó el financiamiento para adquirir los materiales de la construcción, pagar la mano de obra y comprar los artículos y medios destinados al funcionamiento de la unidad gastronómica, nombrada Papo’s paladar.

Mas, este restaurante privado quizás no alcanzó la notoriedad del Papo boulevard, localizado en la calle Independencia (sur), en la ciudad espirituana, en un apartamento comprado por Orelvis Olivera, gracias a las gestiones de otro familiar, quien pidió una licencia de trabajo por cuenta propia para asumir la administración del negocio.

Dicha persona depositaba en su cuenta bancaria una cantidad de los ingresos del paladar, cuyos equipos y otros bienes también asumió el residente en la Florida. Este, además, cedió el dinero para adquirir otra vivienda en la cuarta villa cubana y un auto marca Hyundai, en este último caso a un precio de 26 000 CUC.

Fuentes de la Fiscalía Provincial revelaron que, como parte del proceso del Expediente Confiscatorio No. 1 de 2016, se les concedió a Orelvis Olivera —representado por un familiar— y a los terceros beneficiados el derecho de aportar las pruebas que acreditaran la procedencia legal del patrimonio previsto a confiscar.

Ninguno de los documentos puestos a consideración del ministerio público probó la licitud de lo adquirido. Al mismo tiempo, se comprobó que los terceros beneficiados no recibieron remesas del exterior por las agencias oficiales ni declararon ingresos por transmisión de bienes y herencia ante el órgano competente.

—¿Y cómo entró a Cuba el dinero que Orelvis invirtió aquí?, indaga Escambray.

—Él mismo lo ingresó en efectivo sin declararlo en sus constantes viajes a nuestro país, y con ello violó las regulaciones establecidas por la Aduana General y el Banco Central de Cuba. También aprovechó los viajes de su mamá a Estados Unidos y los de una sobrina, residente en esa nación, a Cuba, detalló Chong Pol.

Otro engaño sazonó las resonancias en la provincia de la estafa al Medicare: el fraude eléctrico. Por ese motivo, los inspectores detectaron que se dejaron de facturar en total en la vivienda de Zaza del Medio y el apartamento del bulevar 10 164 kilowatts el pasado año, afectación estimada en 20 366 pesos al Estado.

Por si no bastara, la Oficina Nacional de la Administración Tributaria le determinó una deuda —pagada con posterioridad— ascendente a 197 694.84 CUP del 2015 al 2016 al familiar de Orelvis Olivera a cargo del paladar del bulevar en su condición de trabajador por cuenta propia, quien realizó, además, la compraventa de viviendas en la ciudad del Yayabo.

PATRIMONIO ILEGÍTIMO CONFISCADO

Los peritos no dejaron de sumar y multiplicar durante las tasaciones del monto obtenido ilegítimamente. Después, un auditor de la Fiscalía Provincial de Matanzas auscultó con minuciosidad cada cifra y efectuó el avalúo, que fijó en 8 102 342.51 pesos en moneda nacional el patrimonio personal y familiar del expedientado (Orelvis Olivera Amador) en el período de enriquecimiento ilícito.

El patrimonio ilegítimo confiscado asciende a 6 436 942.76 pesos en moneda nacional; los bienes sujetos al proceso penal están valorados en 1 599 949.75 y los dejados a los terceros beneficiados para su subsistencia, en 65 450 pesos.

Letra a letra, número por número, el Ministerio de Finanzas y Precios (MFP) acogió la pretensión confiscatoria promovida por la Fiscalía General de la República y, en consecuencia, adjudicó a favor del Estado cubano, entre otros bienes, cuatro viviendas, un auto, una cuenta bancaria ascendente a 4 516.02 CUC, otras dos en moneda nacional —totalizan 151 228.26 pesos—, 4 090 CUC en efectivo y 550 euros, de acuerdo con la Resolución suscrita por el MFP, a la cual tuvo acceso Escambray.

A través de este documento, Finanzas y Precios puso los bienes confiscados a disposición del Ministerio de Industrias (auto) y de los Consejos de la Administración provinciales de Sancti Spíritus y de La Habana; los inmuebles pasaron al fondo estatal y queda pendiente la reubicación de sus moradores en otras viviendas, en particular los casos del territorio espirituano. A la vez, el MFP resolvió ingresar el efectivo y el saldo de las cuentas bancarias al Presupuesto del Estado.

Este proceso administrativo sepultó la impunidad con que obraban los implicados; resta la causa penal y, por ende, el juicio oral, donde la Fiscalía presentará las evidencias de un supuesto lavado de activos.

El modus operandi principal de dicha tipicidad consiste en encubrir el origen ilícito de bienes o recursos provenientes de actividades delictivas, al insertarlos en el mercado formal mediante operaciones bancarias o de otra índole, en opinión de Isabel María Pérez Quintero, fiscal jefa del Departamento de Información y Análisis de la Fiscalía Provincial, coautora de la investigación La criminalidad internacional del lavado de activos y su regulación en Cuba.

Nuestro país ha perfeccionado la estrategia de enfrentamiento a este delito, reconocida por el Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Lavado de Dinero. Y como Sancti Spíritus no vive en una urna de cristal, pocos descartan que ciudadanos residentes en el exterior intenten aquí enmascarar o vestir de legalidad ganancias obtenidas ilícitamente en el extranjero a partir de la comisión de delitos graves.

Por ahora, se torna cuando menos sospechoso que el ciudadano Orelvis Olivera Amador se haya hecho, por ejemplo, de un apartamento en el Vedado, en La Habana, puesto a nombre de un familiar, valorado en 2 250 000 pesos y que disponía hasta de una cámara de circuito cerrado en la puerta de entrada, quién sabe para qué.