La Fiscalía General de la República (FGR) en Cuba solicitó severas sanciones contra personas implicadas en la adulteración de medicamentos y su venta ilícita
El diario Granma en su página digital, indicó que algunos casos están en tramitación y otros se presentaron a los tribunales con solicitud de sanciones severas, ‘atendiendo a la responsabilidad probada a los acusados, conducta y antecedentes administrativos y policiales’.
‘Con la vida, no hay invento’: así tituló el órgano oficial del Comité Central del Partido Comunista de Cuba la reseña sobre los datos proporcionados por la FGR, la cual confirmó la adulteración de medicamentos (metilfenidato) en el proceso productivo del laboratorio farmacéutico Reinaldo Gutiérrez, en el habanero municipio de Boyeros.
Según el reporte, la medicina fue comercializada en el mercado informal como si se tratara de un producto legítimo, aunque implicados en los hechos sustituyeron el compuesto activo por otras materias primas (el placebo utilizado para la limpieza de las máquinas).
Entre los infractores figuran una jefa de brigada de la máquina de blisteo, operario, jefe de turno y, estibadores de la empresa provincial minorista de medicamentos del Este, refirió la Dirección de Información y Análisis de la FGR.
En total, recibieron sumas de efectivo superiores a los mil 500 CUC (pesos cubanos convertibles), que ‘fue repartida según el grado de participación’, indicó el informe.
Como consecuencia, añadió la Fiscalía, estos productos fueron introducidos en farmacias de la capital y posteriormente vendidos a padres de niños que reciben este medicamento por las patologías que presentan.
Lo descrito hasta aquí integra la lista de los hechos detectados, y los procesos penales que en el transcurso de 2017 se han tramitado, y los cuales guardan relación con entidades subordinadas a BioCubaFarma y al Ministerio de Salud Pública, dijo la FGR.
De acuerdo con la institución, los delitos contemplan además la comercialización de medicamentos en el mercado informal, incluidos aquellos que la población llama ‘controlados’ (para asegurar la atención de patologías crónicas), con implicación de trabajadores de los laboratorios.
Otro grupo de ilegalidades estuvieron asociadas a las farmacias en varios territorios; en ese sentido, la FGR mencionó la venta de medicamentos en un establecimiento del municipio capitalino de 10 de Octubre, con precios adulterados y sin prescripción facultativa, en lo cual vincularon a menores de edad.
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