Denuncia abogado de Lula atentado contra Estado de Derecho

El voluntarismo de Moro ‘es incompatible con la imparcialidad y la impersonalidad que su cargo exige’, enfatizó el letrado en una nota difundida después que el togado admitiera otra acusación contra Lula, ésta relacionada con presuntas ventajas obtenidas mediante reformas en el sitio Santa Bárbara, en Atibaia, interior de Sao Paulo.

Una vez más, el juez de Curitiba trabaja con el concepto de ‘propiedad de hecho’ y acepta ‘una denuncia esdrújula contra Lula apenas en razón del cargo de Presidente de la República ocupado por él’, agregó Martins y subrayó que el mencionado lugar tiene propietarios conocidos que utilizaron recursos propios lícitos para adquirirlo.

El ‘lawfare’ practicado contra Lula por Moro y los fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato, y la ineficacia del sistema de recursos internos para detener las groseras violaciones a las garantías fundamentales del ex dignatario, preocupan a la comunidad jurídica nacional e internacional, alertó el defensor.

Según la acusación del Ministerio Público Federal por los presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero, Lula fue beneficiario de obras para mejorar el sitio de Atibaia, cuyo costo estimado es de más de un millón de reales (unos 300 mil dólares) a cambio de favorecer a las empresas Odebrecht y OAS en contratos con Petrobras.

La denuncia admitida hoy por Moro convierte a Lula en reo en cinco acciones penales, en una de las cuales ya fue condenado por el propio juez de Curitiba a nueve años y medio de prisión.

Coincidentemente, tanto la sentencia dictada contra el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) como la aceptación de una nueva acusación fueron anunciadas por Moro horas antes de que en la Cámara de Diputados se analice la admisibilidad de una denuncia por corrupción contra el presidente, Michel Temer.

Temer, primer y único caso de un mandatario brasileño en funciones imputado por corrupción, es también investigado por la Procuraduría General de la República por obstrucción de la justicia y asociación delictiva, por lo que se espera que en los próximos días también sea denunciado por esos delitos.

La Cámara de Diputados deberá discutir y votar mañana en plenario sobre la admisibilidad o no de la acusación de corrupción que pesa sobre el titular del Ejecutivo, quien fue delatado por el empresario Joesley Batista, quien grabó una comprometedora conversación con este en la residencia oficial, el Palacio de Jaburu.