Escambray Periódico de Sancti Spíritus
El nivel de seguridad ciudadana en Cuba es superior a cualquier país de la región y el mundo. No obstante hay peligros que asechan a la juventud, como la droga, un problema que trae asociado otros, la prostitución, el proxenetismo y la acumulación de riquezas, dijo el Fiscal General de la República, Darío Delgado Cura, en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento cubano.
En el segundo día de trabajo de esta Comisión, los diputados debatieron sobre el estado del cumplimiento de los planes y estrategias de prevención y enfrentamiento al consumo de drogas en un país enclavado en un área geográfica muy compleja.
Previo al intercambio, la fiscal Alina Montesinos presentó un informe que abordó el fenómeno en el contexto nacional e internacional. Fuera de nuestras fronteras, la situación es peliaguda, dada la creciente tendencia a la legalización del consumo, la expansión de las rutas del narcotráfico y la mayor producción de drogas tradicionales y de nuevas sustancias sicoactivas.
Darío Delgado Cura aseguró que la presencia de drogas en la Isla es ínfima, sin embargo, aumentan los riesgos dada la condición geográfica del territorio, al ser un país de tránsito donde recalan bultos de drogas, a la existencia de rutas de narcotráfico cercanas y al incrementarse el número de viajeros que nos visitan.
“Estas sustancias pueden llegar al país por vía marítima y aérea, por ello tenemos un sistema de trabajo especializado para enfrentar el peligro que representa y lo que hagamos para combatirlo siempre será poco”, afirmó el General de Brigada Jesús Becerra.
Alina reconoció que hay que actualizar la metodología que rige el papel de la fiscalía en el control del delito y que los territorios de mayor incidencia de este problema son La Habana (78 %), Las Tunas (4%), Granma (4%) y Camagüey (3%); aunque en todos se reportan casos.
Las autoridades enfocan sus investigaciones en identificar en las comunidades a los suministradores, pues son precisamente los proveedores el mayor peligro. Además identifican aquellas familias vulnerables, dirigen sus acciones especialmente hacia los padres de menores que muchas veces son utilizados para distribuir la droga o tentados a consumirla.
La fiscal señaló que el enfrentamiento a ese flagelo debe ser integral y que no solo está suscrito a lo penal. Las acciones de prevención que se realizan en el barrio, en centros laborales y de enseñanza son esenciales para influir en la población, especialmente en los jóvenes.
El diputado Jesús Becerra, jefe de la Dirección General de la PNR, insistió que en materia antidroga nada puede minimizarse y que el tema siempre tendrá una máxima prioridad para el país. Explicó que se incremente la cifra de procesados por el delito no significa que existan más sustancias ilícitas en la nación, sino que la labor de enfrentamiento es más efectiva.
“En lo que va de año hemos capturado 2 mil 830 kg de drogas, la mayoría no venía para Cuba, pero tenemos un impacto directo sobre ellas”, apuntó.
El Fiscal General hizo referencia a las sanciones contra los traficantes, entre ellas el decomiso de los bienes utilizados en el delito y la privación de libertad de sus ejecutores.
Asimismo se informó sobre las viviendas o tierras decomisadas, bajo el Decreto Ley 232/03, porque sus tenientes se involucraron en el tráfico de estupefacientes. Casas que se convierten en hogares de niños sin amparo familiar o se le otorgan a familias necesitadas, no obstante, a sus dueños se les reubica en otra. “Aquí no se deja desamparado a nadie”, dijo el Fiscal General de la República.
El informe de la Fiscalía General de la República no solo evidenció la severidad en el enfrentamiento jurídico y penal de estas conductas, sino como múltiples instituciones trabajan por enfrentarlas y eliminarlas: la fiscalía, el Ministerio del Interior, las direcciones de la Vivienda y la Agricultura.
El Doctor José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión, señaló que este tema se discutió este martes por tercera ocasión durante la actual Legislatura, pues el Parlamento está interesado en mantener la atención sobre un asunto tan importante para la sociedad, al cual el país le aplica una política de tolerancia cero.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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