Evasión fiscal: ¿sancionar por sancionar?

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Hasta el cuello. Así están hoy, por el presunto delito de evasión fiscal, varios futbolistas contratados en ligas europeas. Al mismísimo delantero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, la Fiscalía española lo acusa por defraudar 14.7 millones de euros.

Por similar trance han pasado este año Lionel Messi, Javier Mascherano, Ángel Di María… Incluso, ahora José Mourinho, exentrenador del Real Madrid, actualmente del Manchester United,  se las está viendo negras por igual razón. Al final, luego del bullicio en las planas de los periódicos y de los telediarios, suelen aceptar los cargos, pagan las deudas millonarias y las multas. Y no ingresan en prisión si reciben condenas inferiores a los dos años, como ocurrió con Messi y Mascherano.

Independientemente de los contextos y de las distancias geográficas, la evasión fiscal no es privativa de España, de Estados Unidos, de Cuba, ni de Sancti Spíritus, donde la cifra de denuncias radicadas asciende a 84 del 2013 hasta el presente, según consta en los anales del Departamento Jurídico de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) en la provincia.

Al menos en el territorio espirituano —no incluyo a otros porque sería simple conjetura—, el enfrentamiento ha ido in crescendo si rebuscamos en los números: en el 2013, hubo dos denuncias; el pasado año, 32, y en el actual, 30.

Al menos en el territorio espirituano —no incluyo a otros porque sería simple conjetura—, el enfrentamiento ha ido in crescendo si rebuscamos en los números: en el 2013, hubo dos denuncias; el pasado año, 32, y en el actual, 30.

Las autoridades locales le han colocado asterisco al asunto, y no me dejaría mentir la más reciente sesión del Buró Provincial del Partido, que evaluó la implementación en Sancti Spíritus de los Lineamientos de la Política Económica y Social, en específico los referidos a la fiscal.

Criterios por aquí, criterios por allá, la coincidencia despunta: impunidad genera impunidad; por ende, la ley no debe ser pasto del olvido, y habrá que seguir actuando acorde a esta, sin excesos ni toallas tiradas.

El Código Penal lo recoge sin ambigüedades: incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años o multa de 500 a 1 000 cuotas o ambas, el que —una vez determinada la deuda y vencido el plazo del requerimiento para su pago efectuado por el funcionario competente— evada o intente evadir, total o parcialmente, el pago de impuestos, tasas, contribuciones o cualquier otra obligación de carácter tributario a que esté obligado.

Si estos hechos se realizan ocultando, omitiendo, o alterando los datos de la Declaración Jurada establecida, o presentando documentos u otros medios del registro de información contable falsos o alterados, la sanción es de privación de libertad de tres a ocho años.

Otras particularidades —imposibles de relacionar por motivo de espacio— no pasan inadvertidas por la ley. Es dable recordar, además, que a los declarados responsables por evadir el fisco pueden imponérseles la confiscación de bienes.

¿Sancionar a diestra y siniestra? El director de la ONAT en Sancti Spíritus, Roberto Gutiérrez Medina, ha negado ese actuar, sin olvidar la función fiscalizadora de la institución y dentro de esta, la de detectar aquellos actos que se presuma puedan ser constitutivos del delito de evasión fiscal, enfrentarlos y dar cuenta a las autoridades competentes.

Investigaciones con mayor o menor alcance científico han recalado en esta tipicidad delictiva y, por supuesto, en sus condicionantes. Y casi todas convergen en una razón: la falta de cultura tributaria, que este reportero ha verificado en intercambios con trabajadores privados, quienes, por ejemplo, no suelen conocer el destino de sus tributos.

Digo más. Erradamente, algunos consideran que ellos son los principales aportadores de los ingresos al presupuesto. Y sin subvalorar la cuantía de los aportes de este sector, subrayo que la mayor cifra proviene de las entidades estatales, al prevalecer la propiedad socialista sobre los medios fundamentales de producción.

Erradamente, algunos consideran que ellos son los principales aportadores de los ingresos al presupuesto. Y sin subvalorar la cuantía de los aportes de este sector, subrayo que la mayor cifra proviene de las entidades estatales, al prevalecer la propiedad socialista sobre los medios fundamentales de producción.

No sería disparatado, entonces, plantear que son harina del mismo costal la evasión fiscal, la indisciplina en el pago y la insuficiente cultura tributaria, cuyo fomento en Sancti Spíritus descansa hoy en una estrategia de comunicación diseñada por la ONAT, cuya efectividad la desdicen los altos porcentajes de subdeclaración de los ingresos registrados cuando se practica algún tipo de control fiscal.

¿Esta aseveración sale de la nada o es una expresión baldía o efectista? Ninguna de las dos. Apenas un ejemplo. La mayoría de los arrendadores de viviendas, habitaciones y espacios sometida a verificación en lo que va de 2017 por la Administración Tributaria informó ingresos por debajo de la realidad.

Por si no bastara, otro caso: la totalidad de las 126 declaraciones juradas fiscalizadas de modo intensivo este año mostró, igualmente, la intención de los contribuyentes de pasar gato por liebre, en claro indicio de evasión fiscal.

Imposible hacer mutis a la hora de ponerles neuronas a las denuncias formuladas a causa del presunto delito. Cuesta entender que Trinidad solo acumule dos, que datan del 2013, si admitimos que ese territorio ha constituido un real quebradero de cabeza en cuanto a la disciplina de pago, subdeclaraciones… Contrasta con ello las 23 denuncias en el 2017 del municipio de Sancti Spíritus.

Cuesta entender que Trinidad solo acumule dos, que datan del 2013, si admitimos que ese territorio ha constituido un real quebradero de cabeza en cuanto a la disciplina de pago, subdeclaraciones… Contrasta con ello las 23 denuncias en el 2017 del municipio de Sancti Spíritus.

¿Comparar por comparar? En modo alguno. ¿Engordar cifras tan delicadas por engordar? Tampoco. ¿Cuál será el final de los 28 ciudadanos pendientes de sanción hasta hoy? Se busca que las personas no se rían de la ley, aunque tal no sea su interés a primera vista.

Cada quien es dueño de sus actos, actos que han sido castigados en la provincia hasta con cuatro años de privación de libertad. Y cuando lo escribo, pienso, también, en la familia de los condenados. Así las cosas, ¿tendrá sentido desentenderse de un deber cívico y arriesgarse a jugar al gato y al ratón?