Maestría desprotegida

Yoel Flores del Castillo, ingeniero agrónomo de la Estación Territorial de Investigaciones de Granos Sur del Jíbaro y residente en Edificio No. 5, apartamento 16, en La Sierpe, remitió a nuestra columna una carta donde refleja su inconformidad ante lo que considera violación de un derecho suyo a la superación profesional.

“Actualmente me desempeño como Especialista del Grupo de Mejoramiento Genético en el Cultivo del Arroz y curso una Maestría en Ingeniería Agrícola en la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (…)”, refiere el remitente y agrega que la matrícula en dichos estudios exige desde un comienzo presentar una planilla en la cual se ofrece referencia del funcionario que autoriza, con cuño y firma del centro de trabajo a que pertenece el solicitante, y aval del jefe inmediato, donde se expresa la necesidad de dicho centro en materia de superación.

En la planilla se consigna también, apunta el remitente, el consentimiento para que el solicitante se dedique al plan de estudio académico durante todo el tiempo de duración del mismo. “Tanto ese como otros documentos se encuentran archivados en la Secretaría Docente de la Facultad Agropecuaria de la Universidad Central, amparados por el Artículo 40 del Código del Trabajo”, afirma.

Según relata, actualmente se encuentra finalizando el tercer bloque de dichos estudios de posgrado, donde solo falta la fase de escritura del trabajo de investigación, como parte de lo cual monta experimentos contratados por el Centro de Bioactivos Químicos del referido centro estudiantil. El inconveniente es —significa Yoel— que el director de la Estación Territorial le “retiró el derecho a días autorizados para participar dos veces cada 15 días en el mes en dicha maestría”, y solo se le permite asistir si esos días provienen de los 2.18 que acumula mensualmente por vacaciones.

Preocupado y deseoso de concluir sus estudios, Yoel ha sacado en conclusión que no tendrá vacaciones hasta tanto termine o abandone la maestría.

Escambray consultó el caso con el especialista de la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social Osmani Faustino Rodríguez Martínez, quien es máster en Derecho Laboral. Dicho experto consideró que, si bien en el plano legal los estudios de superación se asumen en el tiempo propio del trabajador interesado, con el caso que nos ocupa se está incumpliendo un compromiso establecido por la propia dirección del centro, lo cual viola los principios éticos. “Si la autorización fue emitida por escrito y con la firma del director, ahora no se puede echar para atrás”, acotó. También dijo que al afectado le asiste el derecho de reclamar ante el Órgano de Justicia Laboral y en caso de que este emita un juicio contrario a sus intereses, puede reclamar ante los Tribunales de su municipio.

Si en un documento oficial dirigido a una determinada institución se contrae el compromiso de brindar apoyo a la realización de los estudios de posgrado de uno de sus trabajadores, nada más transparente que atenerse a su palabra, ya convertida en obligación.