No halar por el machete

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Cuando los agentes policiales le cortaron el paso a aquel espirituano en la Avenida de los Mártires en una tarde de marzo último, quizá, también, le amputaron el andar a una tragedia. Sí. Tragedia. Y no pretendo atizar aspavientos. Solo había que mirar el machete que el joven llevaba agazapado en la bota plástica izquierda para sellar una trifulca callejera, condimentada por el alcohol, en ese mismo lugar de la capital provincial.

¿El caso? Ni ilusión óptica de los vecinos, ni desvarío periodístico mío. Lamentablemente, tampoco resulta único, y desnuda la realidad que germina ante nuestras narices: el comportamiento preocupante del delito de portación y tenencia ilegal de armas, constatable en las 68 denuncias registradas aquí en lo que va de 2017 por la Policía Nacional Revolucionaria. Las otras estadísticas se encuentran a ojos vistas en la calle. Es decir, en los hechos violentos acontecidos en la ciudad de Sancti Spíritus del pasado año a la fecha.

 

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Lejos estoy de esparcir zozobra y de desconocer que la tranquilidad y la seguridad ciudadanas de Cuba son credenciales que la singularizan en medio mundo. ¿Rapto de entusiasmo chovinista? Lo acaba de asegurar un representante del Consejo Mundial de Viajes y Turismo durante el reciente Evento Internacional de Conferencias sobre Inversiones en Turismo y Hotelería, celebrado en La Habana.

Ese piropo, ¿puro cumplido al destino turístico Cuba? Lo dudo. Dicha institución sabe a pie juntillas que este país no es México, donde el asesinato de periodistas hace titulares cada día, o Texas, Estados Unidos, donde los propietarios de armas con licencia pueden llevarlas a la vista de todos al mejor estilo del cowboy.

El mundo nunca estuvo tan armado. La aseveración la esgrimen expertos del Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras, las cuales matan cada año a 300 000 personas. En fin, la Tierra vive en una caldera de violencia. Cuba no. Venturosamente. Y en ello influye la aplicación de las normas jurídicas vigentes, a saber, el Código Penal y el Decreto-Ley No. 262 Sobre armas y municiones, que regula lo habido y por haber para el adecuado y más eficaz control y fiscalización de estas.

Pero donde el dominó empieza a trancarse es con las armas blancas. La mayoría de las causas radicadas por el delito de portación y tenencia ilegal de armas o explosivos en el sistema de Tribunales de la provincia está relacionada con la ocupación de instrumentos cortantes y punzantes como cuchillos, puñales, navajas, incluso tijeras.

De portar alguno de estos instrumentos a cometer un acto deleznable existen escasas puertas de por medio. La gravedad del asunto se colige de un dato que retomo de las propias páginas de Escambray: en el 80 por ciento o más de los homicidios cometidos desde el 2012 hasta el 2015 se empleó arma blanca, a tenor de un estudio del Servicio Provincial de Medicina Legal.

Más que de porcentajes, se trata de vidas segadas, de reducir a polvo el más elemental derecho de un ser humano, muchas veces por la alergia a la civilidad presente en determinados ciudadanos y a la ausencia de diálogo para dirimir desavenencias personales, que proliferan en cualquier esquina del planeta.

En específico, sobre la ciudad de Sancti Spíritus gravitan los récords más negativos en esta tipicidad delictiva, al decir de María Ivón Fernández Álvarez, presidenta del Tribunal Municipal Popular, debido, entre otros motivos, a la existencia aquí de sitios de gran afluencia de personas como la Plaza Cultural y el parque Serafín Sánchez, frecuentados en horario nocturno, en lo fundamental, por jóvenes, los más implicados en el fenómeno.

Sin embargo, el delito también cabalga en coche. La alerta tiene el cuño de una reciente sesión del Consejo de la Administración Provincial que evaluó el comportamiento del sector privado en el territorio. ¿Por qué tantos cocheros suelen portar machete o cuchillo? ¿Vivimos en el Oeste hollywoodense? Y pondré la teja: nadie aboga por desatar ahora una cacería de brujas contra ellos, tabla de salvación para muchos pasajeros cuando el transporte público se las vio negras en la ciudad.

¿Tolerancia e impunidad ante esta manifestación delictiva, maridada con la violencia social? Parte de la población espirituana sostiene que falta mano dura para reprimirla. Del otro lado, las autoridades de la Fiscalía y del Tribunal en la provincia discrepan con ello y afirman que la ligereza está desterrada en la aplicación de la ley. Si alguien lo dudase, el primero de estos órganos —a nivel de país— aprobó el documento Arma Cero en enero del 2016, cuyo título habla por sí solo.

Pero hay más. Con las pupilas puestas en la ocurrencia de hechos muy graves en el país, ejecutados con el empleo de armas, incluso de fuego, en diciembre del 2015 el Tribunal Supremo Popular impartió precisiones para mantener una política penal coherente y brindar una respuesta eficaz a los responsables de delitos donde se utilice cualquier tipo de arma. Por supuesto, el rigor propio de las decisiones no implica, de manera alguna, menoscabo de los derechos y garantías fundamentales del acusado.

El Código Penal cubano resulta más claro que el agua. Quien, sin autorización legal, adquiera, porte o tenga en su poder un arma de fuego, incurre en sanción de privación de libertad de dos a cinco años. Si el hecho consiste en fabricar, vender o de cualquier modo facilitar a otro un arma de fuego, la condena es de tres a ocho.

En el caso de las armas blancas, quien porte o tenga alguna en su poder recibe la sanción de privación de libertad de tres meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas, cuando las circunstancias de la ocupación evidencien que estaba destinada a la comisión de un delito o a la realización de cualquier acto antisocial.

Ningún cabo suelto existe en Cuba cuando se trata de delimitar atribuciones con respecto a la fiscalización y el control de las armas de fuego y municiones en función de la seguridad y el orden interior. El Ministerio del Interior (Minint) tiene la primera y la última palabra.

Así lo corroboró la Asesoría Jurídica de la Jefatura Provincial del Minint, la cual recordó la orden de que todo ciudadano con licencia para portar arma, que viaje al exterior, debe entregarla antes de su partida, decisión transgredida en ocasiones.

Es de suponer que esa violación derive en peligro potencial en un país donde la seguridad ciudadana debe seguir cuidándose como la niña de los ojos. Por ello, el Tribunal Municipal Popular sancionó a seis meses de privación de libertad a aquel espirituano que en marzo último fue interceptado por los agentes policiales en la Avenida de los Mártires. Porque la Naturaleza nos regaló el don de la palabra, la solución a las querellas y pendencias no debe ser halar por el machete ante el menor exabrupto.