Esa cláusula constitucional, nunca antes utilizada en casi cuatro décadas de democracia española, permite a Rajoy asumir las competencias de una de las 17 comunidades autónomas para obligarla al ‘cumplimiento forzoso’ de la legalidad.
‘Es urgente devolver la voz a los ciudadanos catalanes, a todos, para que puedan decidir su futuro y nadie pueda cometer ilegalidades en su nombre’, afirmó el gobernante en una declaración televisada, al término de una reunión extraordinaria de su gabinete.
Serán unos comicios autonómicos ‘libres, limpios y legales’, enfatizó el también líder del conservador Partido Popular, quien se pronunció porque Cataluña se reconcilie con la verdad, la ley y consigo misma.
Aseveró que el Estado dispone de los medios suficientes para recuperar la normalidad, ‘de forma pacífica y moderada’, y restituir un autogobierno que, denunció, fue liquidado en las últimas semanas por el desafío secesionista de sus representantes.
Rajoy enfatizó que las medidas aprobadas al amparo del artículo 155 responden a quienes ‘pretenden imponer por la fuerza de los hechos consumados el secuestro inadmisible de la mayoría de los catalanes’ y el ‘hurto de una parte del territorio a la mayoría de los españoles’.
Además de la remoción de todos los miembros de la Generalitat (ejecutivo autonómico), La Moncloa acordó disolver las delegaciones catalanas en el extranjero, excepto la de Bruselas.
Insistió en que la intervención de ese territorio de 7,5 millones de habitantes, bajo el paraguas del polémico precepto constitucional, no pretende suspender la autonomía de Cataluña, sino de devolverla a la ley y a la concordia.
En tanto, el líder de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, aseguró que el bloque respeta las decisiones de Madrid y no desea implicarse en un asunto interno.
No obstante, declaró a la prensa que la UE no necesita más grietas ni rupturas.
Por su parte, el presidente de la Eurocámara, Antonio Tajani, señaló que los 28 no reconocerán a Cataluña como Estado independiente y soberano.
‘La declaración votada hoy es contraria al Estado de Derecho, la Constitución española y el estatuto de autonomía’, escribió en su perfil en Twitter.
‘Más que nunca es necesario restablecer la legalidad como base para el diálogo y a fin de garantizar las libertades y derechos de todos los ciudadanos de Cataluña’, añadió.
Además de los principales dirigentes comunitarios, los gobiernos de países como Italia, Alemania, Reino Unido, Portugal y Francia, se negaron a aceptar la iniciativa secesionista y reafirmaron su apoyo a Rajoy.
Mientras, el primer ministro belga, Charles Michel, indicó que ‘una crisis política sólo se puede resolver a través del diálogo. Hacemos un llamado a una solución pacífica, con respeto al orden nacional e internacional’.
Esta jornada, la asamblea legislativa de esa región española consumó su desafío y avaló una propuesta de resolución en la que proclama ‘la República Catalana como Estado independiente y soberano, de derecho democrático y social’.
El texto fue aprobado con el respaldo de 70 diputados, 10 votos en contra y dos en blanco, en un escrutinio secreto del que se ausentaron varios partidos de la oposición.
Menos de una hora después, el Senado español dio luz verde a la decisión de Rajoy de aplicar el artículo 155 e intervenir las instituciones catalanas para frenar las aspiraciones separatistas de ese territorio.
Esa cláusula constitucional permite tomar el control de las competencias de una de las 17 comunidades autónomas para obligarla al ‘cumplimiento forzoso’ de la legalidad.
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