Menos de una hora después de que el parlamento catalán proclamase la independencia unilateral, la cámara alta aprobó las medidas acordadas por el presidente del Ejecutivo para asumir las riendas de esa región, en virtud del artículo 155 de la Constitución de 1978.
Esa cláusula constitucional, nunca antes utilizada en casi cuatro décadas de democracia española, permite a Rajoy tomar el control de las competencias de una de las 17 comunidades autónomas para obligarla al ‘cumplimiento forzoso’ de la legalidad.
Las disposiciones excepcionales salieron adelante con 214 votos a favor, 47 en contra y una abstención.
Además del conservador Partido Popular de Rajoy, que tiene mayoría absoluta en el Senado, la activación del polémico precepto de la carta magna recibió el respaldo del Partido Socialista Obrero Español, principal de la oposición, y de los liberales de Ciudadanos.
‘En mi opinión no hay alternativa, lo único que se puede hacer en una situación como esta es acudir a la ley y hacer cumplir la ley’, subrayó Rajoy ante el pleno de la cámara alta que refrendó la aplicación del 155.
Durante un discurso para defender la inminente intervención, opinó que ese artículo es ‘un mecanismo legal y democrático aprobado por los españoles y similar a los que existe en otros países europeos’, y responsabilizó de su activación a su par catalán, Carles Puigdemont.
Arremetió contra el proceso soberanista de Puigdemont, que en los últimos meses derivó en un referendo de autodeterminación, suspendido por la justicia española, y en la amenaza de una declaración de independencia que finalmente hoy se consumó.
Rajoy recordó que la administración central dio dos oportunidades al líder nacionalista de centroderecha para que concretara si había proclamado o no la secesión, en una confusa sesión en el parlamento catalán el pasado 10 de octubre.
Pero Puigdemont no quiso responder a ese requerimiento y fue él quien eligió que el mecanismo para activar el 155 siguiera adelante, remarcó.
Según su criterio, ningún gobierno democrático hubiera podido permanecer ‘impertérrito, como si no hubiera pasado nada’, frente a esa falta de concreción.
Criticado por numerosos partidos por su inmovilismo ante el grave conflicto territorial, el gobernante conservador imputó a Puigdemont la ausencia de un diálogo para zanjar lo que muchos consideran la peor crisis institucional de los últimos 40 años en España.
Para el también presidente del derechista Partido Popular (PP), lo único bueno del proceso catalán es ‘si acaso, que ha servido para desenmascarar las mentiras y a quien las ha puesto en circulación’.
De esa manera, minimizó el creciente sentimiento separatista en ese próspero territorio de 7,5 millones de habitantes, en el que, de acuerdo con diversos sondeos, más de un 70 por ciento de los ciudadanos favorece la celebración de un referéndum sobre el derecho a decidir.
Entre las duras medidas que Rajoy piensa ejercer en Cataluña está la destitución de Puigdemont y de todos sus consejeros (ministros).
Con los poderes concedidos por el Senado también limitará las funciones del parlamento catalán e intervendrá las finanzas de la región, su policía y los medios de comunicación públicos.
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