Escambray Periódico de Sancti Spíritus
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Quiéranlo o no sus enemigos, los más de 8 millones de votos populares obtenidos por el oficialismo el último domingo de julio en la elección de los delegados a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), en Venezuela, constituyen un triunfo de la voluntad de paz, orden y progreso de la mayoría del pueblo morocho.
Como destacó el Presidente Nicolás Maduro, esta es la votación más grande que han obtenido los bolivarianos en 17 elecciones realizadas desde aquella inolvidable que les dio el triunfo en 1998, y que ahora se realiza en medio de una guerra de calle impuesta por la derecha golpista al servicio de una potencia extranjera y su cohorte de secuaces.
Si bien el 41.53 por ciento de participación de los inscritos en el padrón electoral puede parecer poco, debe tenerse en cuenta que quienes acudieron a votar lo hicieron bajo amenaza inminente para su seguridad por parte de bandas neofascistas que se adueñaron de vías y barrios enteros en distintas áreas del país y que tenían como consigna impedir a cualquier precio que la votación tuviera lugar.
Grande debe haber sido la decepción, porque no les funcionaron los cierres de arterias, ni las guarimbas, ni el chantaje, ni los paros laborales “a carabina” y con igual espíritu “democrático” que el que los impulsó en abril del 2002 a dar un golpe de Estado contra el Presidente constitucional de la República, el inolvidable Hugo Rafael Chávez Frías.
Sí el Gobierno chavista — alegan no pocos observadores— hubiera aplicado entonces todo el rigor de la ley a los putschistas, gente como Leopoldo López, Henrique Capriles, Borges y muchos otros cabecillas de la llamada Mesa de la Unidad Democrática (MUD), posiblemente estuvieran en la cárcel todavía. La indulgencia oficial propició que el núcleo duro de los fascinerosos mostrara su “gratitud” con una guerra sin cuartel contra las autoridades legítimas.
Y esa misma posición de desconocimiento y enfrentamiento a los poderes legalmente constituidos es la que han mantenido siempre quienes acusan a las autoridades de no respetar la Carta Magna, que ellos violaron siempre, salvo cuando ha convenido a sus intereses.
Ahora intentan por todos los medios deslegitimar a la ANC, alegando que no fue convocada previa consulta popular, pero es prerrogativa del jefe de Estado hacerlo en condiciones extraordinarias, como las actuales, pues una vez concluida su labor, las adiciones y modificaciones a la Constitución vigente serán sometidas al escrutinio de todos los venezolanos con derecho al voto, y el pueblo es soberano.
¿Cómo se atreven a cuestionar la Constituyente, convocada de acuerdo con los requisitos que marca la ley, quienes hace solo tres semanas hicieron un plebiscito ilegal a todas luces, que pese a ello fue permitido por las autoridades, en el cual se dieron todo tipo de infracciones —entre ellas la votación de muchos individuos en dos, tres y más centros de recepción de sufragios—, para marcar en una boleta su rechazo a la ANC?
Terminada aquella mascarada que contó con la reprobable presencia de ciertos exponentes de la derecha internacional, sus organizadores de la MUD anunciaron que habían sufragado 7 200 000 electores y, acto seguido, quemaron actas y boletas, con la manifiesta intención de borrar las pruebas de su proceder. ‘Mejor hubieran anotado los datos en hielo’, comentaron algunos, pues el resultado hubiese sido el mismo.
Pues bien, si ellos alegan haber obtenido 7.2 millones de votos contra la Constituyente, imposibles de verificar; por los 545 constituyentistas sufragaron 8 089 320 venezolanos, cifras que según Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, están certificadas y pueden verificarse, pues son los frutos de un proceso ajustado a derecho.
Pero, ¿por qué temen tanto a la Constituyente la derecha venezolana, la continental y más allá? Por la misma razón que en el 2009 la oligarquía hondureña dio el golpe de Estado parlamentario contra el Presidente Manuel Zelaya Rosales, cuando apenas insinuó introducir en una boleta la pregunta a los electores acerca de su aceptación a convocar una Asamblea de ese tipo.
En realidad, los golpes de Estado parlamentarios contra Fernando Lugo (2012) y Dilma Rouseff (2016) fueron una respuesta profundamente antidemocrática de las oligarquías respectivas contra presidentes legítimos, por su oposición a esperar que terminaran sus mandatos respectivos.
¿Qué decir de los gobiernos derechistas que hoy se rasgan las vestiduras contra Venezuela, como los de México, Honduras, Colombia, Perú, Argentina, Brasil y Paraguay, plagados de irregularidades en su desempeño y acusados de graves violaciones a los derechos humanos?
El problema es que el ordenamiento institucional de esos países lo hicieron los ricos, por los ricos y para los ricos y responde a sus intereses. Incluso la Constitución de Chile está más adecuada a los tiempos de Pinochet que a los actuales y muchos de los diputados fueron en su momento cómplices del sangriento golpe contra Salvador Allende.
Ello pudiera explicar el discurso basado en el doble rasero, porque en una sola jornada en el país azteca suelen morir de forma violenta más personas que en toda la actual etapa de protestas en la tierra de Bolívar. Eso mismo venía ocurriendo hasta hace poco en la Colombia de Santos, donde siguen muriendo activistas sociales y líderes obreros, y resurgen las bandas paramilitares, mientras él mira para otro lado. ¿Y qué decir de Honduras, que emula con México en el asesinato de periodistas y activistas? Pero la OEA no lo discute ni la prensa internacional lo sataniza.
Ahora comienza sus labores la ANC, que tiene por delante un cúmulo enorme de trabajo en el ejercicio del poder soberano, como ente facultado por la ley, con autoridad sobre todos los demás que conforman el entramado del Estado en Venezuela, y ante ella incluso el Presidente Maduro acudirá a subordinar su cargo.
A la Constituyente le corresponderá fundar la patria nueva que soñaron Bolívar y Chávez, enriqueciendo la Constitución del 1999 y adecuándola a la nueva etapa que se abre precisamente con ella, surgida por la voluntad de la mayoría del pueblo. Cuando finalmente termine sus labores y lo dispuesto se someta al escrutinio popular, el voto de los venezolanos puede cambiar los destinos de su país y de toda la América nuestra.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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