El órgano de las Naciones Unidas con sede en Ginebra demandó este viernes que Lula tenga asegurado el ‘acceso apropiado a la prensa y a miembros de su partido político’ y la posibilidad de concurrir como candidato presidencial ‘hasta que todos los recursos pendientes de revisión contra su condena sean completados en un procedimiento justo’.
En caso de no cumplir con el requerimiento el Estado brasileño estaría violando sus obligaciones legales inherentes al Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, cuya implementación es monitoreada por el Comité, insistió Cleveland en declaraciones al portal de noticias UOL.
Por su parte Cristiano Zanin Martins, uno de los abogados de la defensa de Lula, consideró la decisión de la ONU como una gran victoria y alertó que si ésta fuera desacatada -como ya dejó entrever el gobierno de Michel Temer- la legitimidad de las venideras elecciones será cuestionadas internacionalmente.
Martins negó que se trate de ‘una mera recomendación’ del Comité de Derechos Humanos de la ONU y recordó que el propio Supremo Tribunal Federal (STF) reconoció que tratados internacionales están por encima de la ley.
En una nota emitida esta tarde, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil dijo que ‘las conclusiones del Comité tienen carácter de recomendación y no poseen efecto jurídicamente vinculante’ y quiso también restar importancia a la resolución indicando que fue tomada por peritos y no por países.
El texto señaló además que la delegación permanente de Brasil en Ginebra tomó conocimiento de la deliberación ‘sin cualquier aviso o pedido de información previos’ y que pondrá en conocimiento de la misma al Poder Judicial.
La posición del gobierno brasileño fue rebatida por el exsecretario de Derechos Humanos y especialista de la ONU Paulo Sérgio Pinheiro, quien aseguró que la decisión del Comité es ‘obligatoria y de efecto inmediato’.
Es importante caracterizar la calidad del documento, resultado de un largo proceso de información a las partes y al gobierno brasileño, recalcó.
Otro posicionamiento del gobierno de Temer llegó por intermedio del ministro de Justicia, Torquato Jardim, quien consideró que la ONU se entromete en los asuntos internos de Brasil y también estimó que la decisión del Comité de Derechos Humanos no tiene ninguna relevancia jurídica.
Es ‘lamentable la manipulación sectaria que se permite la ONU’, dijo Jardim citado por el diario digital Brasil 247.
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