Escambray Periódico de Sancti Spíritus
A la consulta y referendo, que se realizarán en todo el territorio nacional y las circunscripciones de ecuatorianos residentes en el exterior, están convocados 13 millones 26 mil 598 personas
Ecuador vive días intensos de cara a una consulta popular y referendo, previstos en febrero próximo, que podrían ser considerados como uno de los ejercicios electorales más polémicos de los últimos tiempos en este país sudamericano.
Impulsado por el presidente de la república, Lenín Moreno, para reformar la Constitución en aspectos de interés general y alta relevancia para el futuro de la nación, el proceso, que actualmente se encuentra en la fase de campaña por las dos opciones (Sí y No), resulta necesario para unos y contradictorio para otros.
Las actividades proselitistas tienen como protagonistas a dos partes: el ejecutivo nacional, que cuenta con el apoyo de varias organizaciones políticas y sociales por la aprobación de la consulta y referendo, y exafiliados al oficialista Movimiento Alianza PAÍS, quienes liderados por el exmandatario Rafael Correa, y junto a algunas instancias, consideran parte de su contenido inconstitucional.
El gobierno nacional sustenta la tesis de que no hay mayor ejercicio de democracia que consultar a la población sobre temas como eliminar la reelección indefinida (para permitir la alternabilidad), derogar la llamada Ley de Plusvalía (pues afecta un importante sector como el de la construcción), sustituir al Consejo de Participación Ciudadana (bajo cuyo control están las principales instituciones del estado).
Asimismo, defiende la necesidad de evitar que prescriban delitos sexuales contra menores, reducir o eliminar la minería metálica y la explotación petrolera en áreas especiales, así como reforzar sanciones contra funcionarios políticos responsables de corrupción.
Sin embargo, para quienes respaldan el No, las interrogantes esconden otros propósitos que pasan por impedir la postulación de Correa a la máxima dignidad de la nación para las presidenciales del 2021, poner en manos del jefe de estado el dominio absoluto de las instancias de control y afectar a la población al permitir nuevamente la especulación del suelo.
Para quienes rechazan la consulta, esas interrogantes resultan inconstitucionales, una regresión en los derechos y hasta una forma de golpe de estado (en el caso del reemplazo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social).
Tanto el Sí como el No se empeñan en atraer seguidores y para eso utilizan las redes sociales, los medios de comunicación -a través de entrevistas y spots publicitarios-, así como concentraciones y caravanas por todo el territorio nacional.
Para una parte de la población, el tema de la consulta se ha convertido en un campo de batalla entre llamados ‘Morenistas’ y ‘Correístas’, como denominaron a las dos facciones en las cuales se dividió la formación gubernamental, que hasta hace poco contaba incluso con dos direcciones.
Ahora, tras la decisión del Tribunal Contencioso Electoral de avalar a la junta propuesta por Lenín Moreno, los bandos están más claros, pues Correa y varios asambleístas de PAÍS se desafiliaron y promueven el Movimiento Revolución Ciudadana, aún pendiente de obtener la clave informática que le permitirá reunir las firmas necesarias para su registro en el Consejo Nacional Electoral.
Con ese panorama como fondo, en las calles de Ecuador abunda la incertidumbre, a partir de la crisis en el seno de la agrupación de gobierno, resquicio aprovechado por la derecha para intentar sembrar desprestigio sobre la llamada Década Ganada, liderada por el expresidente Correa, y generar dudas sobre la validez del proceso que dirige actualmente Moreno.
Por otra parte, también hay opiniones divididas entre analistas políticos y entendidos en materia electoral.
Recientemente un reconocido grupo de políticos, intelectuales y dirigentes sociales de América Latina suscribieron un manifiesto en el que expresan su ‘preocupación respecto de los efectos nocivos que sobre el régimen político poseen’ algunas de las preguntas incluidas en la consulta popular, convocada para el próximo 4 de febrero en Ecuador.
En un Manifiesto difundido en medios de comunicación y redes sociales, estimaron que la cuestión sobre la constitucionalidad del referendo y consulta presenta nudos problemáticos, los cuales, a pesar de ser locales, revisten implicancias que trascienden las fronteras nacionales.
‘Consideramos que la omisión del filtro de control previo de constitucionalidad ha dado paso a la formulación de preguntas que podrían lesionar el modelo de Estado constitucional y democrático vigente’, afirma el texto, denominado Manifiesto en Defensa de la Democracia en Ecuador.
El uso de estos mecanismos con el objetivo de bloquear un proyecto político que fue mayoritario durante la última década en el Ecuador, significa una grave vulneración del principio de pluralismo sobre el que se asientan nuestros regímenes democráticos contemporáneos.
En concreto, la preocupación gira en torno a dos de las preguntas rechazadas por los defensores del No: el cese de funciones del Consejo de Participación Ciudadana, que a su juicio representa concentrar el poder en manos del ejecutivo y una violación grave al Estado de Derecho, y la de dejar sin efecto la postulación indefinida, por afectar derechos de participación.
Al respecto, instaron a impulsar y respaldar la apertura social y mediática con vistas a un debate profundo y con igualdad de espacios para todas las voces, sobre la constitucionalidad del procedimiento de convocatoria y objetivos del referendo y consulta popular.
Igualmente sugirieron generar espacios de reflexión sobre las cuestiones consultadas, teniendo en cuenta su gran trascendencia democrática para el país y la región.
Al mismo tiempo, tanto el presidente Moreno como los secretarios de estado insisten en que el ejercicio de consulta es válido y tributará a una mejor administración, por lo que llaman a una consulta del Sí por la alegría, por el futuro y la democracia.
Cuando ya la jornada electoral está en conteo regresivo, unas encuestas colocan al Sí a la cabeza, mientras otros sondeos reflejan que el No gana terreno, mientras su oponente va en picada, y en medio de todo ese escenario, una parte de la población ya tiene su opción definida, mientras otra sigue sin conocer las reales consecuencias de su voto.
A la consulta y referendo, que se realizarán en todo el territorio nacional y las circunscripciones de ecuatorianos residentes en el exterior, están convocados 13 millones 26 mil 598 personas, en cuya decisión estará el futuro de este país.
Por su importancia, los ojos de América Latina y otras regiones del mundo están puestos en la campaña y se mantendrán bien abiertos en espera de los resultados del proceso y primeros pasos del gobierno, a partir del 4 de febrero.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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