Cuentapropismo fuera del congelador

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Luego de una pausa de algo más de un año, Cuba regresa al ordenamiento del Trabajo por Cuenta Propia, modalidad de empleo a la que se acoge el 13.9 por ciento de la fuerza ocupada en Sancti Spíritus

Cuando el 10 de marzo del 2017, incluso antes que el ministerio mismo, el Consejo de la Administración Provincial en Sancti Spíritus dispuso regulaciones referidas al Trabajo por Cuenta Propia (TCP), que implicaban la congelación del otorgamiento de licencias en 27 actividades, nadie sabía a ciencia cierta qué vendría después, ni si se volverían a abrir las puertas a quienes pretendían sacar patentes para esos servicios.

Lejos estaba de imaginar el esposo de aquella doctora en misión de colaboración fuera del archipiélago, quien debió viajar a apoyarla ante una emergencia, que al darse baja como Arrendador de viviendas, habitaciones y espacios, por no poder dejar a nadie en su lugar, perdía el permiso no solo durante su ausencia, sino hasta casi un año después del retorno. “Mi problema se gestionó y tramitó con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, costó tiempo y esfuerzo, pero el pasado 21 de mayo recibí una carta de la Ministra, donde se me autorizaba a recuperar la patente”, cuenta hoy a Escambray.

Lo suyo era un avance de lo que vendría exactamente 16 meses después de decretada la medida en predios del Yayabo. El ejemplo sirve como anillo al dedo para ilustrar la intención de enmendar errores y llenar vacíos. Con beneficios más que palpables, pero también con desviaciones que causaron perjuicios en el entramado económico y social del país, al Trabajo por Cuenta Propia le hacía falta el diseño de saneamiento del que se ha derivado el paquete de 20 normas publicadas el pasado 10 de julio en la Gaceta Oficial Extraordinaria No. 35.

Las nuevas disposiciones, que entrarán en vigor el 7 de diciembre del presente año, responden en parte a reclamos de los trabajadores acogidos a esa modalidad de empleo, y pretenden corregir lo mal hecho, a la par de seguir impulsando este modelo de gestión en el marco de la legalidad. Frescas están aún en la memoria de los cubanos las palabras del General de Ejército Raúl Castro Ruz en la clausura del IX Período Ordinario de Sesiones de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular: “No vamos a retroceder ni a detenernos, ni tampoco permitir estigmas y prejuicios hacia el sector no estatal, pero es imprescindible respetar las leyes, consolidar lo avanzado, generalizar los aspectos positivos, que no son pocos, y enfrentar resueltamente las ilegalidades y otras desviaciones que se apartan de la política establecida”.

Lo primero que debe aclararse al respecto es que las nuevas disposiciones no implican eliminaciones, sino ajustes de las modalidades existentes, así como cambios en requisitos y obligaciones, reglas jurídicas y prácticas tributarias. No obstante, la inmensa mayoría de los residentes en Cuba que se acogen al TCP se adscriben a actividades que se integran entre sí o que no sufren modificaciones. Tocante a Sancti Spíritus, de acuerdo con la información ofrecida por la Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, de los 26 526 involucrados en esta forma de empleo no estatal —cifra muy superior a los 9 464 registrados en el  2010—, resultan poco representativos los porcentajes del personal acogido a patentes de las que no se otorgarán más, en relación con el total.

Ejemplo de ello son los 378 carretilleros o vendedores de productos agrícolas de forma ambulatoria que poseen permiso para el expendio —aunque por la proliferación de carritos y pregones podría deducirse la presencia de no pocos sin patentes— (1.4 por ciento), los 164 compradores vendedores de discos (0.6 por ciento) y los 35 operadores de equipos rústicos de recreación (0.1 por ciento). A propósito de ello, pensemos: ¿quién no ha cuestionado la procedencia, calidad e inocuidad de lo que nos venden frente a nuestras propias casas; el contenido —atendiendo a los valores que promueven— de algunos discos y la seguridad de los ya populares “sacatripas” adonde suben nuestros niños? En todo este escenario de ofertas y servicios hay tendencias mayoritarias y excepciones, aunque a veces prime lo menos conveniente.

De acuerdo con la nueva política, las 27 actividades que estaban congeladas desde el pasado año se abrirán otra vez al otorgamiento de licencias a partir del venidero diciembre, siempre con las regulaciones en vigor. Llama la atención la creación de nuevas patentes, al modificarse el permiso de Elaborador de alimentos y bebidas mediante servicios gastronómicos y restaurantes para crear las figuras de Servicios gastronómicos y restaurantes y Servicios de bar y recreación. Aparecen, además, las tipicidades de Panadero-dulcero y Arrendador de medios de transporte, labores en las que existían demandas y también persisten necesidades.

Uno de los temas que ya se revelan como polémicos es el relacionado con la decisión de otorgar licencia para una sola actividad aprobada. En ello se consideraron los casos de empleos imposibles de ejercer en el mismo espacio de tiempo y sin relación entre ellos, lo cual descarta la posibilidad de que se les integre en un permiso único.

Ya se ha aclarado de antemano: las medidas no van a significar un incremento de la carga tributaria, sino más bien una definición del régimen en el pago de los impuestos, necesaria tras la adecuación en un grupo de actividades, en el que casi un centenar se integran en tan solo 28. Lo enteramente nuevo será la habilitación de cuentas bancarias fiscales para los servicios gastronómicos, arrendamiento de viviendas, servicios constructivos y el transporte en la capital del país (vehículos de cuatro a 14 pasajeros), con lo cual las principales operaciones del trabajador por cuenta propia deberán transitar por dichas cuentas.

Y como el transporte es algo en lo que va la garantía de muchas vidas, hay en él también novedades significativas, a tono con las cuales se ha dispuesto: restituir la extensión nacional, provincial y municipal de la licencia de operación del transporte (actualmente todas tienen extensión nacional); agregar, para personas naturales al otorgar la licencia de operación del transporte, el requisito de poseer la titulación formal o tener la licencia de conducción del medio que utilice; y en el caso de que la licencia sea para transportación en ómnibus, camionetas o camiones, que una persona jurídica acredite tres años de experiencia como conductor.

Alentador para la ciudadanía, por lo que podría representar en materia de legalidad y tranquilidad, resulta el retorno de la potestad a los Consejos de la Administración Provincial (CAP) para la autorización de patentes específicas, así como para poner límites a los precios y tarifas sobre productos y servicios que se prestan, cuando las circunstancias lo aconsejen, teniendo en cuenta las características del territorio.

Anima, además, que se tome en consideración a la  población toda a la hora de evaluar la entrega de patentes de esas que implican altos niveles de ruido, y que se incluya en calidad de contravención, al contratar servicios artísticos o audiovisuales por parte de los cuentapropistas, el irrespeto a los niveles sonoros normados, así como la presentación de contenidos con un uso impropio de los símbolos patrios, de corte sexista, discriminatorio o pornográfico.

Escambray sirve la mesa para el entendimiento y el debate. Recuerda, al hacerlo, que el Trabajo por Cuenta Propia contribuye a liberar al Estado de algunas actividades para concentrarse en otras igualmente importantes. También ayuda a crear empleos y, por esa vía, garantiza servicios que el ciudadano requiere y no logra obtener por la vía institucional.