Problemas de comunicación interna del Departamento norteamericano de Estado retrasaron durante meses la creación de un panel para evaluar la respuesta a los incidentes de salud reportados por diplomáticos en Cuba
Sin embargo, la Oficina de Política Administrativa, Derechos e Innovación (M/PRI), encargada de determinar si una situación amerita el nombramiento de una Junta de Evaluación de Responsabilidad (ARB), solo conoció del tema en agosto de ese año, a raíz de reportes de prensa.
Fue en ese mes cuando varias organizaciones periodísticas comenzaron a difundir que funcionarios norteamericanos de la embajada en La Habana habían sufrido síntomas como mareos, pérdida de memoria y problemas de audición.
Esos padecimientos, que después el Departamento de Estado calificó como resultado de ‘ataques’ a pesar de que hasta hoy se desconoce qué los originó, fueron usados como pretexto por la administración de Donald Trump para reducir drásticamente su personal en la isla y expulsar a 17 diplomáticos cubanos de esta capital.
Según la política de la agencia federal, tan pronto como la M/PRI tenga conocimiento de incidentes de ese tipo, comenzará un proceso para considerar si se justifica la creación de una ARB a fin de evaluar la respuesta a tales hechos y alentar mejores programas y prácticas de seguridad.
De acuerdo con el informe de la GAO, se determinó que el Departamento de Estado actualmente no cuenta con ‘ninguna política’ para garantizar que la información fluya a la oficina de gestión que inicia el proceso de creación de la junta.
Como resultado de los incidentes en Cuba, los funcionarios de M/PRI nos dijeron que se habían dado cuenta de que pueden no estar al tanto de todos los hechos relacionados con lesiones de diplomáticos, agregó el texto.
El informe, el cual reiteró que aún había desconocimiento de las causas o responsables de lo sucedido, recomendó al Departamento de Estado que revise sus políticas para incluir procedimientos de comunicación.
Finalmente, la junta de revisión sobre los incidentes en Cuba se estableció en enero pasado y comenzó a trabajar un mes después, y aunque dijo la semana pasada que ningún empleado actúo de manera incorrecta, identificó varios problemas, entre ellos algunos relacionados con la comunicación.
Las noticias sobre estos informes se dan a conocer mientras Washington mantiene vigentes polémicas medidas criticadas por La Habana y diversos sectores norteamericanos, que las consideran una politización del tema con el objetivo de golpear el proceso de acercamiento bilateral iniciado en 2014.
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