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Que los garajes estuvieron en proyecto; que los futuros beneficiarios llegaron a ver los planos del diseño y conocieron los materiales a emplear en la ejecución de la obra; que pagaron incluso —160 pesos, dice uno, y 150, afirma la otra— por el servicio de la Oficina del Arquitecto de la Comunidad, en octubre del 2017. Todo eso figura en las misivas que, por separado, hicieron llegar a este órgano de prensa dos lectores.

Mircia Hernández, residente en el edificio 8 A, apartamento No. 8, Ampliación de Comandante Fajardo, Olivos II, Sancti Spíritus; y Roberto Herrera Pérez, médico internacionalista y vecino del edificio 11, apartamento No. 1, reparto La Rotonda, de la propia cabecera provincial, se duelen de una especie de callejón sin salida ante el cual se han esgrimido, entre los argumentos, cambios en la Dirección Provincial de Planificación Física (DPPF).

Mircia relata los sinsabores de su hijo médico y de otros tres vecinos del inmueble en la misma situación, que comparten algunos moradores del edificio 7 en esa propia barriada. Roberto abunda en detalles sobre lo que considera un maltrato como consecuencia de un acto ilegal que “raya en el campo de la corrupción”. “Sería interminable la relación de preguntas, respuestas, quejas, despachos, burocracia y hasta pérdida de calma que han tenido lugar durante encuentros con cuadros (…) a lo largo de más de un año y medio”, plantea.  Y añade que, al concernir a más de una decena de personas, la demanda se constituyó en planteamiento por la vía de la rendición de cuenta del delegado ante sus electores.

A fin de esclarecer el asunto, Escambray contactó con directivos de la DPPF y pudo establecer que el hecho existió, y fue responsabilidad, en particular, del anterior director provincial y de la entonces subdirectora de Planeamiento, de acuerdo con las afirmaciones de Ciro Rodríguez Rodríguez, subdirector de Inversiones, Trámites y Atención a la Población. “Fue un error emitir las regulaciones urbanísticas para la construcción de esos garajes, lo hicieron sin respaldo legal y crearon con ello una crisis. No se me consultó en ningún momento”, alega.

Antes, Jesús Meneses García, director provincial, había admitido que las citadas regulaciones, sobre la base de las cuales luego fueron elaborados los proyectos, se dictaron allí, aunque no era competencia de esa entidad. Sostuvo, igualmente, que durante un despacho con el mencionado doctor él se disculpó en nombre de la misma.

“Aquello se concibió mal”, comenta el funcionario y refiere que a raíz de una reunión en el Gobierno provincial, donde se ventiló el asunto en agosto del presente año, su centro emitió un documento explicativo de lo establecido en la Ley. Allí reza, dijo, que la Resolución No. 55 del 2014 del Instituto de Planificación Física (IPF) aprueba el procedimiento para la asignación de terrenos estatales (parcelas y solares yermos) “a personas naturales para la construcción de viviendas por esfuerzo propio, previamente autorizadas por el Consejo de la Administración Municipal, considerando el máximo aprovechamiento del suelo y en correspondencia con lo establecido en el plan general de ordenamiento territorial urbano”.

No obstante, a tono con la Resolución No. 54 de ese mismo año, emitida por el presidente del IPF, dicho trámite se realiza ante las direcciones Municipales del organismo, únicas facultadas para tales autorizaciones. Durante las pesquisas quedó claro que el organismo reconoce la necesidad real de construir garajes como áreas colectivas y que las exigencias de desarrollo urbano aconsejan pensar en soluciones al respecto.

Ante la crisis creada, resultan válidas las alertas de Everardo Marrero Alemán, subdirector en funciones de Ordenamiento Territorial dentro de la DPPF, quien sostiene: “No pueden verse como construcciones individuales, porque eso podría conllevar al cambio de propietario y, en consecuencia, de uso, que implicaría ruptura desde el punto de vista arquitectónico. Se requiere de un diseño único y con la seguridad necesaria, que juegue con la tipología urbanística del entorno”.

Maryuri Álvarez García, director municipal de Planificación Física, dijo que “en aquel momento la Dirección Provincial dispuso que el tema de los garajes sería tratado por ellos”. Apuntó que el Decreto- Ley No. 322 de la Ley General de la Vivienda sobre temas constructivos con las personas naturales no establece la construcción de garajes fuera del límite de la propiedad; “en cambio, el No. 327 abre una posible solución, al hablar del proceso inversionista de determinadas empresas”, acotó.

Escambray se suma al criterio de que las arbitrariedades deben ser cortadas oportunamente, y los errores, corregidos. Alienta escuchar el punto de vista de Carlos Alberto Cárdenas Conyedo, vicepresidente para el Órgano de la Administración Municipal en Sancti Spíritus. Él concordó en que es una necesidad para muchas personas la construcción de áreas de parqueo, no sin especificar que hay atrasos en los permisos para la ejecución de viviendas por esfuerzo propio, prioridad de primer orden que no está reñida con la anterior aspiración, si se atiende a las especificidades del suelo.

“Podría determinarse una institución estatal que asuma el gasto en esa obra, que podría integrarse al desarrollo local y se cobraría el correspondiente impuesto por el uso de ese terreno”, reflexionó. Esperanza, en tanto, la afirmación en voz de Ciro Rodríguez Rodríguez: “Por indicaciones del Órgano de Gobierno Provincial, va a haber una respuesta, que ya está en estudio”.