Ignorar decisión de ONU sobre Lula daña credibilidad de Brasil

No respetar la directiva, de naturaleza obligatoria, de una entidad internacional colocará a nuestro país al margen del derecho internacional, en la misma posición que otrora fue ocupada por países como África del Sur en tiempos del apartheid, advirtió el ex canciller brasileño Celso Amorim.

Eso afectará no sólo la ‘imagen’ de Brasil (una obsesión de nuestras élites), sino también la credibilidad del país como miembro de la comunidad de las naciones civilizadas, remarcó el diplomático en un artículo publicado este martes.

Amorim recordó que la jurisdicción del Comité de Derechos Humanos de la ONU fue voluntariamente acogida por el Estado brasileño al ratificar en 2009 el protocolo facultativo sobre Derechos Civiles y Políticos.

El viernes último, puntualizó, ese órgano estableció por medio de una medida liminar que Lula, preso político hace 138 días, debe tener garantizados sus derechos políticos, incluso los inherentes a su candidatura presidencial, ‘hasta que todos los recursos pendientes de revisión contra su condena sean completados en un procedimiento justo’.

Sin embargo, tanto el ministro de Justicia Torquato Jardim, como el Ministerio de Relaciones Exteriores asumieron posturas contrarias al mandato de la organización internacional.

Jardim consideró que la ONU se entromete indebidamente en los asuntos internos de Brasil y expresó que la decisión del Comité de Derechos Humanos no tiene ninguna relevancia jurídica.

Mientras, en una nota oficial el Palacio de Itamaraty sostuvo que ‘las conclusiones del Comité tienen carácter de recomendación y no poseen efecto jurídicamente vinculante’.

Incluso ayer el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, indicado para ese puesto por el presidente Michel Temer, manifestó que la determinación del Comité de Naciones Unidas ‘no tiene efectividad jurídica alguna’.

Según el diario digital Brasil 247, la opinión del ex titular de Justicia del gobierno Temer carece de consenso en la Corte Suprema.

En ese sentido, la publicación recordó que incluso el ministro Luís Roberto Barroso, encargado de analizar en el Tribunal Superior Electoral los pedidos de impugnación de la candidatura de Lula, defendió la existencia de ‘un manantial’ de documentos internacionales que son ‘indiscutiblemente vinculantes desde el punto de vista jurídico’.