Escambray Periódico de Sancti Spíritus
El Consejo Político Nacional de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) exigió al Estado colombiano la libertad inmediata del dirigente del partido Jesús Santrich, cuyo arresto califica de ilegal.
La máxima dirección de la FARC instó también a la liberación de los más de 600 excombatientes que aún permanecen en prisión, pese a la aprobación de una ley de amnistía hace más de un año.
En igual sentido llamó al gobierno a iniciar las gestiones requeridas para la repatriación del también dirigente Simón Trinidad y otros miembros de la exguerrilla encarcelados en el exterior.
‘A todos ellos, les expresamos nuestra solidaridad y nuestra decisión de seguir luchando sin desmayo por su liberación, a la vez que los invitamos a considerar el levantamiento de la huelga de hambre’, indicó este jueves la dirección partidista en un comunicado.
El movimiento político surgido legalmente en septiembre de 2017 recabó la atención sobre el alcance de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), aprobada en las negociaciones de La Habana como única salida realista al conflicto armado.
La JEP se concibió partiendo de las múltiples responsabilidades atribuibles tanto al Estado, como a los llamados terceros, los paramilitares y la insurgencia, teniendo siempre como centro los derechos de millones de víctimas de la guerra, explicó la FARC.
Sin embargo, mencionó que desde la misma firma del Acuerdo la JEP ha sido objeto de arremetidas y distorsiones, orientadas a desnaturalizar su carácter, limitar sus alcances o desconocer sus competencias.
Quienes actúan contra la JEP y la desconocen es porque le temen a la verdad, opinó la dirección del partido de la rosa.
Añadió que eso es lo que está ocurriendo con los cuestionados procedimientos de la Fiscalía General de la Nación que, a juicio de la FARC, mantiene a Santrich tras las rejas de manera ilegal, desconociendo la JEP y pasando por encima del ordenamiento jurídico colombiano.
Ese proceder de la Fiscalía es, además, una muestra fehaciente del sometimiento absoluto de las autoridades colombianas a los intereses de Washington, impulsados a través de instrumentos intervencionistas como la DEA, puntualizó el Consejo Político Nacional del partido.
La FARC enfatizó que el caso de Santrich tiene como propósito fundamental dañar la imagen de la agrupación y afectar gravemente la implementación del Acuerdo de Paz. Reiteró asimismo que, a pesar de los grandes obstáculos, persisten en la voluntad de la construcción de la paz.
Hemos tomado la decisión de emprender el camino, nada fácil, de la política sin armas y vamos a cumplirlo, remarcó la dirección de la exguerrilla.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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