Lula, un ciudadano secuestrado por el Poder Judicial

Fachin no solo resolvió que el caso debería ir a discusión en el pleno del STF -el escenario más adverso posible para el exdignatario- sino que agregó en el análisis del recurso una evaluación sobre la aplicación del artículo 26-C de la Ley Complementar 64/90, que se refiere a la Ley de Inelegibilidad.

Ocurre que la defensa de Lula no pidió esta decisión en su recurso y un juez no puede decidir sobre lo que no le fue solicitado, manifestó el Ejecutivo Nacional del Partido de los Trabajadores (PT) en una declaración en la cual subrayó que el magistrado ‘rebasó todos los límites’.

La maniobra de Fachin evoca el espíritu autoritario de los actos institucionales editados por la dictadura para anular los mandatos y derechos de los representantes del pueblo, sostuvo el documento e insistió en que un juez -y menos un ministro de la Suprema Corte- puede ‘disponer de forma abusiva de la libertad de un hombre y de sus derechos políticos’.

En ese sentido, y en declaraciones al periódico Brasil de Fato, el abogado Marco Aurelio de Carvalho, integrante de la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD), fue categórico al afirmar que ‘existe un activismo judicial indiscutible, una manipulación orquestada por el Poder Judicial’.

El hecho que él haya acoplado ese artículo 26-C transmite a los operadores de Derecho la comprensión de que su interés es mantener a Lula preso, y pensando que podría no conseguirlo, anticipa el debate sobre las condiciones de inelegibilidad, que, en circunstancias normales, debería darse en el Tribunal Superior Electoral (TSE), explicó.

De Carvalho fue uno de los más de 270 juristas, abogados y profesores universitarios que firmaron un manifiesto por la ‘Defensa y presunción de inocencia de Lula y contra actos que debilitan la Constitución’.

El texto, difundido a raíz de la decisión de Fachin, expresó un claro repudio a ‘las maniobras de plazos y procedimientos que aplacen una decisión sobre el derecho de libertad y las garantías fundamentales que afecta no apenas al reo del caso concreto (Lula), sino la vida de millares de encarcelados en Brasil’.

Enfatizó además que causaba espanto no solo la forma anómala de la decisión que restringe derechos prioritarios y urgentes -presunción de inocencia y daños resultantes de la privación de libertad- sino que partiera de un ministro cuya biografía siempre exhibió y profesó en defensa de la Constitución de 1988 y de la democracia.

Dicho sea de paso, el mismo día en que canceló el juzgamiento de Lula, Fachin archivó una investigación de la Policía Federal sobre obstrucción de la justicia y compra de silencio de un testigo que involucra directamente al senador Ciro Nogueira, pero que también apunta a la posibilidad de revelar vínculos con el presidente Michel Temer.

UN INESCRUPULOSO JUEGO COMBINADO

Para quien todavía no lo percibió, es conveniente advertir que ‘existe un inescrupuloso juego combinado’ entre el juez federal Sergio Moro, el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF-4) y entre este último y el Supremo Tribunal Federal (STF), advirtió el cientista político Aldo Fornazieri.

El propósito evidente y ni siquiera disimulado de esa componenda consiste en mantener a Lula preso, al menos hasta después de las elecciones de octubre próximo, e impedir que sea candidato, puntualizó el también profesor de la Fundación Escuela de Sociología y Política.

Además, alertó, el juego pasa también por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Tribunal Superior Electoral (TSE), ‘y todo será hecho para que el objetivo de impedir la candidatura de Lula sea alcanzado’.

De hecho, si el plenario de la Corte Suprema llegara a juzgar el recurso extraordinario presentado por la defensa de Lula lo hará solo en el mes de agosto, pues estará de receso durante todo julio y además la Fiscalía General de la República tiene un plazo regimental de hasta 15 días para manifestarse sobre el caso antes de la votación.

Por ley, el límite para registrar ante el TSE los pedidos de inscripción de candidaturas expira el 15 de agosto. Y es para entonces que el PT tiene previsto colocar allí el nombre de su fundador y líder histórico.

Mas, la decisión de llevar o no el tema al plenario del STF está en manos de la presidenta de esa corte, Carmen Lúcia, la misma que a comienzos de abril último y soslayando la Carta Magna brasileña determinó con su voto la posibilidad de anticipar la prisión de Lula.

La togada impidió asimismo el debate de dos acciones de constitucionalidad que piden rever la posición del STF (que en 2016 abrió la posibilidad de encarcelamiento tras agotarse apenas los recursos en segunda instancia) y que igualmente habrían podido impedir el encierro prematuro del exmandatario brasileño.

De otro lado, la nueva ‘chicana judicial’ de Fachin se produjo en momentos cuando la impugnada operación anticorrupción Lava Jato venía de sufrir tres derrotas al hilo en los tribunales superiores.

Primero, el pleno del STF resolvió por mayoría de votos prohibir, por inconstitucional, la conducción coercitiva para interrogatorios; una práctica habitual de Lava Jato de la cual también fue víctima Lula.

Después, la segunda sala de la Corte Suprema absolvió por unanimidad de los cargos de corrupción y lavado de dinero a la presidenta nacional del PT, senadora Gleisi Hoffmann, al reconocer que en las denuncias presentadas por el Ministerio Público no había ninguna prueba material que sustentara las acusaciones de los delatores.

Por último, el propio colegiado concedió un habeas corpus cautelar a José Dirceu, exministro de la Presidencia durante el gobierno de Lula, quien desde el 18 de mayo cumplía una condena de 30 años y nueve meses de cárcel.

En su decisión, los ministros José Antonio Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski y Gilmar Mendes alegaron que un recurso presentado por su defensa ante el Tribunal Superior de Justicia (tercera instancia) pudiera concluir con la modificación o reducción de la condena.

Esa última determinación hizo crecer las esperanzas de ver a Lula otra vez libre, aunque especialistas en Derecho recomendaron cautela.

Fue ese el caso del jurista y profesor de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC/SP) Pedro Serrano, quien en declaraciones a Brasil de Fato pidió estar atentos al hecho de que el Poder Judicial está altamente contaminado por intereses políticos.

‘No estamos en un momento en que la democracia esté funcionando normalmente’, dijo Serrano y remarcó que ‘no tenemos un Poder Judicial independiente hoy que pueda declarar inocente a Lula, sacarlo de la cárcel y permitir que sea candidato a presidente’.