El reciente encuentro entre el presidente Daniel Ortega y obispos de la Conferencia Episcopal marca el horizonte del diálogo nacional
Estoy segura, agregó Murillo, de que a todos los asistentes nos reunió el amor a nuestro país, la fe en Dios y en que se recuperen los rumbos de cariño, encuentro, perdón, reconciliación y sobre todo bien común.
La vicepresidenta exhortó a los connacionales a no llenar sus corazones de resentimiento, rencor y odio, sino a buscar la capacidad de amarse, escucharse y entenderse para sacar al país hacia adelante.
La jerarquía católica informó ayer que entregó a Ortega una propuesta que recoge los sentimientos de muchos sectores de la sociedad, por lo que aguarda por su respuesta para valorar el futuro del diálogo nacional.
De acuerdo con el presidente de la institución, cardenal Leopoldo Brenes, cuando el mandatario responda formalmente, la Iglesia convocará a la mesa plenaria del diálogo para valorar el pronunciamiento y por lo tanto la factibilidad de continuar las conversaciones.
‘Le hemos planteado al presidente el dolor y angustia del pueblo ante la violencia sufrida en las últimas semanas y la agenda consensuada en el diálogo sobre la democratización del país’, puntualizó.
Mediadora y testigo, la Iglesia suspendido el proceso el mes pasado ante la falta de consenso entre las partes.
Para el gobierno es una prioridad abordar el derecho de la ciudadanía a la paz, el trabajo, el cese de la violencia y de los bloqueos de vías en el país.
Mientras que sectores opositores rechazan esos planteamientos e insisten en discutir una ley marco, que incluye el adelanto de comicios generales, la no reelección y aplicar recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros puntos.
El canciller de la República, Denis Moncada, advirtió que la agenda de 40 puntos que la oposición pretendía imponer conducía a un golpe de Estado.
Una ola de violencia estalló el 18 de abril en medio de protestas contra reformas al seguro social, más tarde derogadas, pero que no detuvieron las manifestaciones, a las cuales se sumaron otras demandas políticas.
Según observadores, tales reformas sirvieron de pretexto para poner en marcha un plan dirigido desde el exterior con el objetivo de desestabilizar la nación y provocar el derrocamiento del gobierno.
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