La Comisión de la Verdad, Justicia y Paz llamó al cese de la violencia y al diálogo nacional para superar la crisis sociopolítica en Nicaragua
Asimismo manifestó preocupación por la existencia de grupos violentos que actúan al margen de la ley, la buena voluntad de muchos y contrario al espíritu de justicia, paz y democracia del diálogo nacional.
Las conversaciones entre el gobierno y sectores sociales, con la Conferencia Episcopal de mediadora y testigo, son la única alternativa para solucionar cualquier diferendo, según expresó.
‘Lo que se debe evitar acá es la inmediatez, la solución tiene que tener cauces constitucionales y debe ser compartida por las partes y la población’, puntualizó Cairo Amador, uno de los cinco integrantes.
Durante una conferencia de prensa los miembros de la comisión hicieron un llamado a la prudencia, la tolerancia, el camino del orden, el equilibrio social y la defensa de los derechos humanos de los nicaragüenses.
La junta aseveró que individuos promotores del terror insisten en la violencia, rechazada por la mayoría de los nicaragüenses.
También reconoció que entre la oposición al gobierno hay grupos armados y muestra de ello, aseguró, es el asesinato y la agresión a policías y militantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
Amador desestimó que la crisis sea resultado de un auto-ataque de la Juventud Sandinista, una idea esgrimida por la oposición y no ajustada a la verdad, según consideró.
Por otra parte aseguró que averiguan supuestas desapariciones de personas y casos de detenidos, que no existen en la Policía, según confirmaciones realizadas el miércoles.
De acuerdo con el académico, la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) fortalecerá el proceso de investigación para esclarecer los sucesos.
Al principio todo surgió como una protesta espontánea, explicó, pero en el desarrollo del proceso se unieron actores que instigan al odio, la desobediencia civil y al terrorismo.
Amador reconoció el esfuerzo del gobierno para detener la situación, al llamar al diálogo nacional, invitar al país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y acordar con la OEA la conformación de un grupo para esclarecer los hechos.
El 18 de abril estalló la ola de violencia en medio de protestas contra reformas del gobierno al seguro social, más tarde derogadas, pero que no detuvieron las manifestaciones, a las cuales se sumaron otras demandas políticas.
Acorde con observadores, tales reformas sirvieron de pretexto para poner en marcha un plan dirigido desde el exterior con el objetivo de desestabilizar la nación y provocar el derrocamiento del gobierno.
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