Escambray Periódico de Sancti Spíritus
La utilización de drones en el intento de magnicidio contra el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela es el punto más alto alcanzado hasta ahora en la conspiración de políticos y oligarcas nativos, terroristas criollos y paramilitares colombianos, sustentados todos por factores oficiales de alto nivel en naciones como Colombia y Estados Unidos, país este último donde se esconde el principal financista de la fracasada conjura.
La energía que puede desatar la detonación de una carga de un kilogramo de explosivo C-4, capaz en teoría de elevar un peso de una tonelada a una altura de 150 metros, no comulga con la calificación de golpe suave en una guerra de cuarta dimensión, como se define la aplicada contra Venezuela, porque, de haber tenido éxito en descabezar de un tirón a la cúpula militar y civil de la patria de Bolívar, empezando por su gobernante, Nicolás Maduro Moros, seguramente el país habría caído en una espiral indescriptible de violencia, que habría justificado a su vez la intervención humanitaria tan deseada por Washington.
Para Maduro, lo sucedido constituye una alerta sobre el peligro que corren él y toda la dirigencia chavista, sobre todo porque sus enemigos son tan poderosos y tan carentes de escrúpulos que al parecer para ellos no hay áreas vedadas, ni procedimientos prohibidos, ni limitaciones éticas, con tal de conseguir sus criminales propósitos.
Pareciera que el Imperio pretende reeditar a través de sus vasallos una serie de atentados, como los 638 intentos frustrados contra la vida del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, cuyos ejecutores terminaron muchas veces declarando ante las cámaras de la televisión cubana y extranjera acreditada en Cuba, los pormenores de las tramas. La diferencia es que por entonces la CIA ocupaba un lugar protagónico.
Hoy todo parece indicar que, son el interés por retrotraer a los países de Nuestra América al redil imperial y la geopolítica, las razones principales que mueven el tinglado contra Venezuela, cuyas reservas hidrocarburíferas, hídricas y de biodiversidad justificarían el énfasis del Imperio en regresar a ese país a la situación existente hasta 1998, cuando sus monopolios se llevaban el 87 por ciento de los petrodólares.
La fecha del 98 es un parteaguas en esta historia, porque con el advenimiento del gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías en 1999
empezaron reformas que iniciaron la transformación del sistema político y económico de Venezuela, ejercicio que no ha tenido un solo día de paz pese a su ancha base social, debido a los sabotajes, conspiraciones, agresiones, boicots, huelgas e intentos de desestabilización de la derecha, que en abril del 2002 cristalizó en un golpe de estado contra el Presidente, frustrado por la voluntad de militares patriotas y del pueblo.
En el actual contexto, cuando han fracasado uno tras otro los más variados procedimientos de guerra sucia contra las autoridades venezolanas, y tras las victorias chavistas de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente —que acabó con la última y mortífera serie de guarimbas—, así como los exitosos comicios estaduales y las presidenciales que confirmaron a Nicolás Maduro en el cargo, a la oposición no le resta más que la violencia, pero como enfrentar a la Fuerza Armada le queda muy grande, han optado por el magnicidio.
Los 37 implicados hasta la fecha, de los cuales una decena han sido capturados y prestan declaraciones a los cuerpos de seguridad y judiciales del país, apuntan a una conjura auspiciada por el expresidente colombiano Juan Manuel Santos, quien habría apoyado a paramilitares de esa nacionalidad en su contacto con un grupo de conjurados venezolanos, conexos a su vez con el político Julio Borges, expresidente de la Asamblea Nacional —en desacato—, y con Osmán Alexis Delgado Tabosky, financista del criminal proyecto, radicado en Miami.
De momento, el Gobierno encabezado por Maduro ha pedido a Colombia y a los Estados Unidos la extradición de algunos de los que permanecen prófugos y que, se sabe, están en esas naciones, como Borges y Tabosky, consciente de que cualquier grado de impunidad servirá de incentivo a nuevos intentos cada vez más virtualmente letales.
En sus denuncias públicas, Maduro ha hecho énfasis en la responsabilidad de Santos, pues el Premio Nobel de la Paz había vaticinado no ha mucho que a su par venezolano le quedaba muy poco en Miraflores.
El otro planteamiento reiterado del mandatario obrero es que al pueblo de su país le han sido ajenos los asesinatos políticos y la práctica de eliminar físicamente a quienes no piensen igual, tan enraizada del otro lado de su frontera oeste, donde un crimen como el cometido contra el candidato liberal a las elecciones de 1948, Jorge Eliécer Gaitán, desató la espiral de violencia que ya dura 70 años y que ha costado cientos de miles de vidas e incontables sufrimientos al pueblo colombiano, razón principal de que hoy estén asentados en territorio venezolano más de cinco millones de ciudadanos nacidos en la patria del Gabo.
Basado en la realidad objetiva y en la historia, Maduro ha exhortado a sus compatriotas a hacer todo porque Venezuela no se convierta en otra Colombia, donde la vida ajena no vale nada e históricamente ha prevalecido un pensamiento único de derecha.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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