Cuando se cumplen 92 años del natalicio del mejor discípulo de José Martí, la Revolución cubana se reinstitucionaliza siguiendo los derroteros políticos delineados por su Comandante en Jefe
A Cuba y a Fidel Castro Ruz, su líder histórico, los han acusado de todo y buena parte de los planteamientos críticos en su contra se refieren al sistema de gobierno y las libertades civiles, comparando a la isla y su régimen socialista con las desacreditadas democracias representativas que imperan en este continente y en el mundo, que no son más que construcciones estatales hechas a la medida de los intereses de las minoritarias clases en el poder.
En el caso cubano, preciso es recordarlo, la sociedad burguesa presionada por las fuerzas populares y la situación internacional signada por la amenaza del fascismo a inicios de la II Guerra Mundial, parió en 1940 una constitución progresista para su tiempo, que sin embargo nunca alcanzó plena vigencia, pues la oligarquía dominante, tutelada por Washington, fue incapaz de aplicarla de forma consecuente una vez finalizado el gran conflicto bélico.
Adoptada en el clima de los frentes populares durante el primer gobierno de Fulgencio Batista (1940-1944), aquella Carta Magna fue prácticamente ignorada por las administraciones de Ramón Grau San Martín y Carlos Prío Socarrás (1944-1952), y acabada de echar a un lado a raíz del golpe de estado del 10 de marzo de 1952, cuando los remanentes legales que regían los destinos del Estado fueron sustituidos por los Estatutos Constitucionales que implementó el dictador.
Aquel acto de fuerza que acabó en Cuba con el sistema de democracia representativa dio lugar a la más burda violación de los derechos del pueblo trabajador para instaurar un gobierno de ladrones, torturadores y asesinos, que tuvo en todo momento la bendición del Gobierno de los Estados Unidos. Contra ese estado de cosas se levantó la Generación del Centenario de José Martí, liderada por Fidel Castro, que tenía entre sus objetivos prioritarios la vuelta del país al cauce constitucional y garantizar los derechos del pueblo.
En este sentido, lo planteado por Fidel en su brillante alegato de defensa en el juicio por los sucesos del 26 de julio de 1953 en la antigua provincia de Oriente y que fue conocido con el nombre de Programa del Moncada, dejó trazado el camino a seguir por los revolucionarios cubanos para los próximos años.
Tan amplio fue el alcance del Programa del Moncada, muestra de la genialidad de Fidel, que una vez logrado el triunfo, dadas las excepcionales circunstancias imperantes, sirvió como faro y guía de la línea a aplicar por la Revolución en el poder en sus primeros tiempos, en medio de un clima de constantes agresiones internas y externas.
Uno de los pretextos preferidos de los elementos de la burguesía que apoyaron el proceso revolucionario en su etapa guerrillera y meses iniciales en el gobierno, y que después la traicionaron, fue la no aplicación consecuente de la Constitución del 40, en momentos en que las nuevas autoridades combatían a brazo partido por su supervivencia, sin tener en cuenta esos críticos que aquel cuerpo legal había sido superado ampliamente por la historia.
En otras palabras: pese a sus matices progresistas, aquella era una herramienta jurídica burguesa destinada a perpetuar los intereses de la oligarquía nativa en alianza con sus protectores extranjeros y de lo que se trataba era de un cambio radical en las estructuras de poder y en las relaciones de producción vigentes para edificar una sociedad socialista.
Fidel, estudioso por excelencia de la historia, y en particular de la de su país, estuvo siempre al tanto del intenso debate en lo interno de la revolución independentista en sus primeras etapas, entre los estamentos militar y civil, en torno a los esfuerzos de este último por dar a la República en Armas instituciones propias de un país legalmente constituido, sin tener en cuenta la realidad imponderable de la guerra, lo que acarreó todo tipo de contradicciones y adversidades en el bando insurrecto.
Ello —al menos en principio—, explica que se tardase 17 años a partir de 1959 en materializarse el programa institucionalizador cubano, el cual vino a concretarse en 1976, sobre la base de un proceso revolucionario consolidado y maduro para emprender el camino hacia la puesta en vigencia de instituciones legales, fruto del nuevo ordenamiento, el cual sería consultado y posteriormente legitimado con el voto del pueblo, y que tuvo como principal impulsor al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Fidel Castro.
Consta a este redactor, porque participó en ello, que mucho antes de los trascendentales acontecimientos de 1976, se crearon comisiones de trabajo para analizar cada uno de los aspectos que tenían que ver con el cambio legislativo en perspectiva, como ocurrió con los estudios de las distintas divisiones político-administrativas.
Asimismo, la nueva Carta Magna estuvo desde un inicio cargada de simbolismo, pues fue aprobada por plebiscito popular el 24 de febrero de 1976, cuando se cumplían 81años del Grito de Baire, que marcó el inicio de la Guerra Necesaria organizada por Martí, y la Asamblea Nacional, máximo órgano de poder del país, se constituyó el 2 de diciembre de ese año, en ocasión del XX aniversario del desembarco del Granma.
En esa fecha, visiblemente emocionado, Fidel se dirigió al auditorio, en el cual, además de los 479 delegados presentes de los 481 que integraron inicialmente ese órgano, figuraban invitados y delegaciones extranjeras:
“En este acto trascendental e histórico del cual todos somos testigos vivientes, cesa el período de provisionalidad del Gobierno revolucionario y adopta nuestro Estado socialista formas institucionales definitivas; la Asamblea Nacional se constituye en órgano supremo del Estado y asume las funciones que le asigna la Constitución. Es un deber y es a la vez un gran triunfo de la Revolución arribar a esta meta”.
Luego de abundar sobre las características más señeras del flamante parlamento cubano, y de sus integrantes y su papel en la sociedad, el líder histórico de la Revolución señaló: “Nuestra forma de Estado toma en cuenta la experiencia acumulada por otros pueblos que han transitado el camino del socialismo, y nuestra propia práctica. Como corresponde a una verdadera concepción revolucionaria, aplicamos a nuestras condiciones concretas los principios esenciales del marxismo-leninismo”.
Y, consciente de la necesidad de esclarecer aspectos medulares del acto institucional en desarrollo, acotó: “No es que nuestra Revolución adquiera por ello un carácter popular, nuestro proceso revolucionario fue desde el principio profundamente popular y estuvo sólidamente enraizado en las masas. El primer acto soberano del pueblo fue la Revolución misma; nuestra revolución no nace de un golpe de estado…
“Nuestra Revolución no la impuso nadie desde fuera, ella se forjó en la lucha contra la dominación imperialista y las más enconadas y feroces agresiones desde fuera. Nuestra Revolución surgió del seno mismo del pueblo, nuestra Revolución surgió así de una pequeña semilla que hoy se ha convertido en un gigantesco árbol; es sueño secular de ayer transformado en hermosa realidad de hoy, voluntad del pueblo convertida ya en un pedazo irreversible de la historia”.
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