Escambray Periódico de Sancti Spíritus
Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, quedó inaugurado este miércoles el IX Encuentro Internacional Justicia y Derecho en el Palacio de Convenciones, de La Habana.
Las palabras de apertura estuvieron a cargo de Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, quien aseguró que los jueces cubanos están deseosos de escuchar y aprender de las disertaciones y comentarios de aquellos que han venido a ofrecer sus experiencias y sabiduría sobre los temas que les ocupan.
A la vez, afirmó, están listos para exponer y debatir sus realizaciones y puntos de vista sobre algunos de esos aspectos.
Remigio Ferro hizo referencia al hecho de que mientras se desarrolla este encuentro el mundo se estremece en nefastos acontecimientos en distintas regiones del planeta, como los conflictos bélicos y el incremento de la violencia y la inseguridad.
Además, abundó, pululan desastres medioambientales, crisis migratorias, acciones terroristas y el auge de la delincuencia internacional, entre otros males que perturban en orden creciente a la humanidad.
Igualmente proliferan los escenarios de corrupción de los funcionarios públicos, y en no pocos sitios el derecho y la justicia sufren también desmanes y abusos, sometidos por la fuerza a intereses mezquinos de individuos o grupos de poder que los manejan y pisotean a su antojo, expuso.
Esto se pone de manifiesto, reflexionó, tanto en la promulgación de normas y disposiciones que limitan y socavan derechos fundamentales y garantías de los ciudadanos o de segmentos desfavorecidos y vulnerables, como en decisiones judiciales parcializadas e injustas pronunciadas por jueces venales.
Hoy, afirmó, crece el protagonismo de jueces y tribunales en el vericueto de la política y en no pocos casos existen acciones y decisiones judiciales que amparan y protegen abiertamente los intereses de las oligarquías y a los sectores más reaccionarios y conservadores de la extrema derecha.
En otras ocasiones, alegó, arremeten contra los líderes de izquierda cuya influencia y prestigio tratan de anular sometiéndolos a persecución penal por falsas imputaciones de actividades ilícitas mediante resoluciones parcializadas.
En Cuba, aseveró, prevalece el criterio de que la misión de los jueces implica el deber de impartir justicia con clara noción y sentido de lo justo, y que su actuación y decisiones en el proceso se caractericen por su sustento legal, transparencia y nivel de equidad.
Para eso, subrayó, es necesario que al impartir justicia los órganos jurisdiccionales, además de apoyarse en lo establecido en los textos legales, asuman que el contenido estricto de las leyes no siempre basta para decidir un asunto en justicia, razón por la cual los legisladores precisan apoyarse, además, en los razonamientos lógicos, el sentido común y el análisis circunstanciado y sereno de los hechos que juzgan.
El Presidente del Tribunal Supremo señaló que en el caso de los jueces, la imprescindible libertad de que deben disponer para impartir justicia sin interferencias ajenas, tiene, como contrapartida incuestionable, el deber de hacerlo con total apego a los procedimientos legales, y el respeto a las garantías del debido proceso.
Remigio Ferro informó que el Tribunal Supremo trabaja desde hace algunos años en el diseño e implementación de un sistema propio de gestión de la calidad con las adecuaciones pertinentes, las categorías y conceptos de las normas internacionales que regulan los modelos de actuación en ese ámbito.
La meta final de ese esfuerzo, declaró, es contar con un manual de calidad como herramienta metodológica de referencia para procurar la mejora continua en el desempeño de los órganos jurisdiccionales.
Es obvio, acotó, que donde no exista una clara voluntad política de fomentar el bienestar general de la población y una verdadera vocación por la justicia y la armonía social, tampoco estará entre las prioridades o preocupaciones de los gobernantes la mejoría cualitativa del desempeño de la justicia.
El IX Encuentro Internacional Justicia y Derecho, que concluirá el próximo viernes, cuenta con la participación de alrededor de 900 delegados e invitados de 27 países.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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