Escambray Periódico de Sancti Spíritus
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) de Ecuador ratificó este 24 de julio la orden de prisión preventiva contra el expresidente Rafael Correa, una decisión que la defensa consideró arbitraria, desproporcionada e ilegal.
Correa, quien gobernó el país de 2007 a 2017 y ahora reside en Bélgica, está sindicado por supuesta implicación en el caso del secuestro en Bogotá del exlegislador Fernando Balda, en 2012.
Sin existir pruebas en su contra, la jueza Daniella Camacho dispuso el pasado 3 de junio la prisión preventiva contra el exmandatario y emitió la alerta roja para que la Policía Internacional (Interpol) lo detenga y extradite a Quito.
Durante la presente jornada, los magistrados de la sala especializada de lo penal de la CNJ declararon improcedente un recurso de apelación presentado por la defensa para impedir la detención.
Los letrados Marco Rodríguez, Richard Villagómez e Iván Saquicela decidieron mantener la medida cautelar que le fue impuesta al exgobernante el 3 de julio, luego de incumplir la primera orden que le pedía presentarse a la justicia ecuatoriana cada 15 días, por residir en Bélgica.
De acuerdo con el abogado de Correa, Caupolicán Ochoa, la orden de prisión contra el expresidente fue atropellada, arbitraria, desproporcionada e ilegal, y es contraria a los derechos humanos.
Recordó Ochoa que el secuestro del exlegislador ocurrió en Colombia y corresponde a la justicia de ese país indagar el hecho.
El jurista anunció la posibilidad de llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al Comité Europeo de los Derechos Humanos o a cualquier otra instancia internacional.
Un análisis jurídico realizado por el profesor Oswaldo Ruiz-Chiroboga y publicado la pasada semana en el sitio ecuadorinmediato.com señala que las medidas cautelares ordenadas contra Correa y la falta de indicios sobre su participación en el delito investigado, demuestran que ‘el expresidente ha visto mermados sus derechos a las garantías judiciales’.
‘Existen serias, objetivas y fundadas muestras de que el proceso penal es una persecución política en contra del expresidente’, señaló la investigación.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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