Reforma Constitucional en Cuba: Voluntad soberana del pueblo

En pleno proceso nacional de discusión y aprobación del Proyecto de la nueva Constitución cubana, y concluida la etapa de debate a nivel de la sociedad, se desarrolla ahora la fase de análisis, adecuación y aprobación del proyecto definitivo a nivel del Parlamento y de expertos para someterlo a sufragio popular a inicios de 2019, con lo que la flamante Carta Magna cobrará vigencia.

No se requiere ser superdotado para percatarse de la importancia extrema del paso que está dando Cuba al sustituir la Constitución Socialista de 1976 con la nueva Ley de leyes, por cuanto, si como resulta nuestro deber ciudadano, estamos informados de los cambios y modificaciones introducidas en el nuevo y supremo instrumento jurídico, quedará de inmediato a nuestra vista el gran salto en el perfeccionamiento formal y en el ordenamiento jurídico e institucional del país, que tal cambio representa.

Hay que presuponer que nuestros conciudadanos han tenido oportunidad de informarse acerca de tan relevante tema, porque de todos es conocido que el Proyecto original de la nueva Constitución fue editado y vendido en todo el país, y que luego nuestros compatriotas tuvieron la oportunidad de debatir el texto en sus centros de trabajo, organizaciones y a nivel de cuadras en los Comités de Defensa de la Revolución.  

Por tanto, todos somos testigos de primera mano de las grandes facilidades otorgadas a la ciudadanía para expresar su opinión en relación con determinado artículo o acápite, ya fuese en el sentido de modificarlo, añadir términos, suprimirlo, ampliar su alcance o, en su defecto, de solicitar aclaraciones sobre un aspecto dado. 

Nosotros, los cubanos, salvo contadas excepciones, solemos desconocer cabalmente el contendido de nuestra Ley de leyes, algo que estamos llamados a enmendar. Por otro lado, según expresa un principio jurídico, el desconocimiento de la ley no exime de la responsabilidad de cumplirla.

Vivir en sociedad implica la necesidad de regirse por un sistema de códigos. En el caso de la nuestra, tenemos el privilegio de que ese sistema jurídico, representado por la Carta Magna, refleja verdaderamente los intereses de la inmensa mayoría del pueblo.

Si hiciéramos una comparación del Proyecto de Constitución con las de otras naciones, veremos de inmediato las grandes ventajas de la nuestra, por cuanto, además de garantías jurídicas y de derechos políticos, como recogen muchas en los llamados “países democráticos”, la cubana incluye también el derecho a la vivienda, el trabajo, la educación, la salud y la alimentación, entre otros muchos, que las sociedades de consumo no pueden asumir, al menos integralmente. 

En Cuba se da en este momento una coincidencia trascendental en los campos jurídico, económico y social, pues desde hace algunos años contamos con los Lineamientos de la Política económica y social del Partido y la Revolución que son como una Biblia en estos campos para el desarrollo perspectivo del país, y ahora se suma la Carta Magna 2019, que desde el punto de vista legal e institucional viene a complementarlos.

En eso también nos diferenciamos de los demás estados y ello hace que la patria de Céspedes, Martí y Fidel emerja como un fenómeno único en cuanto a democracia, institucionalidad, legalidad y proyección política, económica y social.

Un grupo de estadísticas oficiales informadas a los diputados por Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado de Cuba, son bien ilustrativas de las afirmaciones hechas en este comentario. 

Entre el 13 de agosto y el 15 de noviembre del presente año se celebraron 133 681 reuniones para el debate del Proyecto, con una asistencia de 8 945 521 personas. En dichas reuniones se realizaron 1 706 872 intervenciones, de ellas 783 174 propuestas. Igualmente, fueron recibidas 2 125 opiniones realizadas por los cubanos residentes en el exterior.

Ya de entrada, el dato de la inclusión de los cubanos que viven en el extranjero es algo novedoso, por cuanto lo que más hacen en otros países es darles derecho al voto.

Según Acosta Álvarez, la comisión redactora de la Ley de leyes hizo 760 cambios, que van desde una palabra o frase hasta la agregación de un párrafo o artículo completo. “Todo lo que contribuyera a mejorar el texto lo asumimos”, apuntó el alto funcionario. En total unos 134 artículos fueron modificados, lo que representa casi el 60 por ciento; tres se eliminaron y solo 87 se conservan en su forma original, y ello es prueba contundente de la preponderancia de la voluntad del pueblo.