Durante el II Encuentro provincial de presidentes de consejos populares en Sancti Spíritus, trascendió que muchas de las problemáticas que golpean el día a día de las comunidades y barrios esperan todavía por que lo estipulado se exprese en la práctica
No hace falta desempolvar las normativas relativas al trabajo de los consejos populares y sí recordar que esa organización, que tanto entusiasmó a Fidel cuando encontró la estructura ideal para enlazar el Gobierno con la comunidad, está investida de la más alta autoridad para el desempeño de sus funciones; representa la demarcación donde actúa y, a la vez, se erige en representante de los órganos del Poder Popular municipal, provincial y nacional.
Días atrás tuvo lugar el II Encuentro provincial de presidentes de consejos populares del actual mandato, una convocatoria útil y tan necesaria que casi un día es poco para agotar la abultada agenda prevista para el intercambio, cuya esencia tiene como objetivo actualizar e informar a esos gobernantes de barrio sobre el acontecer socioeconómico del territorio.
No fue una cuestión de mala planificación; al contrario, la reunión partía de una correcta organización temática, solo que los presidentes de consejos populares no desaprovecharon ninguna oportunidad para ventilar o reclamar soluciones e información sobre los más variopintos problemas de sus demarcaciones.
Entonces sobrevino una especie de rendición de cuenta adelantada —la del delegado está por delante—, un intercambio directo, sin protocolos y si un matiz prevaleció fue el crítico. Pocos asuntos se miraron desde la complacencia y se reiteró el reclamo de la Asamblea Provincial sobre la necesidad de que los presidentes de consejos populares perfilen el control y fiscalización de las dependencias estatales localizadas en sus fronteras ejerzan con más eficacia el trabajo de Gobierno en la base.
Puede afirmarse que el encuentro fue un verdadero ejercicio de democracia, porque hubo espacio para el planteamiento de esos representantes, quienes más de una vez discreparon de respuestas incompletas. También salieron a relucir debilidades como la falta de una prioridad real al Consejo Popular por diversas entidades, mala comunicación, soluciones dilatadas —a veces más por razones subjetivas que objetivas— y el trecho que le queda por recorrer a las administraciones en materia de atender bien a esas estructuras.
Aunque se establece que el Consejo Popular exija a las entidades en su radio de acción la contribución para solucionar problemas locales, en la práctica para determinados asuntos no bastan tales facultades y se requiere la intervención de otras instancias. Entre los argumentos que ilustraron tales descalabros sobresalieron las palabras del presidente del Consejo Popular FNTA, quien expuso el mal estado de los viales y dijo: “La Agricultura nos dice que no tiene presupuesto para eso, no se lo dan, entonces ese control escapa al ámbito del consejo”. Otro ejemplo llegó a través del camino que enlaza a la comunidad 17 de Mayo, en Cabaiguán, con El Pedrero, en Fomento. “Si una unidad productora no tiene dinero para pagar a los obreros, ¿podrá aportar fondos para arreglar el camino?”.
La vialidad rural está de mal en peor y mucho tiene que ver el golpe de lluvia de mayo pasado. Pero, “a la comunidad Victoria de Girón —en pleno lomerío trinitario— no puede entrar desde hace años la canasta básica y la sitúan en otro punto desde donde hay que moverla por medios propios, ¿va a estar toda la vida ese camino sin arreglarse?”, demandó el presidente del Consejo Popular de El Algarrobo.
El encuentro de presidentes de consejos populares ensanchó la agenda para canalizar un apreciable número de planteamientos que bien pudieron ventilarse en el entorno municipal si las entidades y funcionarios estatales fueran consecuentes con las orientaciones del Presidente Miguel Díaz-Canel de atender con sensibilidad los problemas de la población, de elevar la exigencia ante lo mal hecho y su llamado al vínculo constante y necesario de los jefes con la base.
Tal vez no era la tribuna, pero fue oportuno que la presidenta del Consejo de El Patio, en Jatibonico, alertara del masivo desbordamiento de aguas albañales, los riesgos de enfermedades “y cuando lo planteamos se nos mira mal en el municipio”, expresó.
La ocasión sirvió para ofrecer disímiles informaciones del contexto socioeconómico provincial, también esclarecer reclamos como el de la presidenta del Consejo Popular de La Purísima, en la periferia de Trinidad, acerca de la necesidad del transporte urbano en la villa.
No es política del país llevar este servicio a las cabeceras municipales, informó la presidencia de la Asamblea Provincial; pero, ¿qué alternativas quedan para el asunto que dio pie al planteamiento? “Tengo personas enfermas en mi Consejo que para ir de La Purísima al Hospital de Trinidad tienen que pagar 120 pesos a las máquinas o motorinas”, sostuvo la presidenta del sureño territorio. ¿Acaso esta estructura de Gobierno podrá atajar y transformar semejante oportunismo?
Es cierto que el Consejo Popular tiene facultades para tomar decisiones en lo que respecta a su radio de acción y constituye una verdadera autoridad en la zona, que no administra ni distribuye nada; pero tiene que ver con todo, como aseveró en agosto pasado en Sancti Spíritus Esteban Lazo, presidente del Parlamento cubano. Mas, la vida enseña, y dicho intercambio lo acuñó, que muchas de las problemáticas que golpean el día a día de las comunidades y barrios esperan todavía por que lo estipulado se exprese en la práctica y en cada instancia estatal rija la orientación dejada al territorio por el propio Esteban Lazo: “Hay que ponerle el alma y el corazón al trabajo para servir cada día a nuestro pueblo”.
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