Escambray Periódico de Sancti Spíritus
La Cámara de Senadores del Congreso argentino aprobó la realización de allanamientos en tres domicilios de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner ordenados por el juez Claudio Bonadío en el marco de la denominada “causa de los cuadernos”, donde se investigan presuntos entramados de corrupción que habrían sido registrados en manuscritos por un chofer del entorno gubernamental durante la Administración anterior.
Durante su intervención en el Senado, Kirchner dijo que se trata de un hecho “inédito” porque “no es cierto lo que se dijo acá, de que en el año 2001 se allanó a un senador con motivo del escándalo de los sobornos (…) nunca se allanó la propiedad de un senador”. Señaló que lo que ocurre en Argentina en su contra es “la utilización del Poder Judicial como un instrumento de persecución y proscripción de dirigentes populares”, algo que sucede a “nivel regional”.
Vale repasar que el debate parlamentario para proceder con el accionar judicial era necesario ya que Kirchner, al ser senadora por la provincia de Buenos Aires, contaba con inmunidad. En efecto, la semana pasada ese cuerpo del Congreso había intentado tratar el tema, pero varios legisladores se ausentaron y la jornada no pudo desarrollarse por no tener el número mínimo de senadores presentes.
Por otro lado, cabe mencionar que el magistrado Bonadío acumula cinco investigaciones contra la expresidenta por causas de presunta corrupción o complicidad en graves delitos penales. En ese sentido, ya había ordenado su prisión preventiva por considerar que Kirchner intentó encubrir a ciudadanos iraníes sospechados de cometer el atentado a la Asociación Mutual Israelita en Argentina (AMIA), perpetrado en 1994, dejando 85 víctimas fatales.
Así las cosas, en la noche del martes miles de personas se manifestaron en las cercanías de aquel establecimiento capitalino para exigir que se proceda con los allanamientos y el desafuero de Kirchner, que se debatirá en septiembre; si el Senado aprueba la expulsión de la dirigente, se podría concretar la cárcel ordenada por Bonadío, aunque no haya una sentencia previa.
La causa de los cuadernos
El caso actual tiene en vilo a gran parte de la población argentina y los avances o retrocesos de las actuaciones judiciales ocupan la atención de los medios de comunicación. La causa comenzó hace pocas semanas, cuando la Justicia local recibió la información sobre la aparente existencia de unos cuadernos donde durante más de diez años se habrían detallado varios artilugios de corrupción vinculados a los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner, su entorno y varios empresarios, sobre todo aquellos dedicados a la obra pública.
Los supuestos ocho cuadernos pertenecían a Oscar Centeno, un remisero de Roberto Baratta, quien colaboraba con Julio de Vido, el ex ministro de Planificación en el Gobierno anterior. En otras palabras, Centeno estaba en permanente contacto con altos funcionarios peronistas mientras el matrimonio Kirchner se mantuvo en la Presidencia. Por otro lado, vale repasar que actualmente De Vido está preso por otro caso, aunque aún no tiene condena.
Regresando al litigio por los cuadernos, se sostiene que sus páginas contienen información clave para conocer detalles sobre delitos de corrupción en torno a la obra pública. Desde ese punto de vista, la hipótesis principal señala que el remisero acumuló aquella preciada información durante aproximadamente una década.
La revelación sobre estas anotaciones llegó a la Justicia gracias a la expareja del conductor, Hilda María Horovitz. Sin embargo, hasta el día de hoy los cuadernos originales no aparecieron; el propio Centeno, es decir, su creador, afirma que los quemó a principios del 2018. Por lo pronto, la exmandataria planteó que se aparte al juez Bonadío de la causa por tratarse de un letrado que ya inició varias casos en su contra y eso lo considera una instigación. Además, también hay críticas por supuestas incompatibilidades en la designación de Carlos Stornelli como fiscal investigador ya que ejerció funciones en el club Boca Juniors cuando era dirigido por el actual presidente argentino, Mauricio Macri.
“Que no haya cámaras de TV”
Además, Kirchner envió una nota a sus pares del Parlamento afirmando que acepta los allanamientos pero planteó algunos requisitos para ser considerados en la votación del miércoles. En esa línea, instó a que las investigaciones se realicen solo con los fines de la causa en cuestión y no para “su posterior difusión mediática con intencionalidad política”. Con ello se hacía referencia a posibles filmaciones en el interior de estas propiedades con el presunto fin de perjudicar su imagen.
Sobre aquel punto, solicitó: “Que no haya cámaras de televisión ni fotográficas, para evitar así la posterior difusión de imágenes en programas oficialistas con clara intención de humillación y hostigamiento hacia mi persona”. A su vez, pidió que estén presentes sus abogados cuando las autoridades entren a los domicilios y un senador designado por ella.
Con ironía, agregó: “Si encuentran lingotes de oro, millones de dólares o piedras preciosas en bolsas, se los pueden llevar; pero si encuentran un anillo o un collar, está claro que son objetos de mi uso personal”. Y para cerrar, pidió “que Bonadío no rompa nada”.
Por otro lado, vale decir que la dirigente sudamericana, el 17 de agosto publicó un escrito donde ridiculizó las sospechas y apuntó contra el tratamiento mediático de los diarios Clarín y La Nación, los más consumidos en Argentina: “He decidido no hacer comentarios sobre remiseros ‘arrepentidos’ que dicen haberme visto en pijama, ni tampoco opinar sobre exfuncionarios de cuarta línea”.
En aquel texto desmintió acusaciones que la vinculaban con el empresario de obras públicas Gabriel Romero, “nuevo ‘arrepentido’ que, según títulos catástrofe de Clarín y La Nación, habría pagado por un decreto presidencial”, escribió. Para concluir, denunció un “evidente manejo extorsivo de la figura del ‘arrepentido’ llevado a cabo por Bonadío y Stornelli”.
Con este panorama, todavía resta por ver el resultado de los allanamientos y sus posteriores repercusiones.
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Escambray / ISSN 9664-1277
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