El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, dijo este lunes que su gobierno no ha otorgado el asilo diplomático al político Alan García, y argumentó que “en Perú funcionan autónomamente y libremente los tres poderes del Estado y es precisamente el Poder judicial el que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos del expresidente peruano”.
“En pocas palabras, no hemos concedido el pedido de asilo”, precisó Vázquez en una rueda de prensa junto al canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa.
El gobierno uruguayo analizó el pedido de asilo de García (presidente en los periodos 1985-1990 y 2006-2011) y un informe entregado por el gobierno del presidente peruano, Martín Vizcarra.
A la hora de negar la solicitud de asilo, Montevideo señaló que sobre Alan García hay una investigación por temas administrativos y económicos que no tiene relación con asuntos políticos.
“Este material fue enviado desde el gobierno de Perú, más de mil hojas que tuvimos que leer y estudiar, con mucho gusto, así como las cartas que presentaron los abogados y el expresidente, el doctor Alan García”, explicó Vázquez.
“Dejamos de lado toda otra comunicación que nos llegara que fue múltiple, de organizaciones no gubernamentales, de instituciones internacionales de derechos humanos, de opiniones políticas, de dirigentes políticos de diferentes lados; incluso hubo un torrente de llamadas de prensa internacional interesada en el tema”, agregó.
El presidente uruguayo subrayó que su gobierno hizo “un profundo estudio de la situación, en conjunto como lo establece la ley”, y teniendo en cuenta las opiniones de la Cancillería y de “otros elementos jurídicos de otros autores”.
García se refugió en el consulado uruguayo el 20 de noviembre tras la orden de un juez de que se le prohibiera salir del país durante 18 meses mientras se investigan las denuncias de que recibió pagos ilegales del gigante de la construcción brasileño Odebrecht.
Ahora, según se conoció en la rueda de prensa, se le ha invitado a retirarse de la representación diplomática.
Según el canciller peruano, Néstor Popolizio, García, quien alega ser víctima de una “persecución política”, ya salió de la embajada.
“Tengo ya la información del embajador (uruguayo) Carlos Barros que (Alan García) ya se retiró, ya salió de la embajada”, declaró Popolizio a una emisora de radio limeña.
El presidente Martín Vizcarra y funcionarios del Poder judicial de Perú han negado la versión de que García sea objeto de persecución política, y organizaciones internacionales de derechos humanos han señalado que su pedido de asilo es una “táctica para eludir la justicia”.
Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, dijo que el gobierno peruano envió “la información correspondiente dando cuenta de la situación del señor García” y que ese es uno de “los elementos centrales que se han hecho y ha valorado el presidente de Uruguay”.
Ahora, añadió, el Ejecutivo deja “a las competencias del sector de la Justicia” si se le pide una orden de detención de García, ante la posibilidad de que intenta evadir las investigaciones que se le siguen por presunta corrupción. “Lo que pase internamente no corresponde a lo político, sino a las acciones del Ministerio Público y al Poder Judicial”, aclaró.
La semana pasada, mientras García estaba en la embajada uruguaya, la fiscalía peruana abrió una nueva investigación al expresidente por supuestas irregularidades en otra licitación pública no relacionada con Odebrecht.
De acuerdo con el expediente de la fiscalía, en 2011 García, entonces presidente, y otros 21 funcionarios conspiraron para facilitar que la empresa holandesa ATM Terminals ganara la concesión de la terminal norte del puerto del Callao.
Bajo investigaciones de la fiscalía relacionadas con el caso Odebrecht en Perú están también los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), así como la política opositora Keiko Fujimori, en prisión preventiva hace un mes.
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