Barrios al margen de la ley en Sancti Spíritus (+fotos)

Suelen tener aspecto irregular, incluso deplorable. Sus rústicas moradas carecen de alineación; no hay viales o aceras que las conecten y los servicios de alcantarillado y agua potable resultan, muchas veces, lejanas quimeras. Cuentan que algunos nacen en cuestión de días, como aquel caserío en la Circunvalante Sur de Trinidad donde se detectaron 22 parcelas en diferentes fases de construcción, o ya delimitadas, a cuyos “dueños” se ha multado de forma reiterada.

Levantados a base de tablas o de sus recortes, incluso con bloques de hormigón, pero sin permiso o asesoría técnica alguna, esos barrios o grupos más pequeños de viviendas que en los registros rezan como focos (los primeros agrupan 50 o más; los segundos, menos de esa cifra), palpitan al margen de la legalidad. Son, en no pocos casos, vecindarios funcionales, donde se procuran soluciones por los mecanismos establecidos.

Surgieron todos por las mismas razones y circunstancias: la necesidad de un techo bajo el cual vivir y la falta de un seguimiento permanente a las construcciones en el entorno urbano.

UN INTERÉS DE LA NACIÓN

Cuando en la Primera Sesión Ordinaria de la VIII Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en julio del 2013, el entonces Presidente cubano Raúl Castro Ruz habló del deterioro de valores a lo largo de más de 20 años de período especial, colocó el énfasis en un grupo de anomalías que era preciso enfrentar, dijo, a pesar de las reacciones “de la gran prensa internacional, especializada en denigrar a Cuba y someterla a un frenético escrutinio”. Entre esas violaciones mencionó la propagación,con relativa impunidad, de construcciones ilegales, y la ocupación no autorizada de viviendas.

De entonces a la fecha, e incluso antes, no han cesado la preocupación y la acción de las máximas autoridades del país por erradicar indisciplinas e ilegalidades de cualquier tipo. “El origen de todo esto es la necesidad de vivienda, quizás el único problema no resuelto de todos los expuestos por Fidel en el programa del Moncada, tal y como nos lo recuerda el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés en algunos encuentros”, aduce Noel Carballo González, vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial que atiende las Construcciones.

Según asevera, “todos empezaron sin autorización alguna y por no percibirlo, enfrentarlo y exigir en su momento lo que corresponde continúan las construcciones”. Habla de los siete barrios ilegales identificados en el 2012 y que aún persisten como tales, donde se agrupan 481 domicilios; y de los 12 focos con el mismo apellido, que aglutinan a 279 familias.

Ciro Raúl Rodríguez Rodríguez, subdirector de Inversiones, Trámites y Control del territorio en la Dirección Provincial de Planificación Física, concuerda en que después del 2012, cuando a tenor de un Acuerdo del Consejo de Ministros se indicó un plan integral de enfrentamiento a las ilegalidades, el asunto ha tenido más seguimiento y existe mayor control, pues a través de las autoridades del barrio han solicitado apoyo y se percibe más respeto por parte de la población.

“Como regla, en el caso de los barrios tienen todo lo que se necesita para legalizarse: contador de electricidad, servicio de agua, disposición final de los residuales, cambio de dirección y libreta de consumidores; lo único que ha venido faltando es venderle el derecho perpetuo de superficie a esas familias”, especifica.

Pese a las acciones, no fue hasta el 27 de mayo del presente año que entró en vigor el Acuerdo No. 8574 del propio Consejo de Ministros, del que se deriva un proceso de ordenamiento y legalización de todas las viviendas que no violan las regulaciones urbanas territoriales, por lo que no se contraponen a los planes de ordenamiento territorial. “Este trabajo ya empezó. Hay viviendas que será necesario reubicar, pero otras ya identificadas se quedarán”, aclara la fuente.

No es cosa de coser y cantar. Con frecuencia se imponen multas y luego los infractores continúan las acciones; en fines de semana, cuando no hay inspectores, se multiplican más. Hay lugares totalmente funcionales donde todos halan parejo, como un asentamiento en Sancti Spíritus, en áreas posteriores a la escuela primaria Federico Engels, cuyo delegado de circunscripción se sumó a los trabajos para conectar los hogares al servicio de acueducto, como si fuese un beneficiario más.

Lorenzo Yasmani López Hernández, joven habitante de dicho caserío, que incluye 27 viviendas y en papeles reza como Hornos de Cal (Colón), explica que cada uno de ellos posee la misma dirección: calle Tercera del Oeste Final, s/n. “Yo fui inspector de la vivienda primero e inspector integral después, me he documentado por la televisión y he estado indagando. Tengo tres hijos, necesitaba tener lo mío y mi mamá me cedió su patio. Pero ni la casa de ella, que empezó con ayuda estatal hace ya 11 años, se ha podido legalizar, aunque ambas cuentan con las condiciones que se exigen”, reseña.

SEIS AÑOS PARA TODAS LAS SOLUCIONES

“Se estableció un cronograma de erradicación de ilegalidades, que la provincia ha venido cumpliendo. El plazo para ordenar y legalizar el país es de seis años, a partir del 27 de mayo pasado”, subraya Ciro Raúl Rodríguez Rodríguez. También detalla situaciones que son objeto de análisis para definir el procedimiento, como esos grupos de viviendas levantadas en las cercanías de centros industriales de los que emanan sustancias tóxicas.

Aunque los otros municipios no están exentos del problema, Trinidad lleva la voz cantante en el asunto que nos ocupa. Al ser una zona eminentemente turística y con perspectivas de desarrollo, a ella se acercan muchas personas que procuran empleo y tratan, en consecuencia, de asentarse en sus predios. Allí radican cinco de los 12 barrios ilegales identificados —los dos restantes se localizan en Cabaiguán y Taguasco—, y uno de ellos, el de Las Piñas, suscita alarma porque muchas de sus viviendas, con sus residuales sanitarios, se ubican cerca de los pozos de abasto de agua a la ciudad.

Bajo la influencia de los residuos que arrastra el aire desde la planta de asfalto y la fábrica de baldosas se encuentra un núcleo de domicilios en el Camino de Santa Cruz, cabecera provincial, y en las inmediaciones de la Fábrica de Oxígeno y Acetileno ha crecido otro de los llamados focos. En Taguasco se valoró la situación de 31 hogares expuestos a posibles contaminaciones por su proximidad a la fábrica de cemento Siguaney. Para esos y otros casos se concluyó que la propuesta es demoler.

“La demolición hay que ordenarla y planificarla en el tiempo, estará en dependencia de los planes de inversiones. Ahora construimos básicamente para los afectados de derrumbes totales, pues nos quedan todavía 900 del huracán Irma, que entrarán en los planes del 2020 y el 2021”, puntualiza el vicepresidente del Consejo de la Administración Provincial y agrega: “Para los residentes en los domicilios que sean demolidos habrá dos variantes. Una, la construcción por esfuerzo propio, que incluye definir el terreno donde tendrá lugar y la entrega del Derecho Perpetuo de Superficie. Las zonas están identificadas en la periferia de la ciudad, pero requieren de urbanización y ahora no contamos con financiamiento aprobado para ello. Eso implica instalaciones hidráulicas, servicio eléctrico, disposición de residuales y viales.

La otra variante es el plan estatal, de acuerdo con el cual, según la fuente, se ubicará cada año a los casos más críticos, en la medida en que resulte posible, en los edificios que se construyan. También significa que “ninguno va a quedar abandonado a su suerte”, y agrega que hay municipios, como La Sierpe, donde se han resuelto de esa forma algunas situaciones.

En teoría, Cuba quedará libre de viviendas precarias en un plazo de 10 años, lo cual pasa por el mejoramiento de su fondo habitacional. En la práctica, habrá que ver si antes de ello los barrios y focos ilegales pierden su nombre, como está pactado. Si los huracanes, tan dados a golpear nuestro archipiélago, nos proporcionan esa tregua.

No todo puede dejarse en manos de los inspectores. “Los nuestros cumplen cometidos técnicos decisivos y hay términos que no se pueden infringir”, advierte el directivo de Planificación Física. Insiste en que “si cada cual hiciera lo que le corresponde las cosas andarían mejor”.

Se impone el raciocinio de quienes improvisan chozas a como dé lugar, donde el antojo les indica. Es preciso ceñirse a la legalidad como único recurso para contar con entornos civilizados, en los que no se viole el derecho ajeno ni, mucho menos, el interés de la nación.