Después de más de tres semanas de protestas en Colombia, la Confederación General del Trabajo informó este viernes que terminó sin acuerdo la nueva reunión entre el Comité de Paro y el gobierno.
Mientras el gobierno insiste en que sea una ‘conversación’, el Comité demanda que sea una negociación, comunicó a través de su cuenta en Twitter donde precisó además que está previsto otro encuentro entre las partes el próximo 17 de diciembre.
Estratégicamente, (el presidente Iván) Duque no reconoce las diferencias entre dialogar, conversar y negociar, usa mediadores para un acercamiento con el Comité, pero no muestra voluntad, manifestó por su parte la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación.
Al respecto, Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, ha reiterado que ‘no se ha llegado a acuerdos porque tenemos discrepancias con la posición del gobierno frente al carácter de que ésta es una mesa de negociación con el Comité’.
Sigue existiendo una diferencia sobre el alcance de la mesa. Ellos hablan de unas ‘conversaciones’, mientras nosotros insistimos en la necesidad de una mesa de negociación con el Comité separada del ‘diálogo nacional’ del gobierno, detalló.
Igualmente, apuntó, mantenemos el criterio de que esta negociación la haremos en el contexto de las movilizaciones que estamos realizando.
Por su parte, Diego Molano, director del Departamento Administrativo de Presidencia y encargado de lo que Duque denominó ‘conversación nacional’, manifestó recientemente que esa iniciativa planteada por el jefe de Estado ‘reconoce a todos los colombianos, a los que marcharon, a los que no marcharon».
En el pliego de peticiones que entregó a la Presidencia de la República, el Comité pidió la disolución del Escuadrón Móvil Antidisturbios, sobre el que llueven las críticas por los que muchos consideran uso excesivo de la fuerza durante las protestas, y la depuración de la Policía Nacional.
Empero, siguen las denuncias por lo que varias voces ven como uso excesivo por parte de la Fuerza Pública contra las manifestantes.
Además, el Comité pidió que el gobierno no adelante proceso alguno de privatización o enajenación de bienes del Estado independientemente de su participación accionaria.
Sin embargo, fue emitido un decreto presidencial que, en opinión de muchos, abre la puerta a la privatización de empresas públicas.
El Comité solicitó que el Ejecutivo inicie con las organizaciones respectivas la implementación y cumplimiento de los acuerdos firmados; que se tramite con la entidad Dignidad Agropecuaria Colombiana los temas relacionados con las necesidades de los productores agropecuarios, entre estos la revisión de los Tratados de Libre Comercio y todo lo relacionado con la producción en ese sector.
Pidió también que el gobierno aborde con al movimiento ciudadano Defendamos la Paz el proceso de cumplimiento e implementación de los Acuerdos de Paz, firmado en 2016 entre el Estado y la exguerrilla FARC-EP.
Asimismo, insistió en la necesidad de que se definan las políticas ambientales, protección de páramos y demás con los representantes de las organizaciones ambientales que se acuerden.
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