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En aguas tranquilas, demonios se agitan. Verdad que desoyó aquel ciudadano residente en Cabaiguán, Sancti Spíritus, dispuesto a vivir del robo de combustible por enésima vez. Nada le hizo sospechar que ese día de abril último la Policía siguió sus pasos hasta el kilómetro 336, de la Autopista Nacional.

Allí cargaba las vasijas plásticas con el petróleo que le vendían choferes de rastras procedentes de Cienfuegos, y el cual luego revendía a porteadores privados de aquí. Una especie de Cupecito particular. Ganancia neta para todos, quienes al final desangraban al Estado con una naturalidad de espanto.

Pero las aguas nunca son apacibles en el mercado negro, y ello lo confirmaron los integrantes de esa cadena delictiva, sometidos actualmente a proceso penal, demostrativo de que en el enfrentamiento a este fenómeno de siete suelas —por lo enraizado que está en Cuba— no habrá paños tibios.

No hay otra opción por una razón de peso mayor. La alerta la exponía el Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez en el balance anual del Ministerio del Transporte en marzo pasado: “Debemos despojarnos de ese problema que muestra como no confiable o creíble la acción de Gobierno”, y después añadía: “Cuando se analizan las ventas de los servicentros, las cuentas no dan”.

Los cálculos desvisten el robo: las unidades comercializadoras de la sucursal de Cimex S.A. en Sancti Spíritus promediaron una venta diaria de 0.43 litro por vehículo particular hasta junio del año anterior; en tanto, en igual etapa del presente, la cifra ascendió a 4.16.

Habría que preguntarse en qué medida el leve incremento en el expendio obedece a la disminución de las asignaciones de combustible a las entidades estatales, o a la solicitud del chip (vale de consumo) a los conductores particulares e, incluso, a las acciones de enfrentamiento, o a la combinación de todo ello.

PASTEURIZADORA CON LA CALDERA ENCENDIDA

Si de robo de combustible se trata, los caminos conducen a la UEB que hoy responde al nombre de Productos Lácteos Sancti Spíritus, bautizada de antaño como Pasteurizadora, cuya caldera parecía conectada por gasoducto al contrabando de petróleo en la calle.

Pero afortunadamente integrantes de la Policía Técnica de Investigaciones llevaron a la quiebra este negocio gracias a un operativo sorpresivo realizado en febrero en la fábrica, perteneciente a la Empresa de Productos Lácteos Río Zaza, donde esta fuerza del Ministerio del Interior ocupó 350 litros.

En consecuencia, siete trabajadores fueron separados definitivamente de la UEB y ahora aguardan en prisión provisional por los resultados de la radicación de una causa penal por los supuestos delitos de apropiación indebida y receptación. Al propio tiempo, el director de la UEB recibió la sanción de traslado a una plaza dentro de la entidad y al funcionario encargado de las acciones de mantenimiento se le aplicó la del descuento salarial.

Un informe de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía (Onure) en Sancti Spíritus, al cual tuvo acceso Escambray, revela el desparpajo administrativo que había echado raíces en el área de la caldera y más allá.      

Entre otras anomalías, los especialistas detectaron la falta del libro de incidencias de este equipo el año anterior, la no correspondencia entre las entradas de combustible del tanque de la caldera y las salidas del almacén y además de ello, los índices de consumo establecidos para esta no eran objetivos y se apartaban de la realidad, deficiencias confirmadas por Eduardo Pentón Valdés, director de la UEB desde marzo último.                                                                                                                      

—Al parecer allí robaban a diestra y siniestra, intento avivar el diálogo.

—(SILENCIO POR UNOS SEGUNDOS) Con anterioridad no alcanzaba la asignación de combustible para la caldera. A raíz del operativo, pusimos otros operadores y comenzamos un sistema de entrega y recepción, lo que trajo consigo un ahorro de más de 30 000 litros por mes.

—¿Ya cerraron aquí todas las llaves del robo?

—Las medidas están tomadas. No le puedo decir que hemos cerrado todas las llaves, porque mientras usted trabaja con el factor hombre no puede asegurar eso.

ESCRUTINIO DE LA ONURE

Los inspectores de la Onure en la provincia disponen de escaso tiempo para permanecer detrás de un buró. No les queda otra elección. El excesivo descontrol de los portadores energéticos, que ha engordado su “desvío” (¡vaya ironía del término!) en organismos y entidades estatales, los mantiene en ascuas en un país que gasta anualmente más de 3 000 millones de dólares en la compra de combustible, como señaló Díaz-Canel en su visita gubernamental a Sancti Spíritus en enero, acompañado del Consejo de Ministros.

Sabedor a pie juntillas de cuánto le va a Cuba en esta problemática, el colectivo espirituano de la referida oficina inspeccionó 48 entidades de modo programado en el 2018, ocho de las cuales obtuvieron la calificación de Deficiente.

Hasta mayo, de las 66 controladas este año, 13 cargan con el sambenito de esa evaluación; díganse, ante todo, la Base de Ómnibus de Sancti Spíritus, de la UEB de Transporte; Tranzmec, de la empresa nacional de igual nombre; así como las UEB Productos Lácteos y de Ferrocarriles, consideradas los casos más críticos por Abel Matos Trimiño, director de Fiscalización de la Onure en el territorio.

En particular, por un rumbo borrascoso ha transitado la Brigada de Caminos, de Tranzmec, donde los verificadores encontraron un grupo de chips falsificados. “Se cargaron a determinados equipos que nunca lo hicieron ni fueron al servicentro”, abunda Matos Trimiño.

Con caligrafía clara, los inspectores anotaron otra insuficiencia en esa entidad con una afectación económica calculada en 3 678 litros: el combustible físico aprobado para los equipos tecnológicos de la brigada se utiliza para serviciar camiones basificados que lo reciben de la llamada “novia” y de tarjetas prepagadas.

El incorrecto empleo de dichas tarjetas pende como espada sobre la UEB Ferrocarriles Sancti Spíritus, donde existe “mucho descontrol”, en palabras de Abel Matos, en cuanto al uso y chequeo del combustible.

Para directivos de la UEB, la decisión del Consejo de Ministros en septiembre del 2018 de personalizar todas las tarjetas magnéticas —por vehículo y responsable— ha sido mero acuerdo del máximo órgano ejecutivo y administrativo de Gobierno, si nos ceñimos a la evidencia: en diciembre de ese año y en enero del presente, con la 0840 habilitaron cinco equipos, igual sucedió con la 0174; pero en el primer mes del corriente.

Otras violaciones, como la presencia de agua en el combustible, contiene el fardo de deficiencias que lleva la entidad a cuestas, no en los últimos meses; sino desde el 2017, cuando también la examinaron.

“Para los Ferrocarriles en el país se montó un procedimiento específico, que lo siguen violando en la UEB de aquí”, asegura algo contrariado Matos Trimiño, quizás por el tiempo que al parecer perdieron en la inspección; sí por lo que significa para la economía cubana.

—¿Qué pasa en tales casos?, inquiero.

—Al personal administrativo de la entidad, como el del resto de las que han obtenido la evaluación de Deficiente, se les descuenta el 50 por ciento de la asignación de combustible durante tres meses; así lo acordó también el Consejo de Ministros, aclara el directivo de la Onure en Sancti Spíritus.

A pecho descubierto le ha entrado ese órgano de Gobierno al robo de este vital recurso, y en esa línea de acción determinó que todas las entidades deben elaborar el plan de enfrentamiento, y extremar el seguimiento y control de las pipas excepcionales, especie de servicentros rodantes, encargadas de acercar el abastecimiento a los equipos tecnológicos (buldóceres, combinadas cañeras…) a pie de surco, de guardarraya y de obra.

Por ello, el Ministerio de Energía y Minas acordó que un representante administrativo acompañara de manera permanente cada pipa (existen 19 en la provincia) en sus recorridos para autentificar sus operaciones. “Por ahí había desvío de combustible”, subraya Abel Matos.

—¿Había, así, en pasado?, pregunto medio asombrado.

—Lo hemos ido acorralando. Por lo menos en los últimos tiempos no hemos detectado; no es que no pueda estar pasando.

De lo que sí está clara la dirección de la Onure aquí es que sus controles en general cifraron en casi 23 700 litros las afectaciones económicas este año, incluido el combustible no justificado por las entidades. Preso de la perplejidad queda uno al saber que el pasado año, 31 de estas, como la Base de Ómnibus del municipio cabecera, y Comunales, de Trinidad y también del territorio capitalino, tampoco probaron en cuál actividad consumieron las asignaciones, lo cual promueve suspicacia.

PARADA EN EL SERVICENTRO

Las tarjetas prepagadas pueden ser un arma de doble filo. Claro, si a alguien le asisten segundas intenciones en su empleo, como le sucedió el 2 de octubre del 2018 a aquel jefe de turno del servicentro Yayabo, de la Sucursal Cimex S.A. Sancti Spíritus. Un trabajador de la Unidad Municipal de Vigilancia y Lucha Antivectorial le puso una en sus manos; no por caridad, sino para compartir las ganancias del desfalco, luego de vender el combustible ilícitamente a porteadores privados a menor precio que en la red estatal.

Nadie sabe cuántas veces ha ocurrido que personal de los servicentros sea pieza clave de una cadena delictiva externa de esta ralea, una de las causas que condujeron a la aplicación, como promedio, de 22 medidas disciplinarias por año en esas unidades comercializadoras desde el 2012 hasta el 2018.

Así lo detalla Miguel Miguel Romero, especialista de Servicentros en la sucursal espirituana, quien coloca sobre la mesa otras indisciplinas como el expendio de combustible no autorizado a vehículos de turismo (en el caso de los carros de gasolina es la Especial B-94), tarjetas en poder de cajeros dependientes y pisteros, incumplimiento de las normas en las recepciones de combustible en las unidades y sustracción de este del interior de los depósitos de almacenamiento, ocurrida en octubre anterior en el servicentro Yaguajay.

Ante ese catálogo de infracciones y urgida de elevar la recaudación en efectivo, la sucursal implementa 14 acciones, que van desde el análisis con los turnos de trabajo sobre las ventas del mes, hasta el aumento de los controles sorpresivos a las unidades.

—Miguel, ¿usted descarta que algún trabajador de los servicentros esté en contubernio hoy con un poseedor de tarjeta?

—El peligro siempre va a estar. El asedio es muy fuerte; una de las formas de vender ilegalmente es a través de alguien nuestro.

Periodista: Ailén Martínez Morgado. (Cámara: Jorge Gualdarrama)

EN EL OJO DE LA FISCALÍA

Acostumbrados a apartar el grano de la paja durante las acciones de control, a los fiscales espirituanos les da mala espina cuando un directivo o funcionario se deshacen en justificaciones o divagaciones ante sus preguntas.

El enfrentamiento al robo de combustible no es asunto nuevo en la agenda de la Fiscalía Provincial, aclara Beatriz Vega Lorenzo, a cargo del Departamento de Verificaciones Fiscales, quien refiere un precedente: el Lineamiento 205 de la Política económica y social del Partido y la Revolución, que establece la necesidad de perfeccionar el trabajo de planificación y control del uso de los portadores energéticos.

En conexión con ese interés, el órgano provincial revisó el tópico durante sus acciones de control del 2018 como cuestión complementaria; aunque sí lo evaluó de modo específico en la Fábrica de Cemento Siguaney, de Taguasco.

En esta industria, los verificadores revelaron 11 violaciones de la legalidad, condicionadas, entre otros factores, por incorrectas decisiones administrativas, no implementación efectiva de las normas y por la ineficiente actividad de supervisión y fiscalización; conforme a ello, solicitaron 13 medidas disciplinarias: siete a cuadros y seis a trabajadores, según el informe final.

Casi sin ponerle el punto y aparte a las verificaciones realizadas a siete UEB pertenecientes a la Empresa Provincial de Transporte (EPT), la Fiscalía Provincial informó que determinó en total 56 hechos violatorios de la legalidad, con tarjeta roja para la unidad empresarial de Trinidad.

Ni capricho de fiscales ni pruebas baladíes: el consumo de 1 963.12 litros de diésel en noviembre pasado no se reportó en esta UEB, lo cual condiciona el descontrol contable de la actividad en la entidad, cuya Base de Ómnibus tuvo una afectación económica de 615.7 litros de diésel en noviembre y 2 671.35 en diciembre, al evidenciarse un sobregiro no justificado por deterioro del índice de consumo en 11 vehículos.

Muestra de que allí el control estaba en fuga es que se descubrieron irregularidades en los chips, tarjetas magnéticas no personalizadas, así como un faltante general de 425 litros de varios tipos de aceites y un sobrante de 269 litros de otros.

—¿La dirección de la empresa que usted encabeza vivía de espaldas a todo ello?

—No vivía de espalda a eso —enfatiza Alberto Martínez García, director general de la EPT—. Hemos realizado un grupo de visitas a los territorios, donde varias de estas cuestiones las señalamos reiteradamente; en determinados momentos se han resuelto algunas. Hemos trabajado con la Canec (Consultoría de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba) en los municipios.

—No obstante, la Fiscalía sostiene que a la dirección de la empresa le faltó supervisión y fiscalización.

Aunque lo hicimos, no era todo lo que teníamos que hacer. En las verificaciones no se detectó ningún presunto hecho delictivo.

—Entonces, ¿no hay robo de combustible en la empresa?

—No se pudo determinar si existe por algún chofer, directivo… Lo que sí se evidenció fue el descontrol, alega por último Alberto.

Porque la responsabilidad —como la culpa— nunca cae al suelo, la Fiscalía Provincial interesó 56 medidas disciplinarias a nivel de empresa, 18 de estas a cuadros, funcionarios y trabajadores de la UEB Transporte Trinidad, donde siete de ellos fueron separados definitivamente de su centro de labor.

No actuar a tiempo derivó en este desenlace administrativo, evitable si cada quien hubiera estado atento a sus funciones, como reflexiona la fiscal Vega Lorenzo.

Apegada a sus cometidos, la Fiscalía no hará trato alguno con el robo de combustible, recalca el fiscal Pedro Espinosa Curbelo, quien refiere la aprobación en el 2017 por ese órgano en Cuba de la Resolución No. 61, actualizada con la No. 15 en el 2019, reguladora del actuar en la tramitación de los procesos penales asociados a dicho fenómeno. “El combate tiene que ser eficaz y eficiente”, resume.

“Se busca determinar de dónde salió el combustible, quién lo tuvo en sus manos, cómo lo logró obtener; todo en función de esclarecer la cadena delictiva completa, atendiendo a la repercusión económica, política y social de estas conductas”, agrega Curbelo.

Independientemente de las decisiones adoptadas a su interior, el ministerio público no desdeña las indicaciones de Díaz-Canel en esta cruzada y las recomendaciones de la Asamblea Nacional del Poder Popular relacionadas con los procesos penales, dirigidas a lograr su calidad y celeridad, sin violar los términos.

AL BANQUILLO

Entre cielo y tierra casi todo se sabe. Pregúntenselo a aquel ciudadano cabaiguanense, a quien agentes de la PNR le ocuparon 360 litros de diésel en un registro domiciliario en febrero. Pregúntenselo, también, al director de la UEB de la Empresa Nacional de Servicios Aéreos, quien ese propio mes sorprendió in fraganti al salir del aeropuerto al chofer del carro destinado al transporte obrero con 220 litros de gasolina, entregados a este por el entonces jefe de línea de vuelo.

Estos hechos se inscriben entre las 17 causas radicadas hasta junio en el 2019 por el sistema de Tribunales en la provincia vinculadas al combustible, específicamente en Jatibonico, Cabaiguán, Trinidad y en el municipio cabecera, en lo fundamental por los delitos de receptación, apropiación indebida, actividad económica ilícita, hurto y acaparamiento, a tenor de la presidenta de la Sala Penal Primera del Tribunal Provincial Popular, Yaneiky Cortijo Caballero.

De los procesos a resolver, se han celebrado 16 juicios, que suman 23 juzgados: 13 recibieron penas de encierro (4 privativas de libertad puras y 9 de trabajo correccional con internamiento), 9 la de trabajo correccional sin internamiento y 1 la de limitación de libertad.

Además de las sanciones principales, a la mayoría de los encartados se les decomisaron los bienes ocupados. A propósito, entre las medidas del Consejo de Ministros se encuentra el decomiso, mediante procedimientos administrativos, de los medios empleados en las infracciones, incluidos los automotores.

Periodista: Ailén Martínez Morgado. (Cámara: Jorge Gualdarrama)

Ninguno de los seis recursos de apelación valorados por el TPP prosperó, según Yaneiky Cortijo, quien reconoció el actuar de los jueces, partiendo siempre de la necesaria individualización y proporcionalidad que deben caracterizar cada pena impuesta y del respeto a las garantías de los acusados a tono con el debido proceso, consignado por la nueva Constitución. “En modo alguno podemos ser arbitrarios”, agregó.

A partir de lo pernicioso del robo de combustible, la presidencia del Tribunal Supremo Popular aprobó la circular No. 291/2019, especie de mapa para regir la actividad jurisdiccional en su enfrentamiento, sin olvidar la peculiaridad de cada proceso penal.

Hay quienes, sin dar la batalla, levantan bandera blanca ante este fenómeno y no le ven solución por lo generalizado que está. Que haya tomado demasiado vuelo no es argumento para tolerarlo; debido a esa permisividad, Cuba ha perdido millones de dólares a lo largo de los años.

Para decretarle el fin al desvío, los cuadros y funcionarios son esenciales, ejemplificado en aquellos centros donde gobierna el orden. ¿Quiénes controlan las tarjetas prepagadas? ¿Por qué la superficialidad campea por su respeto en los análisis del tema en no pocos consejos de dirección? ¿Piden cuenta los colectivos obreros a sus administraciones del destino de los portadores energéticos?

Mientras mande el descontrol en no pocas entidades y se obvie la decisión del Consejo de Ministros de personalizar las susodichas tarjetas, las compuertas de la sustracción permanecerán alzadas.

Escudados en que el Estado comercializa el litro de petróleo a 1.00 CUC en los servicentros —precio alto, según porteadores privados—, hay quienes alimentan sus bolsillos sin pensar en la certeza: el combustible ilícito es una bomba de tiempo en sus manos. “Los choferes particulares no tienen culpa del robo; ellos resuelven su problema. El Estado es el que tiene el combustible”, asegura en tercera persona un conductor espirituano para eximirse de responsabilidad.

Periodista: Ailén Martínez Morgado. (Cámara: Jorge Gualdarrama)

Poner en cintura el robo, en cuyo enfrentamiento se constatan ciertos avances, no es solo cuestión de la PNR, de la Onure, la Fiscalía, los Tribunales y de la Contraloría. El muro de contención debe erigirse, en primer lugar, en las entidades; así no será simple anécdota la sugerencia de aquel trabajador de un servicentro a un cubanoamericano de que serviciase su auto rentado más tarde, con un tipo de gasolina no autorizada y a menor precio, entre gallos y medianoche.