Escambray Periódico de Sancti Spíritus
Parada delante de la tabilla, dudó si comprarse un pan con jamón o decidirse de nuevo por la pizza. Tiempo atrás en esa cafetería había pagado por una pizza de queso 12 pesos y era una pizza solo por el queso, la levadura que poco la hizo crecer y la salsa que se le desbordaba; pero en verdad aquella torta de harina clasificaba entre las que llaman chancleta.
—Una pizza de queso, volvió a pedir ayer en la misma cafetería Madelín Gutiérrez. Y pagó los 10 pesos que cobran por las que dicen que tienen 225 gramos y “uno debe creer que los tiene porque todo el mundo sabe que ahora la pizza de queso la bajaron a 7”, aclara con el calor quemándole también los dedos.
Pero el precio de las pizzas no fue el único que se estiró y se estiró como el queso derretido; lo hizo igual el de las cervezas, las maltas, la carne de cerdo, la malanga…, hasta el aire que se echa en las poncheras. Cuando la báscula pesaba más del lado de los vendedores que de los clientes se intentó poner la masa del equilibrio: en Sancti Spíritus se establecieron tarifas y precios máximos para más de 80 renglones de productos y servicios del sector no estatal.
Que si se les fue la mano con tantos productos; que si ahora sí se está protegiendo al pueblo; que si vender a esos precios no da negocio; que si cuando pase la fiebre todo volverá a ser como antes; que si han desaparecido algunas ofertas; que si ya era hora de poner frenos… A más de dos meses de entrar en vigor la Resolución No. 64 de la presidenta del Consejo de la Administración Provincial (CAP) varios criterios se sazonan delante y detrás del mostrador. Escambray se para frente a tablillas, burós, consumidores y deja abierta la agenda.
PRECIOS TOPADOS, ¿CAMISA DE FUERZA?
Más de una autoridad gubernamental coincide: los precios establecidos desde el pasado 15 de agosto no cayeron aquí en paracaídas ni se impusieron arbitrariamente. Detrás del escritorio en la Dirección Provincial de Finanzas y Precios que dirige así lo sostiene Carlos Gotera González: “Hicimos un monitoreo de cómo estaba el comportamiento de los precios en todos los municipios de la provincia por diferentes tipos de mercado: en el agropecuario, en la gastronomía tradicional no estatal, en los arrendados, en algunos servicios como el de barbería y la recreación infantil… En el monitoreo de los precios evaluamos dos direcciones: la primera, cómo estaban en la provincia; la segunda, cómo estaban en el país”.
El tope de precios —que los economistas han nombrado tarifas y precios máximos— no fue una medida circunstancial: se instauró para respaldar el incremento salarial al sector presupuestado de la isla. Por eso, antes de colocar en la mesa del CAP lo que comenzó siendo propuesta y luego se convirtió en Resolución No. 64, dice Gotera González que se dieron reuniones en todos los municipios con los titulares de las distintas actividades de gestión no estatal involucrados, se hicieron programas de televisión y de radio, se estudió todo.
“Le explicamos al sector no estatal que esta medida tenía dos intenciones: proteger los precios a la población —es decir, llegar a una estabilidad de precios que fueran los mismos que se venían aplicando hasta la fecha y que no tuvieran incremento injustificado— y proteger la oferta. Porque no se hace nada con proteger un precio y que se pierda el producto del mercado”, asegura Gotera González.
En la lista de precios se incluyeron desde los panes con jamón y las croquetas hasta la libra de bisté, el pelado de niño o los tomates. Un cinturón al que deben ajustarse desde agosto pasado los trabajadores por cuenta propia, las cooperativas no agropecuarias, las cooperativas agropecuarias de crédito y servicios, las unidades básicas de producción cooperativa y otras formas de gestión no estatal.
“En el caso del trabajo por cuenta propia —añade Gotera González—se intencionó la propuesta al CAP con dos elementos: primero, regular el precio y, segundo, el peso porque si regula precio y no peso corre el riesgo de que se te vaya el precio en el peso. Más del 97 por ciento de los precios y tarifas de los productos que se aprobaron eran los que estaban. No hicimos nada que no se estuviera aplicando; cogimos el precio que se estaba aplicando y dijimos: este es el precio tope”.
Del otro lado del mostrador, en una de las cafeterías que se hallan en las cercanías del Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos, Yadier Cuervo Rodríguez despacha otros argumentos: “Toparon muchos productos y no se tuvieron en cuenta los criterios de los cuentapropistas. Los precios no concuerdan con el precio al que se adquiere la mercancía y el precio de costo al precio de venta no te da. Hay que vivir con la calculadora en la mano”.
No es una opinión singular. Cuando Escambray entró a cafeterías, paladares, puntos de venta… algunos esgrimieron similares criterios. Evidentemente la Resolución No. 64 no es una Sagrada Escritura como muchos creen.
Para velar por que se cumpla línea por línea lo que establece dicha norma se crearon dos grupos multifactoriales de trabajo: uno encargado de monitorear y evaluar los precios y otro dedicado al enfrentamiento —entiéndase supervisiones, multas, controles…—. Y se les ha dado voz a los ciudadanos también con la habilitación de correos electrónicos, teléfonos y hasta un espacio en el sitio gubernamental Portal del ciudadano Espirituano.
No se ha desoído a nadie, aseguran las autoridades. En los 19 puestos de dirección existentes en la provincia para dar curso y respuesta a las quejas y en los nueve correos institucionales se ha prestado igual atención a las demandas de los trabajadores del sector no estatal que a las de la población.
De acuerdo con Yudiana Afonso Alvares, vicepresidenta del CAP, “existe una docena de grupos de trabajo que controlan y monitorean diariamente el comportamiento de los precios en las actividades de mayor impacto a la población. A través de los puestos de dirección creados para la atención a los precios se han recibido 73 quejas y se les ha dado respuesta a más del 90 por ciento. Lo que más entorpece es que a veces las personas hacen la denuncia y no se identifican”.
Desde que se hizo pública la Resolución se han ido cociendo no pocos criterios: que si es demasiado detallista, que si hace falta readecuar precios y gramajes, que si protege a todos, que si parece sacada de manual, que si está hecha a la medida de la gente. Solo en Escambray se reflejaban alrededor de 70 opiniones de las tantas que hoy van reescribiendo esta norma en las calles.
EN EL MOSTRADOR
A punta de lápiz Carlos Alberto Salabarría lleva su negocio. Sobre todo ahora cuando los nuevos precios fijados por el Gobierno, según dice, han obligado a sacar cuentas y más cuentas, a suprimir ofertas de la tablilla, a socavar la calidad.
“No da negocio. Un solo ejemplo: con respecto al gramaje, el pan con jamón a 50 gramos no se puede vender. Antes yo compraba en la shopping el pepinillo, el kétchup, la mostaza y le echaba 4 lascas de jamón y una de queso y se vendía a 10 pesos. Ahora tienes que vender 50 gramos a 7 pesos y verdaderamente qué se hace: se pone una lasca y media de jamón que son 20 gramos y 3 de queso que hacen 30 gramos. Porque el jamón lo tienes que comprar a 33 pesos la libra y la de queso todavía se consigue a 18. ¿Al final qué está comiendo la gente? Pan con queso”.
Y añade otros condimentos: que no hallas una lata de refresco a 10 pesos para luego venderla a 15, que no tienes prioridad como cuenta propia ni para comprar pan, que solo te venden dos cartones de huevos al mes y así no se puede vender pan con tortilla, que en el mercado habilitado para ellos casi nunca hay de nada.
Unos portales más allá, debajo del toldo que sirve de resguardo a otro punto donde se expenden alimentos ligeros, Yoandry Alba comparte sus estadísticas: “Siempre da dinero. Es un poco más apretado, pero el que se beneficia es el pueblo. Según el gramaje puedes mover el precio; por ejemplo, una pizza de 225 gramos la puedes vender a 10 pesos. El producto estrella mío es la pizza; cuando muevo ese puedo mover lo otro. Esto da para el diario”.
De acuerdo con Gotera González, una de las “ganancias” de la nueva normativa es precisamente la flexibilidad. “No es una norma rígida. Se hicieron aperturas en cuanto a la época del año, los tamaños; por ejemplo, el aguacate ya estaba a 15 pesos o 20 pesos y hoy la realidad es que se está vendiendo a 5 pesos. Todos los productos tienen una posibilidad de hacer una correlación de sus precios; es decir, un vaso de refresco de 230 mililitros se oferta a 3 pesos, pero si le incorpora un vaso de más capacidad —270 mililitros— puede cobrar 4 pesos y no está violando nada.
“Se han acercado varias personas del sector no estatal —fundamentalmente de la Gastronomía— para intercambiar sobre que no les da ganancia a partir de que el precio con el peso y los elementos de gasto que conforman ese precio no les da. Es verdad que algunos productos dan un margen comercial pequeño, pero en un establecimiento no se puede ver un solo producto porque el tipo impositivo, según la Ley Tributaria 113, es a partir de la venta de todo”.
Quienes se paran hoy en cualquier punto de venta de alimentos o de viandas o en barberías han sazonado también la agenda de Escambray: “Es una medida muy justa para la gente de a pie”, “La única manera de que no se siguieran enriqueciendo unos pocos”, “Uno tiene que andar con la Resolución abajo del brazo para no dejarse engañar”, “Lo que hace falta es que se cumpla y que no sean precios solo para los inspectores”…
DE LEY
A Daimí Vicente Martínez y Arelys Alonso Calderón —trabajadoras de la Dirección Integral de Supervisión— más de una vez les han echado alguna que otra palabrota o, peor aún, los mismos ciudadanos se les han virado para ponerse del lado de quienes los timan.
Luego del 15 de agosto, a los tantos talonarios, papeles y decretos que llevan a cuestas han añadido la Resolución No. 64, otra arma más, como aseveran, para defender al pueblo.
“Nos hemos encontrado de todo —aduce Alonso Calderón—. Sucede que la gente se parcializa con el que roba. Fuimos a hacer un pesaje un domingo en la Feria y a un señor de 10 pesos le habían robado 4 y de un pernil, 30 pesos y el hombre nos ha dicho: ‘No, yo se lo dejé al dependiente’. Al final se nos vira hasta la población”.
Como esos han recibido muchos pagos. Suele asociarse al inspector con el atravesa’o que solo impone multas, con el tipo para el que se ponen los precios “verdaderos” en las tablillas, con el corrupto…
“Lo más complejo es la Plaza del Mercado, aunque también con el tema de los precios se han dado violaciones en algunas cafeterías y puntos de la Agricultura Urbana —sostiene Vicente Martínez—. Pero afecta que, aunque uno detecte la violación, no se puede poner multa, solo apercibir y esperar a que llegue el grupo multifactorial. Eso va en contra de lo que establece el Artículo 3 del Decreto-Ley No. 357, que dice que se actúa en el momento de la infracción. En oportunidades se enteran de que el grupo va a salir y hay locales cerrados o no tienen las cosas”.
¿Y esa obligatoriedad de multar solo cuando se actúa en grupo no los ata de manos? Cuando Escambray ponía tal interrogante sobre el buró de Víctor Adolis Figueredo Jorge, al frente de la DIS, halló tal respuesta: “Y de pies. En todos los espacios que hemos estado lo hemos planteado. La ley no dice que los inspectores no puedan actuar solos o en parejas; sin embargo, tenemos que acogernos a ello por indicación del equipo de implementación de los lineamientos.
“Pero en realidad, a pesar de que nos organicemos, por la cantidad de supervisores que tenemos, si no nos permiten actuar de forma independiente no vamos a poder cumplir con la expectativa que tiene nuestro Presidente. Explico claro: tenemos 184 inspectores como plantilla —133 cubiertos— y debemos enfrentar a más de 26 000 trabajadores por cuenta propia”.
Aun así han podido acorralar violaciones y han logrado que muchos cumplan lo establecido. “La que más viola es la Agricultura Urbana con los productos del agro. Se han hecho análisis de conjunto con ese organismo y se ha mejorado. Había lugares aquí que eran un matadero del pueblo y nosotros lo intencionamos y se ve que hay un avance”, afirma Figueredo Jorge.
De acuerdo con Afonso Alvares, las acciones de control realizadas a esta medida del tope de los precios también han ido dando dividendos: “Se han aplicado 1 307 multas a trabajadores por cuenta propia, 53 a ilegales y 201 preventivas; además, se han cancelado 56 licencias por espacio de dos años”.
Mas, no puede ser solo un campo de batalla donde solo combata la DIS; deben involucrarse todos, desde los organismos hasta la ciudadanía. De ese modo lo valora la propia vicepresidenta del CAP: “El pueblo tiene que ser otro inspector más, porque la mayoría de las veces la gente no quiere buscarse problemas”.
EN LA PESA
“Si los mantecados los bajaron a peso como toda la vida y las rositas de maíz que ya iban como por 5 pesos ya cuestan 3 y se venden es porque muchos precios los habían subido por que sí”; lo cree Teonila Torres una pensionada cabaiguanense.
Con las únicas lecciones de Matemática que le ha dado la carrera de la vida, tal criterio lo comparte también Aurelio Martínez: “El problema no es solo que se cumpla el precio, si no que haya qué comprar”.
En su cafetería, Noel Valdivia discrepa: “Bajaron los precios y bajó la calidad. Una pizza de 150 gramos es una galleta con queso y el refresco a peso con el azúcar a 8 pesos no da negocio. Quieren que uno gane solo un salario y no te dan nada”.
Sin embargo, en casi tres meses de establecido el tope de precios, según Gotera González, los resultados son halagüeños: “La realidad es que salió la resolución, se regularon los precios y las tarifas, se protegió la población, la oferta y se está cumpliendo la norma”.
Cuando pasen tres meses —es decir, a los seis meses de entrar en vigor— la realidad seguirá añadiendo aderezos porque en tal lapso volverá a ser analizada la resolución por el CAP para revisarse y corregirse si es pertinente. Y la lupa se mantiene también sobre los productos a los cuales no se les topó el precio para evaluar tendencias y coartar espirales.
En todas las tribunas ha sido una exigencia del Presidente de la República Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien en septiembre pasado recalcaba aquí la necesidad de proteger a la población, equivalente a no permitir subidas de precios ni acaparamiento ni especulación.
Que la cuña de chocolate no se vaya en una mordida porque la bajaron a 2 pesos, que los pepinos no cuesten 2 pesos en la tablilla y solo haya camuflados en los sacos a 6 pesos, que por hacer un bistec en el pelo cobren 15 pesos, que para vender los trabajadores no estatales tampoco tengan que revender los mismos productos industriales o acaparar en las tiendas minoristas, que las ganancias no desfonden bolsillos ajenos… son más de las especias que precisa este ajiaco. El contrapeso solo debería traer utilidades para todos y, a lo sumo, impedir que los precios inclinen la balanza a favor de unos y en contra de otros.
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Escambray / ISSN 9664-1277
Del lado aca del mostrador hay una sociedad que ya no es incapacitada para saber lo que los brazos de las balanzas muestran cuando el ¨pilon¨se corre, pero da la casualidad que cuando se reclama una gran parte del lado aca , en la cola muestran ¨lastima¨por los dependientes y exclaman diciendo……¨dejalo, el pobre se esta defendiendo¨……y no es asi, la defensa es otra cosa, pero es que es dificultoso luchar cuando parte de la poblacion ayuda y apoya el robo, y saben de lo que estoy diciendo, en la dispensada hay un grupo de vasos y todos, el de 232, y el que le sigue, se expenden a cinco pesos y hay del que reclame el peso de vuelto……, asi como todo lo normado y cuando hablo, hablo para el particular y el estatal……QUE ACABALLAN AL CONSUMIDOR DE UNA FORMA O DE OTRA….todos pensamos en ganar y ganar a toda costa y a todo costo, al riesgo incluso de tener graves consecuencias, que despues en muchos casos el sociolismo las resuelve y la sonrisa lo agradece como pago a la sorna y la inmoralidad administrativa, sucede y va a seguir sucediendo porque sencillamente LIBORIO no tiene quien lo controle y fue el primero en poner la indiscilpina del lado alla del mostrador, permitiendo al maltrato crecer desde las intituciones estatales, donde preguntarle a un dependiente algo de lo que vende lo molesta y casi que lo agredes porque el maltrato que el produzca al publico no le implica un menor cobro del dia del pago, cuando por un maltrato se realice una queja y se tomen medidads radicales como la expulsion del trabajador con la tenencia de no poder realizar actividades relacionadas con el publico y rece esto, en los antecedentes penales el cambio va a ser radical, y cuando en un establecimiento estatal o particular sea descubierto un incumplimeinto se cierren las puertas y proceda a retirarse el certificado comercial multando gravemente a su colectivo estoy mas que seguro que el de al lado, va a ser el mejor guardian de la disciplina y el buen servir
Para nadie es un secreto que el incumplimiento de lo que se establece y la dejadez del cuerpo de inspectores de la o de las entidades responsables de realizar el trabajo de control sobre las politicas de precio esta deteriorado para no decir viciado de vagancias y dejadeces de irresponsabilidades y de a veces hasta lucro, pero persiste el deseo dela sociedad en que se ponga una vez mas a prueba la eficiencia de los aparatos de control, no obstante suceden ante nuestras narices que desde los puntos de ventas hasta los carretilleros, incluyendo a los servicios estatales se aplastan los derechos del consumidor, por ejemplo en las candongas no se tienen los precios de lo que se muestra o se expende, hay inevitablemente que preguntar, yde ahi se deriva que ni el peso o la unidad de medida esten impicitas, lo que hoy es a 10 mañana puede estar en 15 los cambios siempre son al alza.
De mas ha sido el trabajo periodistico e incansables las quejas de la poblcion menos agraciada por los beneficios economicos o ayudas finacieras, lo real y maravilloso es que pululan las indisciplinas ante un cuerpo de inspectores que pueden pasar por los puntos de ventas ver lo que sucede y no hacen uso de la autoridad que representan para realizar la bienvenida guerra ante los incumplimientos de las directivas en tema precios, y no sucede nada al respecto, porque son aun venebolentes las multas ante tales infracciones, que contituyen una forma mas de robo y maltrato a quienes hacen que la economia se mueva.
Si existen las politicas hagamosla cumplir, pero es que hasta los pomos de colonia Bonabel se venden en el Bulevard a precio duplicado y por esta arteria transitan los inspectores que radican en el Gobierno Municipal, sera ceguera u otra cosa?
Hoy ya no se controla tanto las ventas contra el numero de la produccion, teniendo en cuenta las declaraciones a la ONAT, o sea se pueden deducir desvios de materias primas que a la larga afectan las producciones de bienes que por cuota son asignados como el pan cada vez mas pequeó sin sal y sin levadura, sin aceite y sin azucar, y su carta tecnica la formulaciondice que lleva todos los compnentes que menciono, y en el mercado negro se encuentran la harina de pan a precios altos, las sal a 10 pesos la latica de leche condensada, el azucar tambien asi como el aceite a 20 pesos…… pero es que no se sabe o lo que se sabe no se pregunta???? de donde salen? DEL DESCONTROL……..y asi sucedera por los años de los años quitan a uno viene otro y se siguen cosinando ideas para incumplir lo legislado y darle vida y engorde al delito y la corrupcion, y todo esto ante los los ojos del pueblo que quiere y necesita del cambio final
Control y advertencias de consecuencias a los privados con respecto a los precios topados, pero ni una sola letra de topar o bajar los altisimos precios en las TRD. De eso nadie habla y la prensa mucho menos. Como si los unicos precios altos fueran los particulares.
Hace falta mas rigor en este tema por parte de la prensa
De acuerdo con Maria J. Quien le pone el cascabel a ese gato??? Creo que ese felino no se «.toca»
Zaceño y dónde venden cascabeles? los gatos son los que se sobran.
Hace falta más control sobre todos los precios tomados ya que hay mucha violación tanto en los precios que tienen en la tablilla es uno y cuando le preguntas al dependiente es otro, también en las pesas hay un matadero de robo a la población escudados en que muchos no saben cuántos gramos son 1 libra y en las malas condiciones de las pesas al no tener bien visible en el brazo los números al igual que las masas que se le ponen no tienen puesto de cuánto son,creo que para que el pueblo tenga una mejor defensa frente a los ladrones se debe regular y exigir un correcto funcionamiento de todas las pesas en su conjunto ,es decir que tengan bien legibles los números del brazo al igual que las masas tengan su respectiva numeración bien legibles de cuánto pesan y sobre todo que estén en buenas condiciones y evaluadas con un certificado visible correspondiente,también que tengan una tabla de conversión de libras a gramos bien legible para todos si se tiene en cuenta que los mallores robos Se le efectúan a las personas mayores por ser estos los más vulnerables y para terminar un mayor control de Los encargados de velar por qué no se violen tanto los precios como los pesos en las pesas.