La recién concluida visita a Venezuela de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, aconteció en medio de un clima nada favorable para la oposición política del país.
Tensiones acumuladas días atrás por la develación de una trama de corrupción sobre fondos destinados para supuestos fines humanitarios, resultó antesala a la llegada de la expresidenta chilena, quien como parte de su agenda sostuvo reuniones con representantes del Gobierno y los sectores adversos al poder.
Jornadas antes, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, presentó pruebas que vinculan al dirigente opositor Juan Guaidó con una compleja red delictiva para la apropiación ilícita de fondos, sacada a la luz con datos proporcionados por la inteligencia colombiana al medio PanAm Post.
La investigación, publicada el 14 de junio, aportó evidencias de malversación de capitales destinados a la ayuda humanitaria y el fraude perpetrado por los representantes en Colombia designados por el autoproclamado presidente interino y titular de la Asamblea Nacional -parlamento en desacato-.
Rossana Barrera y Kevin Rojas, albaceas de los recursos para la atención a desertores venezolanos que ingresaron a territorio colombiano, fueron señalados por desviar fondos bajo su custodia e inflar cifras de los militares traidores para despilfarrarlo en lujos personales.
Las razones por las que no había dinero disponible para el alojamiento de desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en Cúcuta, respondió a la corrupción de los fondos destinados para esos fines, reveló PanAm Post, cuya política editorial dista de simpatizar con el Gobierno bolivariano.
El titular de Comunicación enfatizó en que la publicación de estas pruebas por un medio de derecha confirma el fracaso de la oposición venezolana en su plan por tomar el poder.
Rodríguez mostró además capturas de pantalla de las conversaciones entre Roberto Marrero -mano derecha de Guaidó, detenido por sus vínculos con una célula terrorista- y una persona conocida como Rossana de Cúcuta para destinar los fondos recibidos a la contratación de sicarios.
El dinero sería utilizado para contratar a grupos armados provenientes de otros países de América Latina para promover la desestabilización en Venezuela, ante lo cual Marrero se comprometió a pagar entre 500 mil y 700 mil dólares diarios, según los diálogos divulgados.
Como respuesta, el propio Guaidó prometió investigar a fondo la denuncia y afirmó que se trataban de fondos privados, y no públicos, sin embargo, la Fiscalía venezolana confirmó el inicio de una investigación para esclarecer los hechos.
La campaña golpista, comandada desde el 23 de enero por el autoproclamado presidente con apoyo de Estados Unidos enfrenta de este modo una de las más claras evidencia de sus verdaderas intenciones de poder luego de sus fallidos llamados a la deserción masiva de militares y la baja popularidad de sus líderes.
El escándalo de corrupción no sorprendió al Gobierno y demostró que la famosa ayuda humanitaria fue saqueada por la oposición, señaló al respecto el presidente venezolano, Nicolás Maduro, quien calificó la red de corrupción como una burla a Washington.
La derecha venezolana se burló de Estados Unidos al apropiarse de esos recursos para financiar sus operaciones en la frontera con Colombia y, de paso, se robó a sí misma, añadió.
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