El estado de excepción nacional decretado por el presidente de la República, Lenín Moreno, tras la jornada de paro y protestas, realizada en numerosas ciudades de esta nación andina, genera críticas en Ecuador.
‘El estado
de excepción justifica la represión al pueblo. Pueblo que está en las calles
por las medidas injustas de @Lenin’, afirmó en su cuenta en Twitter la prefecta
de Pichincha Paola Pabón.
Al respecto, añadió que la medida demuestra desesperación y temor a la gente.
‘La democracia dura lo que dura la obediencia’, concluyó.
Por su parte el asambleísta Carlos Viteri, consideró el decreto como una medida
antidemocrática, mientras para el también legislador Bairon Valle, la decisión
pretende silenciar las voces de protesta popular que se levantan por todo el
país.
En un Comunicado, el Movimiento Compromiso Social por la revolución Ciudadana
también expresó condena a la declaratoria, porque ‘restringe derechos y abre la
puerta a la represión contra la población que se manifiesta contra el
PAQUETAZO’. En las redes sociales, numerosos son los mensajes de rechazo al
decreto, que derivó en la cancelación de eventos culturales previstos el fin de
semana.
La medida, que entró en vigor la víspera y se mantendrá por 60 días, dispone la
movilización de todas las entidades de la administración pública central e
institucional, las Fuerzas Armadas y la policía nacional.
De acuerdo con el decreto, todas esas instancias coordinarán esfuerzos, en el
marco de sus competencias, con la finalidad de ejecutar acciones para mantener
el orden y prevenir violencia.
El estado de excepción comprende además suspender el ejercicio de derecho a la
libertad de asociación y reunión, lo cual limita las aglomeraciones en espacios
públicos durante las 24 horas del día.
Asimismo, limita la libertad de tránsito en todo el territorio nacional, en
casos que atente contra los derechos y garantías del resto de los ciudadanos
con el objeto de impedir actos contrarios al derecho de terceros o generar
actos vandálicos atentatorios contra la vida o propiedad de las personas.
Igualmente establece todo el territorio nacional como zona de seguridad.
El decreto fue oficializado tras una jornada de paro transportista y de
protestas populares contra reformas tributarias y laborales presentado por el
gobierno, que desataron represión policial, actos vandálicos, decenas de
detenciones y enfrentamientos en los que resultaron heridos manifestantes, un
policía y periodistas, quienes cubrían las marchas.
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