Escambray Periódico de Sancti Spíritus
El hombre mordió el tabaco a medio fumar y lanzó un escupitajo maloliente sobre la hierba. De pie, frente a todos en el escampado, el miliciano Roberto Gutiérrez Rodríguez con la soga al cuello, sostenida en cada extremo por un bandido.
—¡Jalen, coj…!
A esa hora del 7 de septiembre de 1963, las auras ya merodeaban este pedazo de Rolletico, en Jatibonico. En la noche del día 5, Roberto había ido a visitar a la novia en la finca La Salida, Taguasco, donde también vivían el joven maestro y su numerosa familia, y de regreso a casa, le cortó el paso la banda terrorista de Juan Alberto Martínez Andrade, a la cual confundió con milicianos, al punto de enseñarles el documento que lo acreditaba como militante de la Unión de Jóvenes Comunistas.
—Estás equivocado. Estás tratando con el Ejército de Liberación Nacional, le advirtió Martínez Andrade.
La aclaración marcaría la sentencia de muerte para Gutiérrez Rodríguez, cuyos restos fueron encontrados debajo de un plantón de caña 12 meses después, y a ello contribuyó uno de los miembros del grupo contrarrevolucionario participante en el crimen, como recuerda Nelson Barrios Castillo, de la directiva de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana en el municipio de Taguasco.
Este suceso no aconteció de modo aislado en Sancti Spíritus ni en Cuba, en sentido general, como resultado de la actuación de las bandas, aprobadas y financiadas por el gobierno de Estados Unidos y, en particular, por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) casi desde el mismo triunfo de la Revolución el primero de enero de 1959.
Expertos del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado sostienen que 196 personas fueron asesinadas por esas agrupaciones y más de 70 resultaron heridas en actos terroristas, sin incluir a los combatientes y milicianos que murieron en los enfrentamientos contra estas.
CONTRAPUNTEO LEGAL
Desde que la administración de Donald Trump activó el Título III de la Ley Helms-Burton el 2 de mayo pasado, la pregunta volvió sobre el tapete: por fin, ¿quién le debe a quién? Alharaca mediática de por medio, las autoridades norteamericanas justifican la aplicación total de este apartado debido a la no indemnización por el gobierno cubano a las entidades y a los ciudadanos estadounidenses cuyas propiedades resultaron nacionalizadas en un acto de soberanía.
Cuba no irrespetó el Derecho Internacional, como sí lo hace ahora la Casa Blanca, que en los años 60 no aceptó la propuesta de compensación de la isla, quizás por la esperanza de Washington de colonizar otra vez el país caribeño.
En virtud de la Ley de Reafirmación de la Dignidad y Soberanía Cubanas, suscrita por la Asamblea Nacional del Poder Popular en 1996, Cuba ha estado dispuesta a entrar en un proceso de negociación con el gobierno norteño en la búsqueda de un acuerdo en la suma total para indemnizar a los antiguos demandantes, reconocidos por la Comisión de Ajuste de Reclamaciones Extranjeras de los Estados Unidos a inicios de los años 70 del siglo anterior.
Sin embargo, esta legislación cubana, que declaró ilícita, inaplicable y sin valor ni efecto jurídico alguno la Helms-Burton, a seguidas deja por sentado lo obvio: las reclamaciones “deberán ser examinadas conjuntamente con las indemnizaciones a que el Estado y el pueblo cubanos tienen derecho, con motivo de los daños y perjuicios causados por el bloqueo y las agresiones de todo tipo, cuya responsabilidad corresponde al gobierno de los Estados Unidos de América”.
Si bien la vida es invaluable, en 1999 la Sala Segunda de lo Civil y lo Administrativo, del Tribunal Provincial Popular (TPP) de Ciudad de La Habana, dio curso a un proceso judicial sin antecedentes en el mundo y falló “Con lugar” la demanda interpuesta contra el gobierno de EE.UU., condenado a una reparación económica a Cuba por daños humanos ascendente a 181 100 millones de dólares, debido a lamuerte de 3 478 personas, a la discapacidad física ilícitamente quebrantada de otras 2 099 y a la indemnización de perjuicios, como retribución de las prestaciones que ha tenido que asumir la sociedad cubana y demás ingresos dejados de percibir por víctimas y familiares.
TRASFONDO HUMANO
Julio de 1999. Sala del Pleno del antiguo Tribunal Supremo de Justicia, hoy Palacio de la Revolución, en La Habana. Frente a Bartolo Romero Rojas, los jueces vestidos de impecable toga negra. Viene a atestiguar sobre un crimen que lleva atragantado entre pecho y espalda, cometido contra su familia el 2 de julio de 1962 por la banda de Julio Emilio Carretero en San José de Altamira, Escambray adentro.
—¿Dónde está el Peliblanco?, vociferó uno de los bandidos al irrumpir en la vivienda aquella noche.
Ya fuera de la casa, entre patadas y culatazos…
—Sí, chico, yo soy Eustaquio Polo Romero y que viva Fidel Castro.
Ráfagas de disparos. Para rematar a Eustaquio, apodado el Peliblanco, le clavaron una bayoneta en el cuello. Cerca, acribillaron a quemarropa a José Pío Romero Rojas y a Ana, hermana de este.
A Pastora, la esposa de Pío, y a sus hijas Teodora y Paula, también las golpearon salvajemente.“(…) a mi papá se le vio salir la candela por la espalda”, testimoniaría esta última años después. Bartolo escapó por una ventana en busca de ayuda. De retorno a casa la mañana siguiente —según declaró a Escambray años atrás—, un vecino lo alertó: “Óyeme, tienes que ser fuerte”.
El catálogo sangriento de las bandas terroristas en Sancti Spíritus no solo incluyó el crimen de la familia Romero y el de Roberto Gutiérrez. El 5 de enero de 1961 fueron asesinados en Las Tinajitas, San Ambrosio, Trinidad, el maestro Conrado Benítez y el campesino Heliodoro Rodríguez (Erineo), y el 26 de noviembre de ese propio año el alfabetizador Manuel Ascunce y Pedro Lantigua en Limones Cantero, en el municipio trinitario.
Un día antes a este último hecho, ultimaron al campesino Ricardo Díaz Rodríguez en presencia de su esposa y sus tres pequeños hijos, en Trinidad. El 21 de julio, también de 1961, la banda de Carretero atacó la cooperativa Patricio Lumumba, en Magua, en el Escambray, y provocó la muerte de Fidel Claro Álvarez y su esposa María Caridad Luis Perera e hirió a dos niños.
El 8 de enero de 1963, otro grupo terroristas mató a dos personas y le causó heridas al niño Teodoro Ramos en la finca El Corojal, en Manaca Iznaga; en tanto, el 21 de julio del propio año una banda asesinó a Fidel Navarro Mora y a su hijo Rubén Navarro Jaime en la finca El Güije, Río Ay, en Trinidad.
Entre 1959 y 1965 operaron en Cuba 299 bandas contrarrevolucionarias (totalizaron más de 4 300 alzados), respaldadas desde los campamentos de la CIA en la Florida y la Base Naval de Guantánamo. La Revolución, bajo el liderazgo del Comandante en Jefe Fidel Castro,aniquiló dichas agrupaciones aun alto costo en vidas: 618 combatientes y milicianos murieron en los enfrentamientos, han suscrito fuentes del Centro de Investigaciones Históricas de la Seguridad del Estado.
DAÑOS ECONÓMICOS: LA MISMA HISTORIA
El 5 de mayo de 2000, el Tribunal Provincial Popular de Ciudad de La Habana declaró culpable al gobierno de EE.UU. por los perjuicios económicos ocasionados a Cuba y lo condenó a reparar e indemnizar al pueblo la suma de 121 000 millones de dólares.
Durante las prácticas de pruebas fijadas desde el 28 de febrero hasta el 10 de marzo, peritos y testigos expusieronalegatos que evidenciaron la culpabilidad de las administraciones norteamericanascon sus sistemáticas agresiones contra la isla, entre estas el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto hace casi 60 años, cuyas afectaciones ascienden a 933 678 000 000 dólares, tomando en cuenta la depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional.
Más de un ejemplo confirma los daños a objetivos económicos espirituanos, palpable en la causa penal radicada por la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado, perteneciente al Tribunal Provincial Popularde Villa Clara, cuyo juicio oral aconteció en marzo de 1985, donde comparecieron como acusados, entre otros, cuatro agentes al servicio de la CIA, sobre quienes recayeron los cargos de espionaje, sabotaje técnico a obras hidráulicas de la nacióny subversión económica; trama revelada por Escambrayen el 2006 con el reportaje “Las máscaras caen”.
Al menos en Sancti Spíritus sabotearon 89 inversiones (presas, micropresas, canales…), construcciones proyectadas, dirigidas o ejecutadas por el agente principal de la red de la CIA (desempeñó responsabilidades en Recursos Hidráulicos en la antigua provincia de Las Villas), sin desestimar la participación de otros integrantes de esta.
Los modos de obrar de los encartados —incluidos algunos especialistas y funcionarios que trabajaban en entidades de la Agricultura y del Azúcar en la provincia— comprendían violaciones en los proyectos, difíciles de detectar.
Los sabotajes originaron daños cifrados en 20 827 000 pesos por azúcar dejada de fabricar hasta el momento de las investigaciones (1983). En las obras hidráulicas y sistemas de riego para el desarrollo agrícola, las pérdidas sumaron decenas de millones de pesos.
Los ecos de dicha causa judicial, cuyos implicados fundamentales recibieron sanciones de 30 años de privación de libertad, llegaron hasta el Plan Arrocero Sur del Jíbaro, en La Sierpe, con pérdidas superiores a los 6 millones. Por el actuar subversivo de la CIA, la plaga de la sogata, insecto causante del virus de la Raya blanca, se esparció como pólvora y dejó prácticamente en blanco la producción de 1972.
Otro capítulo del inventario macabro de la hostilidadde Estados Unidos lo constituyó el mayor sabotaje técnico registrado en la industria azucarera cubana, organizado por la CIA y ejecutado por enemigos de la Revolución que laboraban en el central Uruguay, de Jatibonico; agresión recogida por Escambray en el reportaje “Manos de la CIA en el Uruguay”, publicado en el 2006.
Esas acciones terroristas, con perjuicios superiores a los 20 millones de pesos, se enfocaron en la adulteración y otros cambios en los proyectos concebidos para las inversiones en la antesala de la zafra de 1970.
El sabotaje tuvo como suceso más notorio la explosión del tanque de mieles finales No. 1 —contenía unas 5 000 toneladas del producto— el 5 de mayo de 1979, debido a la utilización premeditada de laminados de menor espesor al previsto. Saldo final del incidente: 6 muertos, 13 personas con quemaduras graves y algunos lesionados leves.
Por todo ello, cuando hoy la Ley Helms-Burton intenta sentar a Cuba en el banquillo y poner de moda las reclamaciones por las propiedades estadounidenses nacionalizadas aquí, solo un ciego no vería las evidencias expuestas por la isla, y aun así sabría determinar quién le debe a quién.
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Escambray / ISSN 9664-1277
Creo que este articulo mezcla la política de estado o gobierno con propiedad privada. Los que reclaman indemnización por propiedades confiscadas en Cuba son entes privadas o sea compañias y personas o familias que fueron afectadas por las nacionalizaciones e intervenciones y no tienen nada que los relacione o supedite al gobierno de Estados Unidos.
Esa es la gran pregunta quién le debe a a quién. Algunos ignorantes no conocen bien la historia. Hay que divulgar todo.