El individuo —el sujeto diría un policía de telenovela— retorció la lengua y con tono de despistado me lanzó su carnada al oído: “Mira, brother, acabo de hacerte una transferencia equivocada, te pasé 8 CUC y necesito que me los devuelvas”. Y luego, con una humildad que conmovía, casi me suplicó: “Tírame un cabo, por favor”.
Navegué con suerte por dos razones elementales: la primera, porque había sido testigo hace algunos meses de un intento de estafa muy parecido; la segunda, porque tengo muy claro que la línea telefónica que uso no permite enviar ni recibir transferencias de dinero.
A esas alturas todavía estaba por aterrizar en mi dispositivo la presunta “transferencia”, un timo que llegó justamente a las 11:45 a.m. del pasado martes 2 de julio en forma de aviso tecnológico: “Cubacel. Usted ha recibido 8:00 CUC del número 59075862. Línea activa hasta 2020-4-26, vence 2020-5-20”.
El mensaje en realidad no venía de Cubacel, sino del mismo número del que, un minuto antes, me había llamado el estafador para que yo le devolviera el saldo que en realidad no había llegado ni llegaría nunca a mi móvil.
Esta modalidad de estafa en línea, denunciada por Escambray el pasado año, se ha puesto de moda de un tiempo a esta parte con diferentes maneras de aparición, pero con una singularidad que la convierte en peligrosa: los autores pueden ser sus vecinos más cercanos o estar a cientos de kilómetros de usted.
Consultadas a propósito, fuentes de la Policía Nacional Revolucionaria alertaban entonces que, ante a la aparición de este delito, las mejores vacunas están al alcance de todos: mantener los ojos bien abiertos, conocer los diferentes modos de operar y, por supuesto, si se consuma el acto, proceder con la denuncia correspondiente.
Más de un incauto ha caído en la trampa de devolver un saldo que en realidad no ha recibido; más de un agente de telecomunicaciones ha visto cómo se vacían sus tarjetas en un santiamén; más de una víctima ha recargado a algún “amigo con el carro roto”, que está por llegar y que por llegar sigue hasta los días de hoy.
Poco les importa a los malhechores que la Ley No. 62 Código Penal contemple sanciones contra quienes incurren en el delito de estafa, que van desde tres meses hasta 10 años de privación de libertad y multas de varias cuantías, si a fin de cuentas ellos se sienten muy seguros desde la sombra de su transgresión.
Poco o nada representa para ellos el empeño nacional por sacar adelante la informatización de la sociedad por cauces seguros, ahora reforzada con las nuevas herramientas jurídicas que acaban de entrar en vigor este jueves 4 de julio.
Miladys González Rodríguez, jefa del grupo de Mercadotecnia y Comunicación de la División Territorial de Etecsa en Sancti Spíritus, confirmó que lamentablemente la entidad conoce y ha tramitado estas y otras modalidades de estafa a los usuarios, un mal que también ha aparecido, pero con otros ropajes en las zonas públicas de acceso a Internet, donde algunos desprevenidos han quedado con sus cuentas al desnudo.
Si usted cree que son exageraciones del reportero, averigüe por las historias de los agentes de telecomunicaciones Manuel Rodríguez y Esther Ramírez, en la cabecera provincial espirituana; por el mal rato que pasó la trinitaria Lilian León, cuando un “compañero un poco agripado” le pidió cuatro códigos de tarjetas de recarga; o por las víctimas que han terminado defraudadas en las estaciones de la PNR, acusando a esta plaga de atracadores modernos, que por demás carecen de rostro propio.
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