Defensa pide libertad de Lula sobre la base de decisión del Supremo

La defensa de Luiz Inácio Lula da Silva presentó este ocho de noviembre ante la justicia el pedido de libertad del expresidente brasileño teniendo en cuenta la decisión adoptada la víspera por el Supremo Tribunal Federal (STF).

‘Debido a una condena inapelable y su encarcelamiento no se basa en ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 312 del Código de Procedimiento Penal, es imperativo cumplir inmediatamente con la decisión emitida por la Corte Suprema’, indica un extracto de la solicitud.

Tras visitar al exdirigente obrero en la cárcel, el abogado Cristiano Zanin Martins, parte de la defensa, declaró que ‘está muy sereno, pero la decisión del Supremo, aplicando nuestra Constitución, también dio una luz de esperanza de que pueda haber justicia’.

Lula, preso político desde el 7 de abril de 2018 en la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, podría ser excarcelado después que el Supremo aprobara el derecho a que los presos, con condena en segunda instancia, puedan apelar hasta agotar todos los recursos legales.

El fundador del Partido de los Trabajadores cumple ocho años y 10 meses de pena por supuesta corrupción y lavado de dinero en la operación Lava Jato. Fue condenado en primera instancia por el exjuez y ministro de Justicia, Sérgio Moro, y en segunda por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (una corte de apelación).

Pese a la determinación del STF, la libertad del exsindicalista no es automática y la jueza federal Carolina Lebbos, responsable por la ejecución penal, deberá analizar el pedido de su defensa.

Para Zanin Martins, con la solicitud pretenden que la Corte Suprema juzgue el hábeas corpus que tiene como objetivo declarar la nulidad de todo el proceso, el cual condujo a la detención de Lula debido a la sospecha de parcialidad de Moro y de los fiscales de Lava Jato, entre otras muchas ilegalidades.

Después del fallo del Supremo, el expresidente podría salir de la cárcel y esperar en libertad los resultados de los recursos presentados por su defensa.

Al pronunciarse la máxima corte a favor de las garantías constitucionales, otros cuatro mil 895 presos, con derecho a apelar, pueden ser puestos en libertad.