Denuncian persistente persecución política en Bolivia

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) de Bolivia Susana Rivero aseguró este 3 de diciembre que acudirá a instancias internacionales para denunciar la violencia contra ella y su familia de parte del gobierno golpista.

‘No contentos con odio y violencia que corre por sus venas, agresores continúan sistemáticamente insultando, amenazando, calumniando, manejando fotografías familiares’, dijo en su cuenta en Twitter.

Recalcó que no se detienen y ‘por esa razón acudirá a instancias internacionales de protección de derechos humanos’.

Reveló que ha recibido amenazas de muerte contra su hijo, también han perpetrado destrozos en su pequeña casa en La Paz y la rodea un clima hostil de amedrentamiento a su familia.

Señaló que, luego de la forzada renuncia del presidente Evo Morales, la obligaron a asumir acciones para cuidar su vida y la seguridad de su familia, pero la violencia y acoso persiste.

El gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Añez, desde que usurpó la presidencia de Bolivia, ha llevado a cabo una persecución política a dirigentes y simpatizantes del MAS. Todo ello, como parte del golpe de Estado, con el objetivo marcado de desmembrar a esa fuerza política que encabeza el líder Evo Morales.

Desde su asilo en México, Morales aseguró que ‘la minoría fascista de Bolivia judicializa a nuestros líderes más destacados porque electoralmente saben que están derrotados’.

‘Llegaron al poder por traidores y manipuladores, no son la mayoría. El pueblo les juzgará’, subrayó en su cuenta en Twitter.

En ese contexto, la Fiscalía de facto emitió una orden de aprehensión contra Juan Ramón Quintana, quien fue ministro de la Presidencia de Evo Morales.

Arturo Murrillo, ministro del Gobierno facto, lo acusó públicamente de ‘sedición’, ‘instigación a delinquir’ y ‘financiamiento del terrorismo’ e impulsó una cacería contra Quintana.

Mientras la persecución no se detiene, Añez de forma acelerada desmonta toda la estructura de gobierno en Bolivia, nombra a nuevas autoridades y de paso se apropia de los logros del mandato de Evo.

Tal es el caso de la presentación ayer lunes del primer auto eléctrico Quantum E2 y E3, algo que hace pocas semanas había hecho Evo Morales.

Asimismo, en la bipolaridad del gobierno golpista la autoproclamada presentó a Tuto Quiroga como delegado ante la comunidad internacional, con la misión especial de explicar las violaciones a los derechos humanos sucedidas en este país en días pasados.

En el contexto del golpe de Estado 32 personas murieron y decenas fueron heridas por la represión policial y militar a las manifestaciones contra la ruptura del hilo constitucional.

Varias misiones, entre ellas una de Parlasur y otra de activistas argentinos por los derechos humanos, corroboraron los crímenes contra el pueblo.

En ese ambiente de persecución política, de desmontaje acelerado del aparato estatal y de apropiación de los logros del gobierno de Evo Morales, se dibuja un ambiente para nuevas elecciones, cuyo diseño imponen las autoridades de facto.

En ese sentido, la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia espera recibir hoy a postulantes a vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para los nuevos comicios.

Al cierre de la jornada de ayer sólo dos aspirantes se registraron.

La secretaria técnica de la Comisión, Zorka Zeballos, informó que las inscripciones serán hasta el sábado próximo.

La semana pasada, la Asamblea aprobó por dos tercios, el Reglamento y Convocatoria de Selección y Elección de vocales.

El domingo 22 de noviembre, el gobierno de facto en Bolivia encabezado por la autoproclamada presidenta Jeanine Añez promulgó la Ley Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de Elecciones Generales, la cual desconoce los comicios del pasado 20 de octubre.

Tras su aprobación por la cámara de senadores, Añez firmó la normativa que no permitirá la postulación del líder Evo Morales, ganador con el 47 por ciento de los votos en dichos comicios y derrocado tres semanas después tras la violencia del golpe de Estado.

La ley para la convocatoria a nuevas elecciones reconoce la participación de todas las organizaciones políticas, aunque imposibilita la candidatura de quienes hubieran sido reelectos en dos periodos constitucionales anteriores.

El TSE tiene como plazo máximo 20 días para elegir a nuevos vocales, de cara a fijar para 2020 una fecha para los comicios generales en la nación suramericana.