La jueza Daniella Camacho de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador dictó prisión preventiva en contra del expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glas y tres excolaboradores de su gobierno dentro del caso “Sobornos 2012-2016” por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias.
La jueza vincula, en calidad de autor de los delitos, al exgobernante, principal impulsor de la etapa de cambios sociales que vivió la nación sudamericana entre 2007-2017 y quien sufre una persecución política y judicial sin precedentes.
La audiencia se instaló después que el miércoles, la fiscal general del país, Diana Salazar, solicitara similar medida también para el exvicepresidente Jorge Glas (en cautiverio), y los exsecretarios del Agua Walter Solís y de la Administración Vinicio Alvarado, y para el exasesor ministerial Yamil Massuh.
Medios locales reflejan que la Fiscalía, en este caso, pidió que se oficie a la Interpol (Policía Internacional) para la búsqueda y detención de Correa —con residencia actual en Bélgica— y Alvarado.
La fiscal general acusó al líder de la Revolución Ciudadana de ser autor principal del supuesto esquema de corrupción, aportando como evidencia un depósito de seis mil dólares a su cuenta bancaria.
Esa suma —a tono con la versión del gobierno de Lenín Moreno—, provino de aportes ilegales de contratistas del Estado.
El exestadista desmintió las imputaciones al mostrar y explicar a través de Twitter el origen del dinero.
“Tenía un recurrente sobregiro, y pedí prestado seis mil dólares del fondo solidario que teníamos en la Presidencia (nuestros mismos aportes) y lo pagué hasta el último centavo”, escribió Correa al publicar la foto de constancia de liquidación de la deuda.
Para los otros 17 vinculados, solicitó la prohibición de salida del país y la presentación periódica ante una autoridad competente.
En ese grupo aparecen, entre otros, la asambleísta Viviana Bonilla y el exparlamentario Christian Viteri, reportó el sitio digital Ecuadorinmediato.
No encuentran nada y su desesperación es palpable. Cometen demasiados errores, manosean descaradamente la justicia e incurren en una persecución torpe y apresurada, expresó el excanciller Guillaume Long.
Entretanto, el politólogo Amauri Chamorro ridiculizó la investigación presentada y puso en duda la profesionalidad de la fiscal Salazar.
La persecución política a través de la vía judicial es pan de cada día en Ecuador, advirtió por su parte Virgilio Hernández, secretario Ejecutivo de la Revolución Ciudadana.
El exasambleísta aseguró además que su país transita por un periodo de profunda inestabilidad, falta de norte y desinstitucionalización y responsabilizó al presidente Moreno de abandonar el Plan con el que ganó las elecciones de 2017 y plegarse a los sectores de derecha.
Rafael Correa: “La guerra judicial es la táctica de la derecha para eliminar a los líderes progresistas”
Este viernes en conversación con RT, el expresidente de Ecuador Rafael Correa calificó de “farsa” la orden de prisión preventiva dictada en su contra por la Justicia ecuatoriana.
“La guerra judicial o judicialización de la política es la táctica de la derecha” y constituye el “método” empleado “contra Lula [da Silva] y Cristina [Fernández de Kirchner]” para “tratar de eliminar a los líderes progresistas a los cuales no pueden vencer en las urnas”, argumentó.
“La farsa no es la orden de prisión”, sino “el mismo caso”, manifestó Correa, que recordó que este proceso comenzó asegurando que Odebrecht había financiado su campaña de 2013.
¿Dónde están las pruebas?
“Luego, 15 millones en soborno ¿Dónde están?, continuó ejemplificando las acusaciones infundadas en su contra.
“Por último, sacaron una orden de prisión” esgrimiendo, “entre otras pruebas, que me depositaron 6.000 dólares” en mayo del 2014, asegurando que el dinero provenía de “fondos ilícitos”, recordó el exmandatario.
“Fue un préstamo que hice, porque estaba sobregirado, del fondo que con nuestros propios aportes hacíamos en la Presidencia de la república y fue pagado en 12 cuotas hasta agosto del 2015”, explicó.
“Vamos a apelar”
“Tenemos todas las pruebas, pero no va a pasar nada”, señaló. “Mis abogados van a apelar y verán que rectifican la prisión preventiva”, ya que “todo se trata de una persecución”, vaticinó.
La Justicia ecuatoriana ordenó este jueves prisión preventiva para el expresidente Rafael Correa por su presunta implicación en un caso de sobornos.
La jueza Daniella Camacho decidió acoger la solicitud realizada el miércoles por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, teniendo en cuenta -dijo- que la prisión será “legal, constitucional y convencional” y, por tanto, “no arbitraria”.
“Lo que estamos haciendo es quemar todas las etapas [de apelación] para luego ir a niveles internacionales donde, por el contrario, piden absolutamente todo”, porque “el prestigio del país lo han destrozado” y “la reputación de la Justicia ecuatoriana está por los suelos”.
“Planes de Washington”
La fiscal general Diana Salazar, quien dictó la orden, “es perversa pero incompetente y fue puesta ahí por el Gobierno y por EE.UU.” con el propósito de “cumplir con ese plan regional” de “acabar con los líderes progresistas” al tiempo que “a los corruptos verdaderos pero serviles a Washington” se busca “taparles todo”, opinó Correa.
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