El proyecto de presupuesto para el año 2020 tiene marcado carácter social, al priorizar, con más del 50 por ciento de los recursos, los servicios básicos y la implementación de políticas sociales aprobadas como el incremento salarial y las pensiones, aseguró hoy Meisi Bolaños, ministra de Finanzas y Precios, en el Palacio de Convenciones de esta capital.
El proyecto de Ley del Presupuesto fue aprobado durante la celebración del IV período ordinario de sesiones de la IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), en el que se informó que para el aseguramiento del incremento salarial iniciado en julio de este año, se destinarán ocho mil 600 millones de pesos, y que entre los servicios de educación y salud, se ocupará un 52 por ciento del presupuesto.
En el caso de la educación, significó que recibirá 11 mil millones de pesos, que representa el 24 por ciento de los gastos corrientes de la actividad presupuestada, para garantizar las matrículas en todos los niveles de enseñanza, que en estos momentos es superior al millón 700 mil estudiantes, de acuerdo con estadísticas oficiales.
Mientras, el sector salud dispondrá de 12 mil 740 millones de pesos (28 por ciento del total), para dar respaldo a 201 millones 400 mil consultas médicas y a los servicios en los centros hospitalarios y la atención primaria.
La titular enfatizó en que para respaldar los gastos de la Seguridad Social, se proyectan siete mil 546 millones de pesos, uno de los programas sociales que ratifican el sentido humanista de la Revolución, al retribuir el derecho al descanso y las prestaciones a la maternidad e invalidez para trabajar.
Bolaños refirió que para el financiamiento de las actividades culturales y deportivas, el país colocará dos mil 131 millones de pesos, con los cuales se espera respaldar las ofertas artístico- culturales, las transmisiones radiales y televisivas, el funcionamiento de las instalaciones deportivas, siempre aplicando el principio de racionalidad perso pensando en el disfrute del pueblo.
Precisó que para el año próximo se mantendrá el otorgamiento de subsidios para las acciones constructivas en las viviendas de personas con bajos ingresos, el cual partirá de un monto de mil 120 millones de peso, política que se debe continuar perfeccionado.
Otra prioridad para los 12 meses venideros será el apoyo a la ciencia, la tecnología y la innovación, al garantizar mil 522 millones de pesos (el 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto a precios corrientes) y en el cual participará el sector empresarial en un 50 por ciento, además de contar con las reservas generadas por utilidades dedicadas a la investigación.
El sector de las inversiones, precisó la ministra, contará con cinco mil 687 millones de pesos, y a las materiales que requieren respaldo presupuestario se les asignará el 64 por ciento de estos recursos con destino a programas estratégicos como la construcción de viviendas, obras de infraestructuras que incluyen las fuentes renovables de energía, el sector turístico, así como los sectores de la salud y la educación.
Según Bolaños, dentro del presupuesto se dio importancia a los financiamientos a nivel local para sustentar acciones en la base de los territorios, como los programas integrales de desarrollo desarrollado en las zonas de Moa, Antilla y Mayarí, así como el Plan Turquino.
Precisó que los ingresos planificados por contribución territorial se proyectan en mil 144 millones de pesos, y que el 50 por ciento que se gestiona y aplica para respaldar decisiones de este nivel de gobierno en función del desarrollo sostenible y en lo fundamental para inversiones que potencien las exportaciones, la sustitución efectiva de importaciones, generen empleos, nuevas ofertas a la población y contribuyan a incrementar los ingresos a sus presupuestos.
En el caso de la actividad empresarial, se proyectan gastos por 21 mil millones de pesos, dirigidos a respaldar fundamentalmente la producción de alimentos que sustituyan importaciones y otros bienes y servicios exportables.
Para financiar la mayor parte del Presupuesto se planifica recaudar 66 mil 291 millones de pesos, con un crecimiento del 11.5 por ciento con respecto al estimado del año anterior, y en lo cual incidirá de manera directa el incremento de la circulación mercantil minorista, la disciplina en el pago de impuestos por todos los contribuyentes y la potenciación de las acciones preventivas y de control fiscal.
Dentro del presupuesto anual, la recaudación monetaria desplegada por la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) desarrollará un papel fundamental, al garantizar 74 por ciento de los ingresos, en los cuales habrá un crecimiento del 12 por ciento en los aportes de las formas del sector no estatal.
Al respecto, anunció que para el próximo ejercicio fiscal una de las principales medidas tributarias que se proponen implementar está dirigida a simplificar el proceso de la liquidación y pago anual del Impuesto Sobre los Ingresos Personales a los productores agropecuarios individuales, con el objetivo de continuar estimulando el incremento en la producción de alimentos para la población y como resultado de escuchar los criterios del campesinado.
No obstante los ingresos previstos desde el trabajo por cuenta propia o cooperativo, el sector estatal mantendrá la supremacía, al participar en el 85 por ciento de estas recaudaciones, lo que valida la prevalencia de este tipo de propiedad, afirmó.
Bolaños aseveró que como resultado de los ingresos a recaudar y los gastos totales que se planifican, se obtiene un déficit fiscal de siete mil 95 millones de pesos, que representa el 6,8 por ciento con relación al PIB proyectado a precios corrientes.
El dictamen sobre el proyecto de ley de las comisiones Asuntos Económicos y la de Asuntos Constitucionales y Jurídicos subrayó que lo propuesto por el Ministerio de Finanzas y Precios se corresponde con las exigencias establecidas en la Constitución e introduce cambios que favorecen su perfeccionamiento.
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