El gobierno y el movimiento indígena de Ecuador iniciaron este domingo una mesa de diálogo para revisar el Decreto 883, que eliminó el subsidio a los combustibles y derivó en una protesta nacional en rechazo a la medida.
Las conversaciones, cuya sede no se ha revelado, comenzaron casi tres horas después de lo previsto, por dificultades operativas, según explicaron en un comunicado conjunto la Conferencia Episcopal y el Sistema de las Naciones Unidas, mediadores de la mesa.
A través de una transmisión en directo, por radio, televisión y en Internet, Arnaud Peral, coordinador residente de la ONU en Ecuador, dio por instalada la mesa.
La primera intervención fue la del presidente Lenín Moreno, quien sugirió establecer comisiones para revisar el controvertido tema y proponer mecanismos hacia un acuerdo que lleve a un nuevo decreto.
Moreno explicó que esas propuestas, convertidas en resoluciones, permitirán redireccionar recursos a quienes más lo necesitan.
De su parte, Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), agradeció al país por el compromiso y el acompañamiento al movimiento indígena y a las organizaciones sociales que se unieron en las jornadas de resistencia, así como a Quito, a los voluntarios de salud y a las bases populares, por el respaldo.
El dirigente insistió en el reclamo popular fundamental de derogar el Decreto 883, que ‘ha provocado una convulsión social y una pérdida millonaria para todos los sectores económicos y productivos del país’.
Según explicó, esa medida no genera ningún beneficio social, sino injusticia y no tiene relación con el Plan Toda una Vida, que promueve el desarrollo y bienestar de las personas desde el nacimiento hasta su muerte.
‘Somos millones los que ahora le pedimos que apueste por la paz, por la estabilidad, por la recuperación del país: derogue este decreto 883 y busquemos juntos ese horizonte de prosperidad, equidad, paz social, el buen vivir. Ahora la decisión de recuperar la patria está en sus manos’, enfatizó.
Asimismo, expresó desacuerdo con la iniciativa del mandatario de crear comisiones de análisis y llamó a eliminar la medida, como única posibilidad, además de solicitar la separación del cargo de los ministros de Gobierno, María Paula Romo, y Defensa, Oswaldo Jarrín, a quienes responsabilizan por la reacción violenta de policías y militares.
Las conversaciones comenzaron durante el onceno día de paro nacional, marcado por una fuerte represión policial a los movilizados, que ocasionó ya más de siete muertos, más de mil detenidos y cientos de heridos, en medio del estado de excepción y el toque de queda, decretados por el mandatario.
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